Podem, abierto ahora a matizar aspectos del decreto ley sobre el derecho de tanteo

VALÈNCIA. El decreto de tanteo y retracto de la Conselleria de Vivienda ha generado en las últimas semanas un debate en el seno del Botànic. Su espíritu y voluntad, aumentar el parque público y perseguir la especulación inmobiliaria, no se pone en duda, pero sí su forma de tramitarlo. El departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau sacó el texto como un decreto ley -un formato que la Constitución Española recoge para todas aquellas actuaciones urgentes- que desde el PSPV ven cuestionable. Por ello, han intentado negociar con Vivienda, controlada por Podem, para introducir algunas modificaciones, para lo cual debe tramitarse como proyecto de ley.

Pero desde el partido morado descartan cambiarlo por un proyecto de ley y la Conselleria sigue su hoja de ruta marcada, tal como explicó el propio vicepresidente segundo y conseller de Vivienda a este diario, que pasa por convalidar la norma, sin posibilidad de enmienda, el 15 de julio en Les Corts Valencianes. El decreto ley, que ya ha entrado en vigor, permite a la Administración valenciana intervenir en la venta de edificios entre particulares, así como ceder estos derechos a los ayuntamientos para que vayan ampliando su parque público o, en caso de no contar con ellos, crearlos desde cero. 

A pesar de que los morados se mantienen firmes en no retocar el contenido del decreto ni cambiar el procedimiento, no se muestran tan férreos respecto la posibilidad de introducir matices en su desarrollo, bien sea a través del futuro reglamento, en las instrucciones que trasladen a las direcciones territoriales. Eso sí, en ningún caso serán cambios sustanciales o de calado, sino meras aclaraciones sobre los procesos de compraventa. "Son cuestiones muy concretas que no podemos poner en una ley, porque la ley es el paraguas, y luego las cuestiones técnicas se pueden desarrollar en el reglamento", explican. 

La norma, aprobada por el pleno del Consell el pasado 5 de junio, va más allá de la ley de 2004, que únicamente permitía el tanteo y retracto en la transmisión de viviendas públicas. Amplía los casos y la tipología de inmuebles en los que la Generalitat puede ejercer estos dos derechos de adquisición preferente. Entre las novedades del texto de la Conselleria de Vivienda destaca la potestad que tendrá la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados.

"El decreto sigue su hoja de ruta y no hay ningún cambio previsto. Está muy participado en el que quizás haya habido una falta de conocimiento de detalles de algunos sectores, por lo que estamos teniendo reuniones con notarios y empresarios para explicar que lo que persigue es la especulación y el hecho de que fondos buitre se queden casas a precios de remate", subraya Dalmau. 

Guía de aplicación para resolver dudas

Para clarificar estos aspectos y dilucidar las dudas que puedan surgir, Vivienda prevé también lanzar una guía de aplicación del decreto ley que incluirá supuestos de preguntas y respuestas referidas a las situaciones comunes en las que pueda encontrarse la ciudadanía o los operadores jurídicos. Una especie de documento aclaratorio para disipar cualquier interrogante al respecto del texto.

Además, en las últimas horas se ha estado comentando entre los grupos del Botànic II la posibilidad de añadir, a través del futuro reglamento que desarrollará la norma, algunas aclaraciones para evitar interpretaciones erróneas. Se trataría de concreciones ya que un reglamento en ningún caso puede modificar una norma de rango superior. Además desde Vivienda se muestran tajantes: "No habrá ninguna variación respecto al decreto". Entre los socios del Consell, no obstante, no descartan modificaciones a través de la Ley de Acompañamiento de 2021. 

Asimismo, se estudia la opción de dar instrucciones a las direcciones territoriales ya que en Podem consideran que el sector inmobiliario "ha interpretado que la norma permitirá la intervención de la administración en todas las compraventas, pero la intención no es esa, sino ejercer ese derecho de adquisición preferente en los casos en los que se vean familias afectadas o haya especulación pura y dura". 

La intención de Vivienda, razonan desde este departamento, no es inmiscuirse en cada operación inmobiliaria, sino en grandes operaciones en las que participen fondos de inversión. Pero lo cierto es que el proyecto de decreto no hace ninguna alusión a las características del comprador o vendedor.