Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes no ha detectado incumplimientos significativos en las cuentas del Ayuntamiento de València de los ejercicios 2018 y 2019 en cuanto a la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, aunque ve necesario que el consistorio incluya más información y revise todos los estados contables para corregir posibles errores e "incoherencias".
Así lo concluye su auditoría de endeudamiento financiero en las cuentas anuales municipales de estos años. La de 2018 se aprobó en pleno el 26 de septiembre y de 2019 dos días antes, dentro de los plazos legalmente establecidos.
Para el ente fiscalizador, salvo algunas excepciones, los epígrafes de endeudamiento de las cuentas anuales expresan la "imagen fiel" de la situación financiera del Ayuntamiento de a 31 de diciembre de 2018 y 2019, así como de los gastos financieros correspondientes a estos ejercicios.
Entre las salvedades, las cifras de endeudamiento financiero de 2018 muestran determinadas diferencias que no se han podido conciliar por no haber obtenido la "información suficiente" del consistorio. En concreto, el endeudamiento a corto plazo del balance asciende a 83.029.923 euros, mientras que en la memoria figura por 96.115.190 euros (89.600.945 de deudas con entidades de crédito y 6.514.245 de otras deudas). Por tanto, hay una diferencia entre los dos estados contables por importe de 13.085.267 euros.
En la memoria de 2018, los pasivos financieros suponen 563.388.125 euros, mientras que en las cuentas anuales son 524.438.733 euros
(524.427.985 de cose amortizado más 10.748 euros por intereses explícitos). Según Sindicatura, esta diferencia se debe a dos motivos: la consignación por error de una deuda por participación en los tributos del Estado (inferior en 4.959.815 euros) y la no inclusión de determinadas cuentas del pasivo del balance por importe de 20.949.374 euros. "El Ayuntamiento no ha proporcionado la información necesaria y suficiente que permita verificarlo", añade.
Otras incidencias detectadas en 2018 son que figuran como pasivo financiero 572.196 euros de la contrapartida de la aportación anual al plan de pensiones del personal municipal o que hay una diferencia de 165.041 euros respecto a los intereses de entidades de crédito consignadas por un total de 1.368.231 euros.
La liquidación del presupuesto de ese ejercicio muestra obligaciones reconocidas por 10.400.801 euros, importe que no coincide con los 10.125.748 que figuran compatibilizados en la cuenta del resultado económico-patrimonial. Entre los pasivos financieros también figuran obligaciones reconocidas por 314.635.179 euros que no coinciden con los 359.571.552 de amortizaciones. Todo ello "sin que se hayan explicado las diferencias".
A 31 de diciembre de 2018, el riesgo por avales concedidos asciende a 52.349.612 euros. La memoria, además, no incluye información sobre la situación del aval concedido al Levante UD por importe de cuatro millones de euros, un aval que fue ejecutado en 2009 antes del cambio de gobierno.
En 2019, al igual que el ejercicio anterior, las cifras de endeudamiento financiero muestran determinadas diferencias que Sindicatura no ha podido conciliar por no haber obtenido la
información suficiente del Ayuntamiento. Concretamente, no se incluyen determinadas cuentas del pasivo del balance por un importe conjunto de 9.817.603 euros y se consigna un menor importe de la deuda por la participación en los tributos del Estado per 4.959.815 euros.
A 31 de diciembre de 2019, las fianzas y depósitos se elevaban a 19.701.284 euros. Según el órgano fiscalizador, el consistorio tampoco ha facilitado la documentación acreditativa de la constitución de dos depósitos por importe conjunto de 77.748 euros, por lo que no puede valorar la compatibilización realizada.
Durante este ejercicio, el gobierno local no concedió ningún aval, por lo que se han revisado cuatro de los concedidos en años anteriores a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Rain Forest sin detectar aspectos significativos.
Por otro lado, la auditoria recoge que la memoria de 2019 -dedicada a hechos posteriores- no contiene información sobre los efectos que la pandemia pueda tener en las cuentas municipales. "El Ayuntamiento tampoco ha facilitado ninguna información sobre la evaluación que, en términos contables, se ha de realizar sobre esta cuestión", señala, lo que ve como una "limitación" del alcance de su papel fiscalizador.
