Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ha dado una vuelta de tuerca al caso Alquería al solicitar que su exjefe de gabinete José Manuel Orengo declare como testigo. El expresidente socialista está acusado de malversación de caudales públicos por irregularidades en las contrataciones en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa.
Ante la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la defensa de Rodríguez, ejercida por el exministro del Interior y exfiscal Antonio Camacho, ha apretado el acelerador al solicitar la declaración como testigo del que fuera su jefe de gabinete, exasesor del presidente Ximo Puig y actual directivo de Baleària, José Manuel Orengo, "porque venía de la época del PP y sabe todos los cambios de los contratos de alta dirección".
De hecho, Rodríguez presentó en su escrito de solicitud de declaración de Orengo un cuadro en el que consta el reparto inicial de áreas entre PSPV y Compromís firmado por otros cargos políticos, también citados por la defensa de Rodríguez. Entre las personas que firman dicho cuadro, se encuentran las rúbricas de varios de los testigos citados. Dichos testigos son Concha Andrés, Pablo Seguí, Maria Josep Amigó, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius.
El cuadro aparece, además de en el escrito de Rodríguez, en un informe remitido al juzgado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, y sería el "primer croquis" de reparto de poder cuando la Diputación pasó de las manos del Partido Popular al tripartito de izquierdas. Según fuentes cercanas a la defensa de Rodríguez, la petición de comparecencia como testigo de Orengo es "para que explique el número de directivos que tenía la empresa pública, cuántos se quedaron y si se redujo el número de altos cargos".
Las mismas fuentes aseguran que Orengo podrá explicar lo que ocurrió en Imelsa, actual Divalterra, puesto que venía de la etapa anterior cuando el popular Alfonso Rus, principal imputado en el caso Taula, estaba al frente del ente provincial. Esta declaración es importante para la defensa de Jorge Rodríguez porque, según afirman, "no está demostrado que se tomaran decisiones en paralelo a lo establecido". Añaden que, además, hay informes en sentido contradictorio y la prevaricación de la que Rodríguez está acusado ha de ser "clara", a ojos de la ley, y con dichos informes no lo es.
Sin embargo, para los investigadores, en el cuadro presentado por el abogado del expresidente "en ningún sitio pone que fueran áreas de alta dirección", de cuya creación irregular está acusado Rodríguez. Pero, es más, explican que lo que diga Orengo "será bienvenido", pero que "Rodríguez no puede olvidar que el presidente era él, y que la persona que firmó era él".
Más allá del plano jurídico, la solicitud de la declaración ha levantado ampollas dentro del PSPV, ya que Orengo está considerado como el ‘fontanero’ del partido, es decir, la persona cercana al presidente que conoce todos los pormenores internos. Y pese a que el que fuera asesor del presidente Puig ya no trabaja en política, algunos sectores socialistas ven una posible vendetta de Rodríguez por su salida del partido de la rosa.
El caso Alquería ha supuesto el primer gran caso de corrupción vinculado al gobierno del Botànic. En él se investiga al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, su asesor Miguel Reguart, su jefe de gabinete Ricard Gallego, el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines por, presuntamente, crear hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís.
También se encuentra bajo la lupa de los investigadores un consejo de dirección paralelo que, supuestamente, se creó para dejar fuera de juego a la oposición, y a la sazón denunciantes, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.
La UDEF ha cifrado, hasta el momento, en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.
