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Los supuestos "enchufados" de Compromís en la Diputación se niegan a declarar  

3/06/2019 - 

VALÈNCIA (EFE). Cuatro de los supuestos "enchufados" de Compromís en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa), gestionada por la Diputación de Valencia, se han acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 9, que investiga el conocido como 'caso Alquería'.

Se trata de Pau Pérez Lledó, José Luis Melero Martí, María Soledad Torija Urbano y Raúl Ibáñez Fos -éste último número dos de la lista de Compromís en Silla en los pasados comicios municipales-.

Según consta en el sumario de esta causa, la UDEF considera ilícitas sus contrataciones como personal de alta dirección en Divalterra, ya que se realizaron, al parecer, sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos. 

Según han informado a EFE fuentes judiciales, dos de estos dos procesados se han negado a declarar sin dar ninguna explicación y los otros dos han indicado que no conocían exactamente los hechos sobre los que se les investigaba.

Fuentes de las defensas han asegurado a EFE que la negativa a prestar declaración se fundamenta en que todavía quedan informes periciales por incorporar al sumario, aunque la acusación, que ejerce el PP, ha dejado patente el hecho de que el sumario es perfectamente conocido por las partes y en él constan ya numerosos informes como el del la IGAE, Hacienda o la Fiscalía, entre otros.

Está pendiente todavía la incorporación del informe policial sobre los teléfonos móviles y ordenadores intervenidos a los procesados.

Dos millones de coste para las arcas públicas


La UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de estas siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno. 

En esta causa constan también como investigadas seis personas, entre ellas el alcalde de Ontinyent, exmilitante del PSPV-PSOE y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. 

También su ex jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario-letrado de Divalterra, Jorge Cuerda; el exasesor Manuel Reguart y los exgerentes Xavier Simón Alventosa y Agustina Brines, con acusaciones todos ellos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

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