Xavier Trías, uno de las personas relacionadas con los 'Paradise Papers'. Foto: EFEMADRID (EP). Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que la revelación de los llamados 'Paradise Papers' no será suficiente para acabar con los paraísos fiscales y supone "un pequeño paso con efectos limitados", si bien creen que la filtración servirá para impulsar políticas de ámbito supranacional y ve necesario una evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal en España.
En una nota, el sindicato se muestra en contra del "optimismo" mostrado sobre este asunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según la cual los territorios 'offshore' dejarán de existir en apenas unos años al contar con acuerdos para intercambiar información tributaria.
En este sentido, recuerda que en junio de 2009, la Cumbre del G20 en Londres abrió la posibilidad de imponer sanciones a los países que no cooperaran en la lucha contra la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, lo que impulsó a que los 'estados offshore' suscribiesen los 12 acuerdos sobre intercambio de información requeridos para poder salir de esta lista negra de paraísos fiscales.
Sin embargo, señala que la firma de un acuerdo de este tipo "no garantiza el intercambio efectivo de información". "En virtud de esos acuerdos se puede pedir la información que se conoce, pero es imposible pedir la información que una administración tributaria desconoce pues las peticiones genéricas de información, 'fishing expeditions', están prohibidas", explica.
Por ello, Gestha asegura que normalmente este compromiso se condiciona a casos muy específicos en los que se dispone de un indicio de la existencia de intereses económicos en un paraíso, lo que "no asegura una verdadera transparencia de las operaciones y la fiscalidad de las empresas o contribuyentes afectados".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado el inicio "de oficio" de las investigaciones por la AEAT, aunque los técnicos de Hacienda señalan que esas investigaciones pueden tardar varios meses en ser notificadas a los afectados debido a que las investigaciones preliminares se asignan a un número muy reducido y "escogido" de funcionarios.
En este sentido, Gestha ha reclamado continuamente a la AEAT que autorice a los técnicos de Hacienda a que notifiquen de forma inmediata el inicio de las investigaciones para evitar que se presenten declaraciones complementarias que les ahorren las sanciones y las responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales que hayan podido cometer.
Los técnicos señalan que la primera lista europea de paraísos no cooperativos excluirá a los centros 'offshore' "con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en ámbitos bancario, registral y mercantil".
Por ello, a su juicio esta lista será solo "un pequeño paso con efectos muy limitados" en la lucha contra la evasión de impuestos corporativos y la injusta competencia fiscal".
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, considera que para acabar con los paraísos fiscales "lo primero sería detectar todos los que existen y los que se creen en el futuro", así como aumentar la presión internacional para acabar tanto con su opacidad como con sus privilegios tributarios".
Entre sus propuestas, los técnicos plantear la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.
Así, creen que después se debería acordar una planificación temporal estableciendo unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas, así como llevar a cabo un control por las Cortes Generales de los resultados de la Agencia estatal Tributaria para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente.
De igual forma, proponen igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años o 10 años en los casos de delitos agravados, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, y concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.
En el marco de la OCDE, instan a proseguir con los acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en paraísos fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas de elusión de las multinacionales.
De aplicarse estos acuerdos, los técnicos sugieren que el Gobierno de España alcance acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las entidades de "banca privada", y negociar acuerdos con las entidades emisoras de tarjetas con el objetivo de identificar a las personas que utilizan "habitualmente" las tarjetas de crédito o débito en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero.
Por último, propone que la Agencia Tributaria y la IGAE a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y el control del gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total, y realizar un control "exhaustivo" de las sociedades patrimoniales para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores.
