VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- registraron el pasado mes de septiembre una nueva ley de Transparencia que modifica, entre otras cuestiones, la composición del Consejo de Transparencia -pasaría de cinco a tres-, así como la dedicación y el salario que percibirán sus integrantes. Unos cambios que, a pesar de que fueron registrados por el tripartito, los socialistas advirtieron que no terminaban de ver con buenos ojos porque consideran que podría afectar a la calidad de este organismo.
Las dudas del PSPV también las comparte el actual presidente del Consejo de Transparencia, Ricardo García Macho, cuyo mandato caducó en noviembre junto al de otros tres consejeros más. El Parlamento debe afrontar la renovación de este órgano en funciones, pero el tripartito no tiene intención de hacerlo hasta que resuelva cómo quedará finalmente el Consejo. Valencia Plaza se reúne con García Macho para hablar de su etapa como presidente del órgano, los cambios legales que plantea el Botànic o cómo ha afectado la pandemia a la transparencia en la Generalitat, entre otras cuestiones.
-¿Cómo ha afectado la pandemia al Consejo de Transparencia? ¿Se han visto obligados a reducir el número de expedientes a resolver?
-Antes las reuniones eran presenciales y ahora las hacemos online, y aunque el número de resoluciones durante el primer mes bajó un poco enseguida nos cogimos al ritmo habitual del Consejo.
-¿Cuál es su balance al frente del Consejo después de cinco años como presidente?
-El balance es agridulce. La primera época fue complicada y difícil. Le decíamos al conseller de Transparencia que era necesario tener una Oficina con experiencia en conflictos administrativos, pero no nos escuchaba. A raíz de un artículo que escribí, Presidencia se interesó por nuestra situación. Expliqué lo que necesitábamos y entonces vino una letrada de apoyo, lo que nos permitió empezar a trabajar con mayor agilidad. Pero siempre hemos estado en una situación de precariedad porque la ley que aprobó el PP se hizo en el último momento con la intención de mejorar la imagen del partido de cara a la opinión pública puesto que había muchos casos de corrupción y problemas graves. Pero es una ley mal estructurada desde el punto de vista del Consejo.
-¿De qué administración reciben más quejas?
-De la local. En particular del Ayuntamiento de Santa Pola hemos recibido varias quejas.
"LA PANDEMIA HA AFECTADO A LA TRANSPARENCIA DE TODO EL ESTADO"
-¿Cree que la pandemia ha afectado a la transparencia de la Generalitat?
-Ha afectado en general a todo el estado español, qué duda cabe. Como consecuencia de la situación que se planteaba disminuyó la transparencia, claro.
-En la Ley de Acompañamiento de este año el tripartito introdujo una enmienda para permitir a la Generalitat contratar sin necesidad de realizar un concurso público. Una cambio que justificaron en la necesidad de agilizar los trámites burocráticos a la hora de hacer contratos por la covid-19. Sin embargo este también afecta a la transparencia de los procesos y a los controles ¿Qué valoración hace de esta modificación legal?
-Negativa. Históricamente la corrupción ha anidado precisamente en el ámbito de la contratación pública. Se han dictado una serie de leyes que no han conseguido acabar con esa corrupción y evitar los controles es negativo. En las contrataciones públicas confluyen intereses muy diversos y es evidente que deben primar los generales sobre los particulares. Tiene que hacerse una ponderación, pero las administraciones tienen que tener una capacidad de control y hacerlo de una manera transparente para que la sociedad civil pueda conocer cómo se están haciendo las cosas precisamente en un ámbito en el que la corrupción ha funcionado desde el siglo XIX, que es uno de los grandes problemas de nuestro país. Grandes escritores como Josep Fontana, Ángel Viñas o Preston destacan que históricamente ha habido y sigue habiendo dos problemas muy importantes: la incompetencia política y la corrupción. Y en uno de los ámbitos donde esa corrupción ha anidado con mayor fuerza es precisamente en el ámbito de la contratación.
"LA CORRUPCIÓN HA ANIDADO SIEMPRE EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN. REDUCIR LOS CONTROLES NO ES BUENO"
-¿Usted cree que este cambio por tanto abre la puerta a la corrupción?
-No conozco exactamente ese precepto y ver en qué términos está diseñado es importante porque el mundo del derecho es muy casuístico. Pero quitar o reducir controles no es bueno para que disminuya la corrupción en ese ámbito.
-¿Qué le parece la sentencia que obliga a Antifraude a entregar a una diputada el material que ha recabado sobre una investigación en marcha? En concreto, sobre las subvenciones otorgadas al hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig.
-No conozco la sentencia y para manifestarme sobre esto debería conocerla. En principio no me parece positivo porque está claro que la protección de los testigos en esta materia es esencial porque si un testigo no se siente protegido no va a hablar.
-Volviendo al Consejo, Les Corts tramitan ahora una nueva Ley de Transparencia que pretende cambiar el rango de los miembros del órgano y que tengan dedicación exclusiva. ¿Cómo ve este cambio?
-Negativamente. En la nueva ley el Consejo sigue sin estar bien organizado y continúa dependiendo de la Conselleria de Participación y Transparencia, con lo cual la Oficina de apoyo no depende de nosotros sino del Consell. Eso ha generado problemas importantes en el pasado hasta el punto de que a finales de 2019 cuatro de los miembros de la Oficina de los cinco que la componen se marcharon. Nos quedamos en cuadro, porque además nosotros no nos dedicamos en exclusiva... Y ahora tal como está diseñada la ley puede ocurrir exactamente lo mismo. Los consejos deben tener personalidad jurídica, ser una administración independiente, que es una posibilidad regulada en la ley del sector público. Eso garantizaría su independencia funcional y orgánica.
-La ley sigue sin incluir una capacidad sancionadora del Consejo, que es algo que ustedes reclaman desde que se constituyó el órgano...
-Exacto. Nosotros ahora en estos momentos estamos teniendo un problema importante con Santa Pola, donde el ayuntamiento ignora por completo la Ley de Transparencia y nosotros lo único que podemos hacer es instarle a que inicie un procedimiento sancionador. Pero quien lo debe incoar es el consistorio, con lo cual no va a haber ninguna posibilidad de que lo incoe si no quiere. Son cuestiones elementales para que el Consejo tenga capacidad de funcionamiento pleno.
-¿Nota reticencias quizá a dotarles de mayores competencias? ¿O a qué cree que se debe esta ausencia de potestad sancionadora?
-Sí, totalmente. En el Botánico puede que no estén totalmente de acuerdo sobre cómo diseñar el Consejo, pero lo que está claro es que no quieren un Consejo potente. No entiendo muy bien porqué, porque el objetivo es mejorar la calidad democrática en la Comunidad Valenciana. Solo hay que ver nuestras resoluciones.
"EL CONSEJO DEBE SER UN ÓRGANO UNIPERSONAL CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y CON UN BUEN SUELDO, NO DE DIRECTOR GENERAL"
-¿Considera un error que se plantee la dedicación exclusiva si no se producen a la par todos esos cambios que menciona?
-Yo entiendo que el Consejo debe ser un órgano unipersonal con dedicación exclusiva y con un buen sueldo, no ese de director general, sino uno como hay en otros organismos dentro de la Comunidad Valenciana. Que sea una persona independiente, capaz desde el punto de vista técnico-jurídico y que cuente con una Oficina de apoyo importante que sea la que realice las tareas que tiene encomendadas el Consejo, que son muchas.
-¿Le parece bajo el rango de director general que se plantea en la ley entonces?
-Sin lugar a dudas.
-El PSPV cree que ese cambio podría afectar a la calidad del órgano. ¿Lo comparte?
-Sí, claro. Y parto de la base de que es mejor un órgano unipersonal que colegiado porque el presidente tendría que discutir las resoluciones con esa Oficina de letrados.
-Tanto usted como tres miembros más del Consejo se encuentran en funciones desde noviembre. Sin embargo, el Botanic ya ha advertido que no renovará el órgano hasta que reforme la Ley de Transparencia. ¿Va a esperar a ese momento o se plantea marcharse?
-Todo depende de cuándo llegue ese momento. Si no me fui en los primeros meses como me planteé seriamente, ahora aguantaré. Pero supongo que la ley en unos meses estará lista. Y una vez lo esté, escogerán a los nuevos consejeros.
"TAL COMO ESTÁ DISEÑADO EL CONSEJO EN LA LEY NO ACEPTARÍA JAMÁS RENOVAR, Y ADEMÁS NO ESTOY A FAVOR DE LAS RENOVACIONES"
-¿Qué hará si le vuelven a proponer como miembro del Consejo?
-Tal como está diseñado el Consejo en la ley no aceptaría jamás. Pero además no estoy a favor de las renovaciones.
-En el mandato anterior el Consejo de Transparencia fue especialmente duro con la Conselleria de Manuel Alcaraz. Llegó a advertir incluso que les veía como adversarios. ¿Cómo ha sido el cambio al frente de este departamento?
-Yo creo que la nueva consellera mantiene una política de continuidad respecto a la actividad que realizó el señor Alcaraz. De hecho, la nueva ley que se tramita, en términos generales, es la del señor Alcaraz. Nosotros tenemos nuestro funcionamiento, pero no tendríamos que depender de la Conselleria. En el momento en que lo hacemos ya se está estableciendo una relación cuando en realidad nosotros tenemos que controlar a la Conselleria de Transparencia.