Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA (EP). Unides Podem ha presentado una propuesta para reclamar a Les Corts que apoye la reforma de la Ley orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', para establecer un marco jurídico adecuado que proteja la seguridad de la ciudadanía y garantice de forma efectiva el libre ejercicio de derechos y libertades, plasmando el compromiso con la ciudadanía en el establecimiento de una democracia avanzada.
Esta norma fue probada en el Congreso por el "imperativo solitario" del PP, entonces en el Gobierno, "tras años de recortes y de derechos", ha denunciado la síndica de UP, Pilar Lima, para advertir que la 'ley mordaza' lleva en sus seis años más de 1,3 millones de sanciones con una recaudación superior a 800 millones de euros.
A su juicio, la 'ley mordaza' recrudecía las prohibiciones para las manifestaciones no autorizadas y responsabilizaba de los daños a los convocantes, al tiempo que incrementaba el coste mínimo de las infracciones reconocidas. Por ello, organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los Derechos Humanos han señalado la norma como un retroceso en materia de derechos y libertades civiles.
Desde 2016, Unidas Podemos impulsa en el Congreso su modificación para establecer un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el pleno disfrute de los derechos y libertades, introduciendo los cambios necesarios para acabar con los artículos que disuaden de ese pleno ejercicio por parte de la ciudadanía y colectivos específicos como el de los periodistas.
Su objetivo es que no se sancione el ejercicio pacífico del derecho de reunión ni la grabación de imágenes de los agentes, así como asegurar que la actuación de la Policía se guiará en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, utilizando siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando los que causan lesiones irreparables como las pelotas de goma.
UP también propone reducir el número de sanciones establecidas en la norma, eliminando las que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos y aminorando las que considera desproporcionadas, como las relativas al consumo de cannabis. Otra de sus peticiones es reducir la cuantía de la sanciones para que paguen más quien más tienen.
Por todo ello, en la proposición no de ley (PNL) insta a Les Corts a apelar al Gobierno a impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de organizaciones internacionales respecto a la adecuación de la legislación de seguridad ciudadana a los estándares avanzados de calidad democrática, así como a introducir las modificaciones necesarias para corregir los supuestos de inconstitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional.
Además, emplaza al parlamento valenciano a apoyar la pronta tramitación de la reforma de la 'ley mordaza' y a reprobar "la instrumentalización tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un estado de derecho democrático". Paralelamente ha presentado mociones similares en los ayuntamientos de la Comunitat.
