La fachada del Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2021, en Madrid (España). Foto: ÓSCAR CAÑAS/EPVALÈNCIA (EP). El Tribunal Supremo (TS) afronta 2022 con la Sala Tercera -de lo Contencioso-Administrativo- al borde del colapso por la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales por parte del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) después de que el Gobierno reformara la ley ante el bloqueo político para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Ahora, en el Alto Tribunal se espera con atención una eventual sentencia del Tribunal Constitucional en base al recurso de inconstitucionalidad que presentó el partido político Vox contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que imposibilita que el CGPJ pueda cubrir vacantes de determinados puestos mientras esté en funciones. Cabe recordar que el CGPJ lleva caducado más de tres años.
Ya en abril de 2021 el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, daba cuenta de un informe técnico relativo a esa reforma impulsada por PSOE y Podemos y advertía de que podía llevar a este órgano a la "atrofia y la paralización" al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones hasta final de año.
La realidad es que esa reforma llegó como un movimiento del Ejecutivo encaminado a forzar al PP a sentarse para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero si bien hubo esperanzas cuando llegó el acuerdo para otros órganos constitucionales como el TC, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, en el CGPJ no cristalizó.
Y, mientras el tiempo pasa, las diferentes salas del Supremo se encaminan lenta y sigilosamente hacia el abismo de los despachos vacíos y la acumulación de asuntos pendientes de resolver. De hecho, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó en octubre un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicará que al año se realicen 1.000 sentencias menos.
En ese documento se analizaba la compleja situación que afronta el tribunal con 11 plazas sin cubrir (un 14 por ciento de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20 por ciento de su plantilla vacante.
"Una situación que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial", apuntaban.
Destaca la situación de la Sala Tercera en la que hay actualmente seis vacantes sin cubrir (casi un 20 por ciento de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022, "con grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual".
Este colapso acabaría con una renovación de los vocales del CGPJ, pero fuentes de ese órgano consultadas por Europa Press son muy pesimistas y ya ponen la vista más allá de las próximas elecciones generales que llegarían, si no hay adelantos, a finales de 2023.
Además, el adelanto de los comicios en las comunidades autónomas de Castilla y León y de Andalucía convierten este 2022 en un año de contienda electoral, algo que no es propicio históricamente para acuerdos entre los dos grandes partidos para renovar órganos constitucionales.
Con todo, fuentes del Constitucional consultadas por Europa Press, no creen que una sentencia del tribunal de garantías sobre la reforma legal que impide nombramientos discrecionales en el Poder Judicial mientras está en funciones llegue pronto. Y advierten que lo que se debe hacer es aplicar la Constitución y la ley vigente y renovar el Consejo actual.
Advierten que la situación en el CGPJ supone una "gravísima vulneración" de la Carta Magna y lo comparan con el supuesto de que el presidente del Gobierno no convocase elecciones al terminar sus cuatro años de mandato, alegando que no le gusta la ley electoral vigente, y continuase indefinidamente en el Gobierno.
Por otro lado, la pandemia continuará dando trabajo a los magistrados del Supremo, dado que son los encargados de resolver en última instancia las diferentes medidas que las comunidades autónomas aplican para hacer frente a la nueva variante Ómicron.
Hasta el momento se han resuelto con agilidad -incluso adelantándose en ocasiones al plazo estipulado- los recursos que han llegado de los gobiernos autonómicos que trataban de corregir resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia. Un eventual incremento de casos puede acarrear medidas más drásticas por parte de las CCAA, y esto derivará presumiblemente en un nuevo reto para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
