El Ayuntamiento de València, durante el mandato de Rita Barberá, se 'olvidó' de expropiar las parcelas propiedad de estas familias. El retraso encareció la expropiación y el Ayuntamiento finalmente ha tenido que abonar 18,2 millones en lugar de los 961.000 euros inicialmente acordados.
VALÈNCIA. Lo advirtieron hace ahora casi un año, en mayo. El Ayuntamiento de València no veía clara la expropiación realizada para el Parque de Cabecera que enriqueció a parte de la familia Trenor y a una empresa de Vicente Cotino, sobrino del exconseller y expresidente de las Corts Juan Cotino. No veían claro cómo se había desarrollado el proceso y querían saber por qué el importe correspondiente no se pagó en su momento y se dejó pasar el tiempo hasta tener que abonar 18,2 millones de euros en lugar de los inicialmente acordados 961.000; un pelotazo con todas las letras.
Este viernes, en la Junta de Gobierno, el consistorio, tras el correspondiente informe de los servicios jurídicos, ha decidido solicitar al Tribunal de Cuentas que investigue un proceso de expropiación que, así, de entrada, fue calificado de negligente por el alcalde Joan Ribó. La intención del actual Ayuntamiento es que se diriman posibles responsabilidades de una gestión que Ribó definió como “pésima”, y eso, puntualizó, “en el mejor de los casos” y pensando bien.
En el informe presentado ante la Junta de Gobierno se señala explícitamente que la responsabilidad de que este expediente no se incluyera en ningún orden del día de la Junta de Gobierno durante todos estos años corresponde a la que fue alcaldesa Rita Barberá, como presidenta del órgano de gobierno, y a los concejales Miguel Domínguez, regidor responsable de la Junta de Govern; Alfonso Grau, Coordinador General del Área de Economía; Silvestre Senent, regidor delegado de Presupuestos; Jorge Bellver, Coordinador del Área de Urbanismo, y Francisco Lledó, regidor delegado de de expropiaciones.
La secuencia de los hechos, de este “misterioso” olvido, como lo calificó el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, se remonta 20 años atrás. En 1997 AUMSA presentó los estudios previos para el Parque de Cabecera y comenzó el Proyecto de Expropiación Forzosa que fue aprobado en sesión plenaria el 24 de julio de 1998. El importe de las expropiaciones ascendía a 609 millones de pesetas (3,6 millones de euros) y afectaba a 120 propietarios.
Este dato, el del número de propietarios, es el que más preguntas sin respuesta suscita. ¿Por qué se olvidaron de expropiar sólo las parcelas de la familia Cotino y de los Trenor? Porque a fin de cuentas las que no se expropiaron en tiempo y forma fueron sólo tres parcelas: la finca número 21 correspondiente a la mercantil Alquería Dolores S.L., de los Cotino, y las parcelas 58 y 59, de Mercedes Trenor y otros. El resto sí que se expropiaron. La amnesia burocrática sólo afectó a estas dos familias. Y no se puede aducir falta de liquidez, ya que la cantidad a abonar por la expropiación estuvo presupuestada varios años. Tampoco que los responsables municipales no fueran informados por los técnicos, porque los funcionarios municipales avisaron en tiempo y forma.
De hecho, hasta los propios beneficiados por la retasación lo advirtieron. Así, consta un escrito registrado en el Ayuntamiento con fecha del 24 de julio del 2008, en el que la mercantil Alquería Dolores S.L. señalaba que “en numerosas ocasiones a lo largo de estos años” se habían dirigido verbalmente al Ayuntamiento de València para instar al pago del precio justo acordado. E incluso se recordaba que habían propuesto que el pago se hiciera de manera fraccionada. Ante el silencio administrativo, la empresa solicitaba por escrito el abono del precio justo y de los intereses de demora.
La dilación municipal, una auténtica representación del ‘vuelva usted mañana’ de Larra, provocó que el valor del suelo se fuera encareciendo en las sucesivas retasaciones, un dato que fue destacado tanto por Sarrià como por el alcalde Ribó. Y así fue como una parcela que se tenía que haber pagado por 687.517 euros acabó costando 4,1 millones de euros (la que era propiedad de Vicente Cotino), mientras que las parcelas propiedad de Mercedes Trenor y otros fueron incrementando su valor, y de los 273.672 euros que se tenían que haber pagado, fue subiendo hasta alcanzar el precio final de 14,1 millones.
Una de las cuestiones que resaltó Ribó es que este retraso se produjera en un consistorio “con los niveles de endeudamiento astronómicos del Ayuntamiento [de València] en aquel momento”. Así, si bien en la actualidad València se encuentra con un endeudamiento del 75%, en aquellos años una dilación como esa, que se “olvidaran” de hacer los pagos correspondientes a pesar de que “tenía advertencias reiteradas” de lo que podía pasar, afectó notablemente a la vida municipal. Y más teniendo en cuenta, apuntó Ribó, el “déficit en plazas de vivienda pública y otras muchas deficiencias” del Ayuntamiento.
“Nos parece sencillamente escandaloso”, sostuvo Ribó. “Si se hubiera pagado no llega a un millón de euros en los plazos establecidos, nos hubiéramos ahorrado 17 millones de euros”, ratificó Sarrià. En cuanto a las posibles acciones legales a tomar tras “este claro quebranto económico”, se ha decidido que la vía más conveniente es el Tribunal de Cuentas “para que establezca el alcance del perjuicio y las responsabilidades” que se deriven de lo que ellos entienden como una clara negligencia en la gestión de los recursos públicos, concluyó Sarrià.
La reclamación de los propietarios supera los 18 millones de euros, un tercio del presupuesto anual de la ciudad
