VALÈNCIA (EFE). Varios peritos judiciales han defendido este miércoles en el conocido como caso IVAM que las obras del escultor Gerardo Rueda adquiridas por el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) no pueden considerarse originales, al no haber una autorización específica del artista para reproducir las piezas con las características con las que se hizo.
Así lo han afirmado cinco de los seis peritos judiciales que han comparecido como testigos en el juicio que se sigue en València contra la ex directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno Consuelo Císcar, el ex director financiero del museo Juan Carlos Lledó y el hijo adoptivo del escultor, José Luis Rueda, por la compraventa, por 2,5 millones de euros, de obra del artista madrileño que las acusaciones consideran falsa por haberse creado "post mortem" y haberse alterado sus dimensiones originales.
Dos de las peritos, responsables en los museos Reina Sofía y Lázaro Galdiano, han defendido el informe que han elaborado para esta causa, y han considerado que una autorización genérica de un artista para reproducir su obra "no es suficiente" para que sus herederos decidan cambiar el tamaño o los materiales de la misma.
Han señalado que el artista no dejó instrucciones concretas de cómo debían reproducirse sus obras, y han indicado que las reproducciones adquiridas por el IVAM no siguen el código deontológico del Consejo Internacional de Museos (ICOM), al que, a su juicio, deberían acogerse todos los museos.
Una de estas peritos ha explicado que existen diferentes tipologías de obras póstumas, y ha agregado que cuando existe un molde realizado en vida por el artista, las reproducciones pueden considerarse originales, pero cuando se saca el molde de una obra original, se pierde calidad y no es recomendable.
Y luego están casos como las obras adquiridas y donadas al IVAM, que, a su juicio, podrían considerarse "una obra póstuma interpretada", ya que "se está interpretando al artista", al cambiar el tamaño y los materiales de la obra original, ha afirmado, un argumento al que se han sumado casi todos los demás peritos de la acusación.
Otra de las peritos ha añadido que en los expedientes de adquisición de las piezas por parte del museo, constan fichas técnicas de las obras con las características de cada una, pero en ningún lado hay informes artísticos y económicos en los que se explique y justifique por qué se adquieren.
En el lado contrario, el único perito favorable a la defensa, ha defendido la originalidad de las obras, pues ve suficiente la autorización que Gerardo Rueda hizo en vida a su hijo para reproducir las obras, y ha considerado que se cumple con la legislación española.
Este mismo experto, quien ha dicho llevar más de 20 años tasando y valorando obras, ha considerado que la obra monumental de Rueda respeta el derecho moral dentro de los derechos de autor, algo que han rechazado el resto de peritos, para quienes Gerardo Rueda no era una artista monumental, sino que trabajaba "en pequeño".
Previamente, ha testificado el conservador del IVAM Josep Salvador, quien aparece como secretario de la comisión de adquisiciones que acordó en 2006 la compra varias obras de Rueda, y ha reconocido que firmó el acta de adquisición sin haber participado en ninguna reunión y sin conocer ningún detalle de las piezas.
A preguntas del Ministerio Fiscal y de los letrados de la defensa, ha dicho haber firmado esas actas por petición de su entonces jefa, la actual técnico de exposiciones y exdirectora del área artística Raquel Gutiérrez.
Según su testimonio, sabía que se iban a adquirir un conjunto de obras de Gerardo Rueda, pero desconocía qué obras eran ni que éstas se iban a reproducir después, y tampoco buscó más datos sobre la adquisición pues su trabajo "no era documentar esa adquisición", y todo venía avalado por el equipo directivo del museo.