Abogados, ya pueden ir aprendiendo tecnología

En nuestras universidades funcionan desde hace años servicios de legal clinic o law clinic, sistemas de asistencia legal gratuita a organizaciones sin ánimo de lucro y a personas sin recursos, en los que participan a menudo estudiantes, que se enfrentan de ese modo a casos de ejercicio real con el apoyo de profesores. Es el caso de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultad de Derecho de la Universitat de València o de la Clínica Jurídica de la Universidad Europea de Valencia, por citar un centro público y otro privado.

En este último caso, se abordan aspectos del Derecho no jurisdiccionales, como el Derecho Internacional Privado, Informes Jurídicos, Inmigración, Derecho Civil o Derecho del Consumidor. La primera, según explica en su web, ha asumido casos relativos al medio ambiente y el desarrollo urbanístico (caso carretera de Oliva, caso La Punta o el caso del PAI de Benimaclet), también casos relacionados con el derecho a la vivienda (caso Impagados), con la memoria histórica (caso APDHE) o con la salud (caso Eduación sexual y reproductiva) y ha elaborado dictámenes de Amicus Curiae (caso Ecuador).

En Estados Unidos, muchos grandes despachos de abogados tienen reservada una parte de su actividad a tareas pro-bono, es decir, equiparables a lo que sería el cometido de un servicio de law clinic. Son horas de trabajo que ceden a la comunidad y que, en algunos casos, deciden emplear en el ámbito universitario. Su función cuando es así consiste en asistir a personas sin recursos, los investigadores, que necesitan asistencia legal para llevar sus descubrimientos y desarrollos tecnológicos al mercado.

Una de las singularidades del conocimiento de frontera es que plantea escenarios que se sitúan en ocasiones completamente fuera del marco legal existente. El problema de convertir un descubrimiento científico en algo susceptible de explotación comercial no es, entonces, estrictamente tecnológico, sino de encaje normativo. Son asuntos tan nuevos que simplemente nadie los había imaginado antes y, por tanto, no tienen adscripción legal.

Es lo que sucede en los law clinics de ecosistemas de innovación avanzados como los de MIT, Harvard o Stanford en el sistema universitario americano. En el BU Law Clinics, por ejemplo, el MIT y la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston ofrecen orientación legal gratuita a los estudiantes innovadores y emprendedores, para convertir ideas en negocios y perseguir proyectos disruptivos. Todos los estudiantes de grado y posgrado pueden recibir asesoramiento legal gratuito a través de las dos clínicas, la Clínica de derecho para empresas emergentes de BU/MIT y la Clínica de derecho tecnológico de BU/MIT.

Es impresionante conocer de cerca algunos de los desafíos jurídicos que plantean los investigadores en centros de este tipo a los abogados y juristas. La revolución digital está obligando a cuestionarse fronteras que parecían bien perfiladas, como las de lo natural y lo artificial, la personalidad jurídica, el género, la nacionalidad, la propiedad, el sujeto, el objeto, el dolo, el contrato, el dinero… todo. De locos. De mis estudios de Derecho siempre recuerdo que la presunción de la paternidad es iuris tantum, mientras que la de la maternidad es iuris et de iure, pero en la confluencia del mundo digital y el físico con datos en tiempo real a la que vamos abocados, ni siquiera sé si podrá sostenerse ya algo tan obvio.

La lectura que tenemos que hacer de esta dinámica real, que está sucediendo ya, es doble. Por un lado, debemos incorporar a los investigadores y emprendedores científico-tecnológicos jóvenes a ese colectivo de personas sin recursos a los que apoyar con asistencia legal gratuita. Es cierto que ya hay mecanismos de ayuda, pero se centran fundamentalmente en los aspectos mercantiles y civiles. ¿Están nuestros despachos dispuestos a trabajar con un científico cómo encajaría en nuestro sistema legal un problema sobre la responsabilidad penal de un algoritmo con ciertos niveles de autonomía, capaz de actuar al margen de su autor?

Por otro lado, legisladores y juristas, empiecen a aprender de tecnología, porque la naturaleza de los problemas a los que se enfrentarán dentro de una década será completamente nueva. Siempre quedará el escudo de la ancestral lentitud de nuestras instituciones públicas para adaptar la normativa a la revolución tecnológica, siempre por detrás. Pero familiarícense con los nuevos conceptos tecnológicos, que van más allá de las herramientas y los dispositivos, que replantearán por completo muchas de nuestras instituciones jurídicas.