Foto: ESTRELLA JOVER.VALÈNCIA. Las Paellas Universitarias se celebraron el pasado viernes sin que el Ayuntamiento de València le concediera la autorización ni validara la declaración responsable de los promotores. Este viernes, previsiblemente, la Junta de Gobierno Local rechazará el recurso interpuesto por estos y denegará la declaración responsable , tal como adelantó el mismo día de su celebración Valencia Plaza, porque la normativa autonómica de espectáculos no contempla su tramitación en los términos y plazos en los que se presentó.
Como este trámite no se había llevado a cabo, al haberse iniciado pocas horas antes de que abriera el festival universitario, no hubo tiempo entonces para rechazarlo y clausurar el evento. Por contra, la Policía no impidió a los asistentes acceder al recinto. Ahora bien, sí levanto acta in situ al acreditar que el festival incumplía la Ley de Espectáculos y la denuncia ya se está tramitando. Sin emabrgo, no podrá ser el Ayuntamiento de València el que lo haga y sancione a los promotores, pues no cuenta con las competencias para hacerlo.
La normativa prevé que la Generalitat Valenciana delegue las competencias de sanción a los consistorios. No en vano se está diseñando ya un convenio entre la administración autonómica y el Ayuntamiento de València para que los servicios municipales sean los que ostenten esta competencia en la localidad, pero el procedimiento todavía no ha finalizado y el convenio aún no se ha publicado. Por ello, tendrán que ser los servicios autonómicos los que actúen, concretamente la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos.
Aunque hasta el momento se había hablado de una multa de hasta 300.000 euros, fuentes del órgano autonómico señalan que esta podría ascender al doble. Los técnicos deberán estudiar el caso y dirimir la cuantía de la sanción. Si se multa a los organizadores por celebrar las Paellas sin autorización, se les aplicaría la sanción de una falta grave, de hasta 300.000 euros.
Por contra, si el motivo de la sanción es haber llevado a cabo el festival desoyendo una resolución denegatoria del Ayuntamiento, se consideraría una falta muy grave, con multa de hasta 600.000 euros. "En todo caso, hay que ver el recurso de la empresa, si en él se pedía o no la suspensión cautelar y si el Ayuntamiento había resuelto", añaden fuentes conocedoras del procedimiento a seguir.
