Foto: CARLOS LUJÁN/EPVALÈNCIA (EP). El PSOE apuesta por una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice "mayores recursos para todas las comunidades", refuerce los servicios públicos y, a la vez, compatibilice "solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades" de algunos territorios. Lo hace sin citar al acuerdo que se llegó en esta materia con ERC para la investidura de Salvador Illa, donde Cataluña saldría del régimen común y que ha provocado críticas en el partido encabezadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Así lo expone la ponencia marco del PSOE para el 41º Congreso federal, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde plantea que del nuevo modelo resultará un reparto "más justo de la financiación" y "cerrará el camino" al denominado 'dumping' fiscal', que los socialistas han denunciado duramente en los últimos meses como reproche a la política de "bajar impuestos a los más ricos" que, a su juicio, practica el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso.
En este apartado relativo a cuestiones fiscales, el PSOE también incluye la creación de un "auténtico fondo autonómico para la reindustrialización y la convergencia de las rentas entre comunidades autónomas". La ponencia también pone el foco en la lucha "contra la evasión fiscal de los megarricos" y explica que establecerán "un tipo marginal del 50% en la tarifa general del IRPF a partir de los 300.000 euros anuales".
Por otro lado, los socialistas abogan por una Unión Europea en la que haya también una "unión política y fiscal", al tiempo que profundice en la "cesión de soberanía en áreas claves"; incremente "los recursos gestionados" por la UE; amplíe prestaciones sociales e impulse un "pasaporte común para todos los ciudadanos europeos".
En materia económica, la ponencia del PSOE plantea prohibir la conversión de viviendas residenciales "en turísticas y de temporada" en aquellas zonas de alta demanda y con el objetivo de "desincentivar la especulación, contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar".
Por último, el PSOE también quiere crear un "fondo de resiliencia frente a la justicia climática" para "proteger a aquellas personas y comunidades más vulnerables, en especial en el medio rural y litoral". Además, promueve "una transición ecológica justa en todas las actividades económicas a los efectos directos del cambio climático".
El PSOE se muestra partidario, además, de ahondar en el proceso de "federalización" del Estado y por tanto continuarán transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten y seguirán "actualizando" los estatutos de autonomía "pendientes de reformar".
Indican además que seguirán apostando por "la protección, el estudio y el uso" de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, "dentro y fuera" del territorio nacional.
El PSOE considera además que deben "reformar el Senado" y convertirlo en una Cámara de representación territorial "que refleje de forma equilibrada la voluntad de las comunidades autónomas". Apuestan asimismo por mejorar los mecanismos de cooperación definiendo a la Conferencia de Presidentes como el "órgano director de las actuaciones de co-gobernanza", creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos.
En la misma línea el PSOE se marca como objetivo reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada comunidad autónoma del sistema de financiación. Actualmente, según indican, la brecha entre la comunidad mejor financiada y la peor es del 30%. Pretenden además "impulsar la convergencia" de la renta per cápita entre todas las comunidades.
Los socialistas quieren impulsar un modelo "menos centralista" e indican que seguirán usando los fondos europeos para generar industria "en todos los territorios más allá de la capital". Además pretenden duplicar la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial para convertirlo en un Fondo de Desarrollo Autonómico, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas.
