El Síndic revela qué administraciones no colaboran: "Que todo el mundo sepa las que no cumplen"

VALÈNCIA (EP). La web de la Sindicatura de Greuges incorpora desde este martes un apartado de entidades no colaboradoras donde los valencianos pueden pinchar y comprobar las que no cumplen con sus obligaciones, con el objetivo de "extender el control social", que no incurran en criterios antidemocráticos y que "todo el mundo sepa" cuáles son.

"Nosotros no perseguimos a las administraciones, nuestro papel es llamarles la atención sobre su funcionamiento: nuestra labor va de democracia y eficacia", ha manifestado el defensor del pueblo de la Comunitat, Ángel Luna, tras anunciar esta iniciativa en la comisión de Peticiones de Les Corts.

El nuevo registro de entidades no colaboradoras suma de momento un total de 78: 67 locales, seis autonómicas y cinco de otra naturaleza. Entre ellas figuran los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y las consellerias de Igualdad, Educación, Justicia, Vivienda, Política Territorial y Hacienda.

Durante su comparecencia, el defensor ha repasado el último informe anual de la institución, que ya presentó a finales de marzo, y ha avanzado que en lo que va de año se han abierto 15 quejas de oficio y han aumentado levemente las relacionadas con la gestión de la dependencia o las necesidades especiales de estudiantes no universitarios.

Alcaldes que niegan información a la oposición

Las cifras de la primera mitad de 2022 arrojan un aumento significativo de las quejas presentadas por políticos de la oposición en ayuntamientos "de todo tipo", lo que demuestra a su juicio que "alcaldes que piensan que la información que tienen en sus municipios es de su propiedad". "Si seguimos con esta deriva, socavamos las raíces de la democracia", ha avisado.

En general, el defensor del pueblo ha reiterado que las administraciones están "casi al límite" y ha pedido una "reflexión" sobre los medios humanos y técnicos de los que disponen y su "dedicación", especialmente en el caso en el que se solapan la autonómica y la local en algunos procedimientos. "Son un transatlántico que cuesta mucho cambiar de rumbo", ha ilustrado.

Ante esta situación, ha abogado por que los funcionarios tengan un "plus de dedicación" y más flexibilidad para que vayan a trabajar "en los problemas y en las áreas donde se les necesita", agilizando los procedimientos en pro de la ciudadanía y simplificando el uso de las nuevas tecnologías. Todo ello "pensando en que las cosas vienen mal dadas y que las vamos a pagar entre todos", ha alertado en alusión a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

El defensor también ha insistido en que "no es aceptable" el retraso de la renta valenciana de inclusión, en que la Conselleria de Vivienda no puede obligar a los ciudadanos a realizar trámites por internet y en que falta atención telefónica para los mayores en el ámbito sanitario: "No hay nada más duro que no tener a nadie al otro lado al teléfono".

Además, ha aprovechado para decirle a los grupos parlamentarios si a ver si le "llaman de vez en cuando" para colaborar y ha reconocido el trabajo de la Conselleria de Políticas Inclusivas para solucionar los "cuellos de botella" de trámites relacionados con documentos familiares en la dirección territorial de Alicante. Dicho esto, ha hecho notar que es "lógico" que la mayoría de quejas tengan que ver con el departamento de Mónica Oltra porque es el que gestiona las necesidades de las personas vulnerables.

La discriminación está donde está

Tras las intervenciones de los diputados, en respuesta a Vox y a su pregunta sobre quejas relacionadas con violencia de género o menores extranjeros no acompañados, Luna ha recordado a este partido que "la violencia está donde está y la discriminación está donde está". "Que no lo quieran ver es otra cosa", ha espetado.

"No voy a poner en duda que menores de todo tipo cometen delitos, de aquí y de fuera, pero ojalá vinieran muchos más porque tenemos un déficit de natalidad tremendo (...) Ya veremos quién paga las pensiones del futuro", ha abundado rechazando el "discurso de criminalización" de este partido "incompatible con el credo cristiano que dicen tener".

Por otro lado, el defensor se ha limitado a señalar al PP que el caso que afecta a Oltra, tras la petición de un juez de que sea imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, está judicializado y él no puede entrar ahí ni tampoco hacer valoraciones de la postura de Oltra o cualquier político.

"Esa no es nuestra función. Perseguiremos que se respeten los derechos de la infancia y la adolescencia a todos los niveles, y cualquier denuncia al respecto la acogeremos y tramitaremos", ha zanjado, y ha confirmado la admisión a trámite de una queja del grupo 'popular' sobre 24 residencias de menores en la Comunitat.