Foto: E. PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El acuerdo entre el PSOE y Sumar para la constitución de un nuevo Gobierno progresista contempla la reducción, en dos fases, de la jornada laboral a 37,5 horas semanales; una nueva regulación del despido que se ajuste a la legislación europea, reforzando las causas del mismo; y la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que en el Estatuto de los Trabajadores quede reflejado que debe acompasarse al 60% del salario medio.
Según el texto del acuerdo, presentado en rueda de prensa por el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, la política económica del próximo Gobierno se orientará a alcanzar el pleno empleo y a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo de la legislatura y, en cualquier caso, y en línea con el resto de economías de la UE, situando la tasa de empleo "por encima del 70%".
Tras la reforma laboral llevada a cabo en la anterior legislatura, PSOE y Sumar se proponen conseguir "una segunda oleada de derechos laborales" en los próximos cuatro años culminando un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, cuyo objetivo será establecer "una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad".
Este Estatuto reforzará las garantías de los trabajadores en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues y se revisarán las causas para acogerse a estos procedimientos para que sólo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa puedan recurrirse a ellos.
Asimismo, se establecerán garantías para los trabajadores frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. "Ha llegado el momento de tocar el despido y lo vamos a regular de conformidad con la legislación europea", ha enfatizado la vicepresidenta segunda en funciones.
La jornada máxima legal se reducirá hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal "teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". Para Díaz, ésta será la legislatura "de ganar tiempo para la vida".
Asimismo, PSOE y Sumar se comprometen a impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países del entorno español.
En lo que respecta al SMI, garantizan que seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, estableciéndose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará "acompasado al 60% del salario medio".
"Tenemos que seguir subiendo los salarios y también el SMI. La mediana salarial está en 1.545 euros y con eso no se puede vivir. Los salarios tienen que seguir ganando peso frente a los beneficios empresariales", ha subrayado Díaz.
Se impulsará además un plan de choque frente al paro juvenil y también otro frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años.
En este sentido, el texto contempla el despliegue de los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.
Al mismo tiempo, las dos formaciones se comprometen a simplificar y mejorar nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso y la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo.
En materia de Seguridad Social, el texto del acuerdo recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
PSOE y Sumar plantean a su vez, en el marco de su acuerdo, revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de "readaptarlos y mantenerlos" una vez que expire su periodo de aplicación actual, así como fijar un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable --en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora-- para recaudar 10.000 millones adicionales.
"Lo que vamos a hacer es que las grandes empresas pagarán un Impuesto de Sociedades al 15% pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que perciben, y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal", ha señalado Díaz.
Dando continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura y a los trabajos de la Comisión de Personas Expertas, PSOE y Sumar se proponen lanzar una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura.
"Dicha reforma estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias", se asegura en el acuerdo.
Según ha argumentado Díaz, en España un pequeño autónomo o una pequeña empresaria tributa el 17,5%, mientras que una gran multinacional lo hace al 3,8%. "Y esto no es justo, se tiene que acabar", ha remarcado. Por ello, se ha planteado esta medida sobre el impuesto de sociedades que pretende recaudar, cuando esté totalmente implementada, 10.000 millones de euros.
Además, la titular de Trabajo ha asegurado que se va a reforzar también el impuesto a la banca y a las energéticas. "Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitir perder estos ingresos", ha señalado.
En el acuerdo se fija la revisión de los gravámenes con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.
También se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
Desde las formaciones que encabezan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se asegura que se pretende lanzar una reforma fiscal "orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social", por lo que se plantea una mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.
También quieren impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital, y ambas formaciones se han comprometido del mismo modo a extender el permiso de paternidad y maternidad desde las 16 hasta las 20 semanas, y remunerar al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso parental por cuidado de hijos si gobiernan.
También muestran su disposición a avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la directiva europea con el objetivo de "remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público".
Asimismo, aseguran que revisarán la prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la deducción por maternidad en el IRPF; y que reforzarán y mejorarán el IMV, "simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso" y extendiendo los itinerarios de inclusión socio-laboral.
PSOE y Sumar han acordado igualmente ampliar el horario de apertura de los centros en beneficio del alumnado, las familias y los docentes, así como a ampliar las ayudas para comedor y la disponibilidad de actividades extraescolares.
En materia educativa, ambas formaciones apostarán por "reforzar decididamente" la educación pública avanzando en la financiación del sistema público, hasta lograr el 5% del Producto Interior Bruto en inversión educativa, según lo previsto en la Ley Orgánica de Educación.
Como ya se había adelantado, el acuerdo de coalición también recoge la universalización de la educación de 0 a 3 años "promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas". Al final de la legislatura, aseguran que el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal.
También señala que terminarán de desarrollar una red pública suficiente de centros de Formación Profesional que garantice la cobertura de estos estudios, con particular hincapié en el desarrollo de la Formación Profesional Dual.
Las formaciones se comprometen a combatir la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para "asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos".
Igualmente, promoverán una educación basada en la tolerancia y el laicismo. Así, con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de Religión seguirán sin computar en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos.
"Seguiremos abogando por una tolerancia cero ante el acoso. Reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos", refleja el documento sobre el bullying.
En este sentido, PSOE y Sumar abordarán con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas.
El acuerdo también recoge la puesta en marcha de nuevas medidas para enfrentar los retos actuales, como el acoso y la violencia en el ámbito digital y de las redes sociales, especialmente en relación con las menores y las más jóvenes.
El acuerdo programático incluye el compromiso de impulsar la reducción de los vuelos domésticos en las rutas donde existan alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media, salvo en los casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.
A este respecto, Díaz ha indicado durante la presentación del acuerdo que el tren "está llamado a ser el transporte del siglo XXI", motivo por el que han acordado "que han de acabarse los vuelos cortos" siempre que "haya alternativa en tren".
En España hay varios vuelos diarios entre Alicante, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Madrid, todos ellos con una ruta alternativa de tren de alta velocidad que ronda las dos horas y media. Sin embargo, ninguno de ellos conecta directamente con el aeropuerto de Barajas, 'hub' desde el que parten la mayoría de vuelos internacionales, aunque existe un proyecto que fecha la entrada de la alta velocidad en el aeropuerto en los próximos años.
En otros países como Francia ya se han prohibido los vuelos que recorren distancias inferiores a 400 kilómetros o que tienen una alternativa ferroviaria de dos horas y media, lo que ha tenido efecto inmediato en los enlaces aéreos entre Nantes, Burdeos, Lyon y París-Orly.
Otro de los puntos abordados en el acuerdo es el fomento de un proyecto de software libre para que los pequeños municipios y la ciudadanía puedan tramitar el proceso de empadronamiento por Internet, sin que sea necesaria la tramitación de manera presencial.
En el texto, se hace mención así a la aceleración de la digitalización de las Administraciones Públicas, haciendo "más fácil" el acceso digital a todos sus servicios, incluido el padrón.
"Fomentaremos soluciones de software libre para que pequeños municipios y la ciudadanía pueda realizar el proceso del padrón de forma online", se lee en el texto difundido por PSOE y Sumar y que ha recogido Europa Press.
Ya en noviembre del año pasado, el Gobierno avanzó que el estaba trabajando junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un proyecto para crear un Padrón digitalizado que permitirá a los ciudadanos empadronarse desde su teléfono móvil u ordenador personal.
El PSOE y Sumar también han avanzado que simplificarán las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y las harán más progresivas, al tiempo que impulsarán una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales.
En el acuerdo programático se comprometen a acelerar la aprobación y ejecución de los fondos Next Generation pendientes, garantizando que la financiación llega a todo el territorio y a las empresas de menor tamaño, y terminarán de desplegar los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica (Perte).
Los dos socios de Gobierno señalan que apostarán por la producción de los bienes, servicios y materias primas en los que España ya tiene una ventaja competitiva consolidada o en los que debe tener una capacidad mínima de fabricación por su importancia para la economía del futuro.
También prevén la elaboración de planes sectoriales de descarbonización que acompañen a los distintos sectores industriales y económicos en la aceleración de la transición energética y el aprovechamiento de sus oportunidades.
PSOE y Sumar han pactado en el nuevo acuerdo de Gobierno de coalición, firmado por ambas formaciones, desarrollar la Ley de Memoria Democrática, impulsar las exhumaciones y culminar la resignificación del Valle de los Caídos. Asimismo, el documento recoge el compromiso de ambos partidos de avanzar "en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria".
"Desarrollaremos la Ley de Memoria Democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria", se puede leer en el texto del acuerdo.
De acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, se modifica la denominación del Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros, "como un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".
Además, la norma establece que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra, de sus protagonistas o de la Dictadura; que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil, y que solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas.
Asimismo, se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, "por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales". En todo caso, todavía está pendiente la aprobación de un real decreto por el que se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial.
PSOE y Sumar se han comprometido a aprobar un Plan contra el calor para adaptar los centros educativos al cambio climático y, en el ámbito de las residencias para personas mayores, garantizar espacios de interior y exterior adaptados a las condiciones climáticos. En el espacio universitario, las formaciones aseguran que desarrollarán planes estratégicos y Campus Verdes como parte de la sostenibilidad urbana.
"Vamos a hacer algo imprescindible, climatizar los centros escolares y las residencias de mayores", ha firmado la líder de Sumar durante la presentación del acuerdo de Gobierno de coalición.
En este contexto, PSOE y Sumar desarrollarán también la Estrategia de Adaptación al Cambio climático para incorporar respuestas para el calor extremo y recurrente, con el objetivo de" garantizar a cualquier persona la máxima protección ante los episodios climáticos extremos que se están normalizando y proteger a la población más vulnerable".
Así, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista en línea con el RDL 4/2023, así como la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud pública. También consideran fundamental la bioclimatización de los centros públicos, para convertirlos en entornos seguros, saludables, verdes y sostenibles.
En el apartado 'Una agenda verde para garantizar la sostenibilidad de hoy y de mañana', el documento apuesta por impulsar una transición ecológica justa, incrementando el liderazgo de España en este ámbito, y acompañando a trabajadores y comunidades para la diversificación y reactivación de sus economías.
Para ello, continuarán impulsando medidas para descarbonizar la economía y hacerla más circular y sostenible en el uso de recursos naturales, así como respetuosa con la naturaleza, mediante una política industrial verde que impulsará la transformación y modernización de los sectores económicos, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología.
Un eje esencial de la política industrial será, según recoge el texto, la Estrategia 'España, Potencia Industrial Verde', promoviendo la reindustrialización de España, el refuerzo de capacidades productivas y la cadena de valor asociada a la transición energética, y el aumento del empleo de calidad mediante el impulso de las oportunidades que ofrece la transición energética, en el contexto de revisión de la globalización que se está produciendo.
En este sentido, PSOE y Sumar quieren desplegar la hoja de ruta de gestión sostenible de las materias primas para reforzar la autonomía estratégica española y europea en esta transición. ,En el acuerdo consta una revisión de los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética "para aumentar su ambición". "España realizará la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y además trabajará para alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050", detalla.
Este pacto elevaría en 13 puntos porcentuales la propuesta actual del borrador del Plan Integrado de Energía y Clima, pendiente de aprobación, al pasar del 32% al 55% en 2030. Tal como se contempla en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, elaborará una nueva Estrategia de Transición Justa en 2024, identificando las oportunidades y desafíos de la transición ecológica a abordar en los próximos cinco años. La estrategia identificará además las responsabilidades de las diferentes administraciones y ministerios, los instrumentos de implementación. A este fin, reforzarán el Instituto de Transición Justa.
El documento también recoge impulsar las energías renovables mediante la simplificación y agilización de los trámites preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial y promover las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo. Para ello, marca como prioridad la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética.
Ambas formaciones también se han comprometido a trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores, "abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones".
Igualmente, impulsarán el establecimiento de una Comisión Nacional de la Energía, un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados "para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática". También reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores.
En las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable y respetando la normativa comunitaria, reservarán una cuota específica para instalaciones renovables de pequeño tamaño, las promovidas por entidades locales, ciudadanas y/o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad, y tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad e impacto de la cadena de valor.
Los partidos que lideran Pedro Sánchez y Yolanda Díaz apostarán por el despliegue racional del hidrógeno renovable "atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético, destinándose a procesos de difícil electrificación (ciertos usos industriales, transporte pesado terrestre, aviación, transporte marítimo).
También revisarán y desplegarán la estrategia contra la Pobreza Energética, reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarán a cabo los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico.
Respecto a las centrales nucleares, ambas formaciones defienden hacer un cierre de las nucleares "planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa".
El acuerdo también recoge la aprobación del 7º Plan General de Residuos Radioactivos, que integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares; y la actualización de la Ley de Aguas, blindando el derecho ciudadano de acceso al agua y su gestión en clave de emergencia climática.
Si gobiernan, promoverán un Programa Nacional antidesertificación; impulsarán una Estrategia nacional contra incendios de nueva generación; definirán planes territoriales de conservación y restauración ambiental para territorios y comarcas con alto impacto a causa del cambio climático (Doñana, Mar Menor, Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares); culminará el desarrollo de la Ley de Residuos; y retomarán la Ley contra el Desperdicio Alimentario.
