VALÈNCIA. La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de casación interpuesto por un aspirante a la plaza de intendente de la Policía Local de Riba-roja de Túria e impone las costas procesales, hasta el límite de 500 euros por todos los conceptos al recurrente. El fallo del alto tribunal es firme y contra el mismo no cabe ya recurso alguno.
Así, la sentencia del TS ratifica la decisión que en abril del año 2020 dictó la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con la anulación de la plaza de intendente principal de policía local del municipio, que creó el Partido Popular meses antes de las elecciones de 2011. El fallo admitía en 2020 el recurso de apelación interpuesto por el propio consistorio de Riba-roja contra una decisión anterior en la que se estimaba el recurso del empleado que, en su momento, ganó la citada plaza funcionarial. Esta decisión fue recurrida en casación ante el Supremo que ahora ha validado el fallo anterior.
Los hechos arrancan en febrero de 2011, cuando el Ayuntamiento gobernado entonces por el Partido Popular creó pocos meses antes de las elecciones locales la plaza de intendente, así como otras cinco plazas municipales, además de decretar una subida salarial media del 3,2%, muy superior al 0,3% que fijaba el índice de precios al consumo (IPC) para todos los trabajadores, tal como ha indicado el consistorio.
El Abogado del Estado recurrió la creación de las seis plazas de funcionarios, el presupuesto y la relación de puestos de trabajo (RPT) que creó el gobierno de PP al entender que todas estas decisiones "no estaban justificadas y contravenían algunas de las disposiciones contempladas por el gobierno central en materia presupuestaria y laboral", según ha manifestado ahora la administración local.
Sin embargo, el aspirante que ganó la plaza empezó a ocuparla en el año 2012 hasta que en enero del año 2015 solicitó una comisión de servicios para desempeñar la misma categoría en Manises que se prolongó hasta enero de 2016, fecha de vencimiento de la comisión. En ese año, el equipo de gobierno de Riba-roja, formado entonces por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida, se opuso al retorno del funcionario a la plaza de intendente al entender que una sentencia judicial del Tribunal Supremo anulaba la citada plaza profesional, así como la subida salarial muy por encima del IPC vigente en aquellos momentos junto a la creación de diversos puestos de trabajo en el consistorio.
No obstante, en octubre de 2017 el TSJCV estimó el recurso interpuesto por el interesado contra la presunta denegación del Ayuntamiento de Riba-roja para readmitirlo en su puesto. A pesar de ello, el ayuntamiento recurrió la decisión ante el TSJCV que en abril del año 2020 ratificó la decisión del consistorio y rechazó las peticiones del demandante, que recurrió ante el Supremo.
El alcalde del municipio, Robert Raga, ha manifestado que la decisión del Supremo "viene a confirmar la ilegalidad del gobierno del PP al crear las citadas plazas y subir los sueldos por encima del IPC y, al mismo tiempo, se viene a ratificar la postura del actual ejecutivo local que ha obrado, en todo momento, para defender los intereses generales del ayuntamiento".
