Puig logra el respaldo de Castilla-La Mancha a su petición de una quita de la deuda

VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, logró este sábado el primer apoyo claro a su intención de que se introduzca la quita de la deuda en el debate sobre la financiación autonómica. Una estrategia que ha convencido a su homólogo manchego, Emiliano García-Page, para acabar "con la insuficiencia financiera" del actual sistema, caducado desde hace ya cuatro años.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha mantenido contactos con otros presidentes autonómicos, como la balear Francina Armengol o la andaluza Susana Díaz, para acelerar el cierre del futuro modelo con la esperanza de que ocurra antes de que se aprueben los presupuestos del Estado. De momento, las opciones se divisan tan a lo lejos como la estabilidad política. Las largas a los vascos por las 37 transferencias comprometidas pendientes, la desconfianza de Ciudadanos al ver que el PP limpia con bayeta los efectos tsunami de la corrupción y la incertidumbre institucional de Cataluña no permiten al Gobierno de Mariano Rajoy hacer planes. O, al menos, estas son las razones -Puig las califica de "excusas"- que se intuyen para justificar la congelación de la reforma.

En su encuentro en València, tanto Puig como García-Page lamentaron que el esfuerzo en la reducción de gasto público se haya repartido de forma desigual entre las diferentes Administraciones: las comunidades autónomas han soportado el 62,2%, las corporaciones locales, el 28,1%, y la Administración central, el 20,5% de los ajustes.

Por esta razón, los dos barones socialistas señalaron -según el acuerdo alcanzado- que este conflicto debe ser "tratado y solucionado  como  un  problema  de  Estado". "Todas las Comunidades estamos infrafinanciadas, pero algunas más que otras", argumentaron. Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana son dos de las comunidades más perjudicadas. En el caso de la Comunitat, el castigo lo lleva arrastrando desde 2002 y cada año que sigue vigente el actual modelo asume entre 800 y 1.000 millones de euros de deuda. Al no poder pagar, pide prestado más dinero y este ciclo perverso se repite en bucle.

Así, los dos presidentes autonómicos denunciaron que el menor gasto por habitante a que los obliga esta situación no se debe a una mala gestión, al alegre despilfarro o a cualesquiera otras razones punibles, sino a "una clara e injusta insuficiencia de los ingresos proporcionados por el modelo. Por eso consideran "justa y necesaria una reestructuración y rebaja de la deuda" con la que no se resignan ambas comunidades.

Problema de Estado para Rajoy

El presidente Puig ya ha podido comprobar que hay palabras que se parecen mucho más al silencio. En septiembre, tras un "intenso, largo y provechoso" despacho en La Moncloa, volvió con la voluntad de Mariano Rajoy de cambiar el modelo, una promesa que ya había salido de la Conferencia de Presidentes celebrada en enero del pasado año. Hasta hoy, nada.

García-Page, de primeras, se mostró "escéptico" ante un Gobierno "agarrotado", con el que las comunidades se han comportado de forma leal en el conflicto de Cataluña pero que no pueden seguir "permanentemente a la espera" para abordar el problema. "Ni Cataluña puede ser la excusa para Rajoy en la solución del problema", agregó.

A pesar de la determinación y la contundencia de Puig y García-Page, ambos recalcaron que estos movimientos no pretenden "ir contra nadie, sino a favor del sistema autonómico y de los ciudadanos", y criticaron que el incumplimiento del Gobierno de cambiar el sistema en 2017 conlleva "un desgaste" en la confianza en las instituciones. En esta línea, cabe recordar que el presidente de la Generalitat anunció esta misma semana su petición para comparecer en el Senado para explicar este problema y reivindicar la aceleración inmediata de la reforma del sistema de financiación. Ahora, ya ha sumado a un aliado en su homólogo de Castilla-La Mancha.