Concentración de Aerte contra el decreto de tipología de centros sociales - Foto: AERTE VALÈNCIA. (EP) El presidente de Aerte, José María Toro, ha apelado a "la responsabilidad" del Consell para que no apruebe mañana el decreto por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros sociales "sin analizar antes el impacto económico" que supondrá. "Sería una temeridad", ha advertido.
La patronal de residencias de mayores ha celebrado este jueves una asamblea extraordinaria para tratar la próxima aprobación de este decreto y al respecto ha acordado "emprender todas las medidas necesarias" para que se tenga en cuenta las observaciones del Consell Juridic Consultiu --la entidad emitió un dictamen en el que considera que el decreto requiere de informes sobre el sector-- y "se analice la incidencia económica que para las personas usuarias supone la nueva normativa y que la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad no ha hecho".
Asimismo, han decidido remitir una comunicación a todas las personas usuarias de centros y servicios de la Comunitat Valenciana con los incrementos de tarifa que le puede suponer y la mejora de la ayuda prevista por la Conselleria, para que "puedan comprobar el incremento del copago que le supondría la aprobación del nuevo decreto".
Al respecto, el presidente de la entidad ha cuestionado que el Consell "se atreva" a aprobar mañana este decreto cuando "no existe o se ha mostrado" el impacto económico que supondrá para las personas usuarias y que, según la patronal, puede acarrear "un incremento de la tarifa muy elevado" y con una subida de las ayudas que "no serán suficientes" para cubrirlo.
En ese sentido, ha advertido de que se generarán un incremento del copago "muy considerable". Por eso, ha confiado en que el Consell tenga "el sentido comun de entender que si no está bien, acreditado estudiado y presupuestado no se puede tomar una decisión de este tipo".
"Echar a la gente de las residencias argumentando que se va a hacer un mejor sistema porque va a haber más personas y requisitos puede derivar en un resultado totalmente contrario al que se pretendía: que por hacer un sistema mejor los usuarios tenga que irse porque no sean capaces de afrontar los pagos que supondrá este decreto".
