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claves sobre la nueva propuesta para alicante 

El 'banco malo', dispuesto a vender créditos de Ortiz para allanar la llegada de Ikea

La Sareb no ha mantenido aún ningún contacto con la Generalitat para negociar una posible venta de los préstamos concedidos a Urbanika. La sociedad heredó de Bancaja una operación por 700 millones garantizados con suelo en el sector   

11/10/2016 - 

ALICANTE. La Sociedad Gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el banco malo, está dispuesta a escuchar cualquier propuesta que suponga la venta de los préstamos suscritos por Urbanika -la sociedad liderada por el empresario Enrique Ortiz- sobre los terrenos de Rabasa, al norte del término municipal de Alicante. 

Portavoces oficiales de la entidad confirmaron este lunes que la titularidad de la mayor parte del suelo sigue siendo de esa sociedad, tenedora del 100% de las acciones de Alicante Avanza: la promotora que impulsó la ya extinta Actuación Territorial Estratégica (ATE) que preveía la instalación de una tienda Ikea, un parque científico y un macrocentro comercial de 85.000 metros cuadrados en ese mismo ámbito.

El mandato de Sareb es ir reduciendo su cartera de deuda paulatinamente, así que se aceptaría de buen grado cualquier interés en la adquisición de esos créditos millonarios. Y ahí está el matiz que tiene cierta trascendencia: la operación implicaría la compra del préstamo, pero el suelo, en principio, seguiría siendo propiedad de Urbanika. Los terrenos son la garantía de esos créditos, que hasta el momento no se han ejecutado.

Hasta la fecha, según portavoces de Sareb, tampoco ha habido ningún contacto oficial por parte de la Generalitat para plantear una posible adquisición de esos créditos. Ni siquiera sondeos previos pese a que se trata de una posibilidad que la sociedad estaría abierta a explorar. El banco malo asumió en 2013 los créditos que Bancaja concedió a Urbanika. Según las cifras que trascendieron entonces a través de los medios de comunicación, los préstamos concedidos a la sociedad liderada por Ortiz ascendían a unos 700 millones de euros. Ese sigue siendo hasta ahora el último dato conocido de la posición global que Sareb mantiene respecto a Urbanika.   

En el caso de que fraguase esa hipotética operación de compra, el Consell tendría que sumar también a otros bancos -como el Sabadell o Caixabank- que tienen posiciones en el sector. Por lo pronto, la entidad que heredó los activos de CAM también estaría dispuesto a negociar. Sabadell dispondría de otros 90 millones en créditos hipotecarios concedidos en su día por la desaparecida caja alicantina a la firma que capitanea el polémico empresario (investigado en los casos Gürtel y Brugal). 

Como publicó Alicante Plaza, la compra pública del suelo del sector de Rabasa (o mejor dicho, de los créditos) es todavía sólo una de las opciones que se barajan para facilitar y agilizar la llegada de la multinacional del mueble a Alicante. Si se acordase seguir esa hoja de ruta, la administración se encargaría de asumir la propiedad del suelo y de aprobar la fórmula necesaria que permitiese su urbanización (previsiblemente como PAI, con una tramitación que arrancaría en el ayuntamiento) para, luego, ponerlo a disposición de cualquier operador interesado en instalarse, ya fuese mediante venta directa o subasta (la opción más probable). 

Entre esos operadores interesados, figuraría por descontado el gigante sueco, que ya ha confirmado su apuesta por instalarse en Rabasa (insiste en que es la zona que ofrece mayores facilidades comunicativas) y hasta maneja sus propios planos sobre cómo podría distribuirse el conjunto del sector, en función de las conversaciones mantenidas con todos los escalones de la administración desde las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. 

Según los planes de la multinacional, se trataría de actuar en un área de 950.000 metros cuadrados (la extinta ATE abarcaba cerca de 1,5 millones al incluir la zona de las lagunas, que ahora quedarían fuera), dividida en seis grandes parcelas. La primera, junto a la rotonda de la Universidad de Alicante (UA), sería para la tienda Ikea propiamente dicha. La segunda, de entre 40.000 y 50.000 metros justo al lado, para la instalación de entre dos y cuatro medianas superficies (tiendas del tipo de Media Market o Leroy Merlin, por ejemplo). La tercera, para la construcción del tercer hospital del área metropolitana. La cuarta, de 100.000 metros, quedaría reservada para la instalación de hasta 8 campos de fútbol (posible germen de una futura ciudad deportiva para los clubes de Alicante, entre otros). La quinta, tendría un uso empresarial no industrial. Y la sexta, acogería otras dotaciones municipales por determinar. 

Guanyar insiste en acogerse al pacto de gobierno: Ikea y el desarrollo de Rabasa deben encajar en el Plan General

Con esos números, quedaría descartada la construcción del macrocentro de 85.000 metros incluido en el proyecto original que, según cálculos municipales hubiese dado cabida a unas 400 tiendas de todo tipo. Justo el argumento principal que se había convertido en el lema (Ikea sí, macrocentro, no) de los opositores a la ATE. Entre ellos, el pequeño comercio y los tres grupos que componen el actual equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís).

La propuesta, todavía en un estado muy embrionario, estaría bien vista desde la Generalitat, en la medida en que implicaría la probable concentración de las medianas superficies preexistentes en la ciudad en un único polo, no su multiplicación. Es decir, se cumpliría con una de las líneas argumentales que Compromís está decidido a mantener en el Consell del Botànic: respaldo al pequeño comercio frente a la expansión de los grandes.

La disputa municipal

La viabilidad del nuevo proyecto depende también de cómo se acaben articulando las posiciones en el Ayuntamiento. Si se concreta que el sector debe desarrollarse como PAI, el equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) en situación de minoría necesitará del apoyo de al menos un grupo de la oposición para poder aprobarlo. A ello se añade la previsible disputa que se augura en el seno del tripartito, a la vista de las manifestaciones públicas de los principales líderes de dos de las tres formaciones que lo integran.

El portavoz de Guanyar, vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, reiteró este lunes sus dudas sobre una operación que, insistió, no conoce más que por las informaciones avanzadas en los últimos días. Al margen de incidir en que no entiende por qué la Generalitat tiene que intervenir para comprar suelo a Ortiz ("se trata de una actuación de ámbito privado", dijo), dejó claro que él y su partido se acogen a los términos del pacto de gobierno, en el que queda reflejado que la llegada de Ikea debe canalizarse "a través del Plan General porque afecta a toda la ciudad", y no como un PAI, como lo fue en un principio con el controvertido Plan Rabasa (el proyecto de partida, tumbado por el TSJ, con el que Ortiz aspiraba a construir hasta 15.000 viviendas). En esta línea, insistió en que existen otras ubicaciones alternativas a Rabasa si de lo que se trata es de instalar una tienda de Ikea. "Hay otras parcelas disponibles de 20.000 metros cuadrados que están listas para que Ikea se instale ya", apuntó. "La administración debe ser un mero facilitador de información", remarcó.

El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), añadió que hasta ahora "lo que venimos conociendo son las intenciones de la multinacional, que ya no son los 85.000 metros cuadrados de centro comercial anexo" y que "ahora veremos si algunos han venido utilizando sólo como excusa". Sobre la intervención del Ayuntamiento y de la Generalitat, sostuvo que la idea de la compra del suelo por parte de la administración es sólo una propuesta -similar a la que se va a poner en práctica con el plan de expansión de Tempe en Elche- que se está barajando para "facilitar" y allanar la llegada de Ikea, para "quitar cualquier sospecha de corrupción". "La Generalitat no va a estar en nada turbio", garantizó, sólo se trata de "agilizar" la llegada de la firma porque ya "se han perdido muchos años". Y apostilló que "si al final entorpecemos, nos iremos".

El portavoz del PP, Luis Barcala, abundó, por su parte, en las dudas que genera a su partido la intervención de la Generalitat. "Si hay tantos intermediarios se generan más plusvalías, no sé por qué se tienen que encordar tanto el precio de unos terrenos", dijo. En esta línea, volvió a reclamar la convocatoria de la comisión de Ikea para compartir información y consensuar posiciones de ciudad.      

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