Podemos encuentra destino a los supuestos 300 millones de las liquidaciones de las concesiones

VALÈNCIA. El próximo martes es la fecha límite. Será ese momento en el que las negociaciones entre el Consell y Podemos por los presupuestos de la Generalitat para 2018 deberán estar cerradas. Es decir, que las formaciones que integran el Pacte del Botànic tendrán que haber sellado un acuerdo antes de ese día. De lo contrario, y como afirmó este miércoles el síndic de los socialistas en Les Corts, Manolo Mata, las cuentas se prorrogarán. 

Para evitar que se llegue a esta situación y que el Ejecutivo valenciano se escude en la falta de dinero, Podemos ha encontrado la fuente de ingresos que puede hacer que sus demandas se hagan realidad. Los morados quieren que la cifra de los 300 millones que estimó el informe de la Intervención de la Generalitat resultante de las liquidaciones pendientes de las concesiones sanitarias hasta 2015 y que saldrían a favor de la administración valenciana, sean destinadas a sus peticiones. No en vano, la totalidad de sus exigencias para apoyar las cuentas del próximo ejercicio suman justo 300 millones de euros. 

La cifra de las concesiones fue revelada por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en un desayuno de Nueva Economía Fórum. Montón detalló que la Intervención de la Generalitat había dado el visto bueno a las liquidaciones aprobadas para Alzira en 2015 y que enmarcaba los años 2008-2012. Tras 19 años de vigencia del modelo tan solo se habían realizado las liquidaciones de Alzira (2003-2008) y Torrevieja (2006-2012). Nunca se había cerrado ningún ejercicio en Dénia (inaugurado en 2009) o Elx- Crevillent (2010), mientras que Manises (2009) está judicializado. La intención del departamento de Sanidad, señaló Montón, es cerrar las liquidaciones pendientes entre 2017 y 2018.

Con Podemos presionado para intentar arrancar estas medidas al Consell y, a su vez, temerosos por el resultado de su estrategia, la revelación de Montón ha sido providencial para los morados. O, al menos, así se observa después que hayan visto en ese dinero los ingresos para que sus exigencias se incluyan en las cuentas de 2018. Así, Podemos pide que de estos 300 millones se destinen 100 a Vivienda, área en la que los morados han centrado sus demandas, pues concentra un tercio del presupuesto de las peticiones que reclama la formación. 

De estos 300 millones, además, 40 millones de euros piden que vayan a Educación. Con ese dinero, quieren incrementar el número de personal para agilizar los trámites burocráticos y conseguir con ello eliminar los barracones, conseguir la gratuidad de las aulas de 0 a 2 años, y hora y media de las actividades extraescolares. La otra gran inversión que reclama la formación que encabeza Antonio Estañ sería en Sanidad. Piden 80 millones de euros para combatir la pobreza farmacológica, diez veces más que lo destinado el año anterior. El objetivo de ese aumento presupuestario es evitar que cualquier valenciano que cobre menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pague por los medicamentos.

La tasa turística es otra de las peticiones que más distanciamiento crea entre Podemos e, incluso, los mismo socios del Consell. Con Compromís a favor de la instauración de la tasa, la negativa de los socialistas a aceptar el tributo, dificultan la fumata blanca en los presupuestos. El temor a que les puede pasar factura como les ocurrió a los socialistas baleares en 2003 después de implantar la denominada en las Islas ecotasa planea por las filas del puño y la rosa.

Los morados, además, exigen que se siga el Pacte del Botànic a rajatabla. Y, atendiendo a que la regeneración democrática y modelo productivo son dos de los ejes, quieren también que se mejoren las dotaciones en Justicia y Medioambiente. En materia judicial, por ejemplo, reclaman que el presupuesto de los juzgados dedicados a la lucha contra el fraude y la corrupción, así como aquellos que lo hacen en los casos de cláusulas suelo, cuenten con mejor dotaciones.

En la Conselleria de Elena Cebrián, Podemos solicita al Consell más valentía y que no den un paso atrás en sus políticas por la presión empresarial y de otros agentes económicos que no ven con buenos ojos algunas de las medidas. El partido de Estañ rechaza el borrador de las cuentas proyectadas por el Ejecutivo valenciano por la no inclusión del sistema de residuos y retorno de envases SDDR.

Ahora bien, y teniendo cuenta la polémica que genere, los morados apuestan por que el Consell plantee que el SDDR no se aplique en todo el territorio desde el inicio, sino que podría comenzar con un proyecto piloto en algún pueblo o comarca.  Lo que conllevaría a que la partida presupuestaria no tuviera que ser en exceso costosa. Las cábalas para conseguir sacar las cuentas autonómicas adelante han comenzado.