VALÈNCIA. El año 2023 podría convertirse en aquel en el que tres expresidentes de la Generalitat Valenciana se sienten en el banquillo: Francisco Camps, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. El que más pronto lo hará es el primero. El juicio de una de las seis piezas separadas en las que se dividió la trama valenciana del caso Gürtel –el cual se inició hace 15 años– se celebrará a partir del próximo 23 de enero en la Audiencia Nacional.
Un total de 27 personas serán juzgadas por la investigación relativa al trato de favor a siete empresas del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Entre 2004 y 2009, recibieron varios contratos menores por valor de más de 1,8 millones de euros. Entre los que se sentarán en el banquillo se encuentran Camps y los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera.
Será el segundo juicio por Gürtel para el expresidente de la Generalitat después del conocido como "caso de los trajes", en el que fue absuelto tras dimitir su cargo. Hasta la fecha se han producido una oleada de confesiones por las conformidades alcanzadas con la Fiscalía. Entre ellas, la del máximo responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Las sesiones se celebrarán hasta finales de mayo.
Todavía sin fecha está el juicio del conocido como caso Erial, que podría tener lugar entre finales de 2023 y comienzos de 2024. Los investigadores han situado a Eduardo Zaplana y a los principales acusados en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía pide para el exministro 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros. Para su círculo de colaboradores las solicitudes de pena oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión –como es el caso de los empresarios Vicente y José Cotino. Para el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, Anticorrupción pide 6 años.
En el caso Taula, que cuenta con 12 piezas separadas, se celebrarán dos juicios en 2023. Se trata de los primeros que afectan al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. El primero será el de los presuntos 'zombies' en Imelsa y Ciegsa, que arrancará previsiblemente este enero y se extenderá hasta el mes de marzo. Se trata de empleados de ambas empresas públicas que, presuntamente, cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.
En este juicio se sentarán en el banquillo total de 26 personas. Entre ellas, y junto a Rus, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV); el exsecretario autonómico y exresponsable de Ciegsa Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; y el que fuera jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis. La instrucción consideró que usaron las contrataciones en beneficio propio y para pagar favores.
El segundo juicio de Taula será el de la investigación relativa al supuesto amaño del contrato del servicio de atención telefónica ('call center') de la Diputación en mayo de 2013, que fue a parar a la empresa Servimun. Anticorrupción concluyó que se llegaron a desviar alrededor de 214.000 euros de dinero público para beneficio de otras personas. La Fiscalía pide para Rus 12 años de cárcel en la primera causa y 8 en la segunda.
Aparte de ambas vistas, quedarán pendientes los avances en todo el resto de piezas. Entre ellas, la de la financiación de las campañas del PP en València en 2007 y 2011. Este diciembre se cumplió un año desde que la Audiencia Provincial archivara la causa del presunto blanqueo de capitales a varios exediles del PP del la ciudad tras seis años de instrucción. Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo siguiera adelante para, entre otros, dos de los principales acusados en esta pieza separada: el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster. Las campañas que se encuentran bajo sospecha son las de 2007 y 2011 por unas mecánicas que el juez consideraba irregulares. En su conjunto, las describía como una "sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido" para sufragar los gastos electorales. La apertura de juicio oral sigue pendiente para ambos.
El caso Azud será previsiblemente la gran macrocausa en instrucción de 2023. La investigación se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
Recientemente se conocía el contenido de la pieza separada sobre la posible financiación irregular de los socialistas valencianos. La investigación apunta a que el partido sufragó en B gastos electorales de tres campañas diferentes: la de las municipales de València de 2007 con Carmen Alborch como cabeza de lista; la de las autonómicas de ese mismo año con Joan Ignasi Pla como candidato; y la de las generales de 2008 a las que se presentó la por entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como 'número 1' por la circunscripción de Valencia.
La operativa habría consistido en un supuesto concierto entre personas vinculadas al PSPV y empresas por el que estas últimas habrían tenido acceso ventajoso a una serie de operaciones urbanísticas en las que resultar beneficiadas por las administraciones a cambio de una contraprestación económica (o comisión). En base a anotaciones, reuniones y pagos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza detallan que el objetivo de los presuntos cabecillas de la trama era el reparto de dinero tanto para beneficio personal como para el partido.
Cualquier novedad sobre esta causa generará con toda seguridad interés. El procedimiento se centra en la posible obstaculización, por parte de la Conselleria de Igualdad que dirigía Mónica Oltra, de la investigación judicial de los abusos sexuales del exmarido de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat a una menor tutelada.
Tras la comparecencia ante el juez de Oltra, éste llamó a declarar en calidad de imputados a Miquel Real, miembro del Gabinete de la consellera de Igualdad, Aitana Mas (era jefe de Gabinete de Oltra) y al secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero. Lo harán los días 12 y 18 de enero respectivamente.
El magistrado ordenó igualmente intervenir los correos de Oltra y de 13 cargos de la Conselleria de Igualdad en un periodo concreto de tiempo relacionado con las indagaciones. Creó para ello una pieza separada y secreta.
La causa se inició tras una querella del PPCV e indaga en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover. Los populares denunciaron que no se cumplieron los requisitos exigidos.
El juez acordó el pasado julio una nueva prórroga de la instrucción otros seis meses. El motivo es que está pendiente de recibir tres informes clave que todavía no han llegado: uno de la Guardia Civil, uno del Gobierno valenciano y otro del catalán. Este último comunicó que trabaja en ello, mientras que la Intervención de la Generalitat trasladó que se comprometía a presentar el dosier durante el próximo febrero (tres meses antes de las elecciones).
Se trata de una fecha, sin embargo, provisional y susceptible de cambiar puesto que se trata de una labor que parece que conllevará tiempo, como demuestra el hecho de que el pasado diciembre, la Intervención de la Generalitat ampliara los requerimientos de documentación a las empresas investigadas.
El juicio del caso Alquería quedó visto para sentencia a finales del pasado noviembre tras más de dos meses de sesiones. La causa apunta a los presuntos delitos de prevaricación y malversación por siete contratos irregulares de alta dirección en la empresa pública Divalterra y que, de acuerdo con los investigadores, únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís. Un total de 14 personas se sentaron en el banquillo, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. El fallo tendrá que llegar en los próximos meses.