Antifraude detecta "irregularidades graves" en los pagos fuera de contrato a la ORA de València

VALÈNCIA. "Un servicio recurrente sin cobertura contractual" que se pagó "a través del procedimiento de enriquecimiento injusto por un tiempo a todas luces excesivo y que denotan una falta de planificación y diligencia adecuada". Así define la Agencia Valenciana Antifraude la situación administrativa en la que se encontró el servicio del estacionamiento regulado -la ORA- de València desde 2013, cuando finalizó el correspondiente contrato. La empresa que prestaba el servicio cobró unos 35 millones de euros aproximadamente hasta que se adjudicó de nuevo el contrato.

La relación contractual con la empresa adjudicataria del servicio se inició en mayo de 2006, cuando el Ayuntamiento de València lo gobernaba todavía el Partido Popular de Rita Barberà. Su duración era de cinco años prorrogables de año a año un máximo de dos ocasiones. Una posibilidad de la que el Ayuntamiento hizo uso alargando la cobertura contractual hasta mayo de 2013. Poco antes de que finalizara, el consistorio ya inició las actuaciones precisas para la nueva licitación.

Pasados dos años, el gobierno municipal aprobó en 2015, poco antes de las elecciones, la nueva licitación del servicio. Pero el concurso se truncó en 2016, cuando el nuevo edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, renunció firmó la renuncia al proceso al considerar necesario "un nuevo planteamiento en las políticas de movilidad" y también respecto a la ORA, concretamente "a nivel de de la estructura tarifaria a aplicar, como a nivel de redistribución de plazas, de oportunidad e idoneidad de las diferentes ampliaciones".

No fue hasta tres años después, en 2019, cuando la concejalía licitó el servicio de nuevo con unos pliegos más acordes a su visión de la movilidad, y los recursos de las empresas retrasaron el proceso hasta que el servicio se adjudicó este mayo, casi cinco años desde que se renunció en 2016. Pero desde 2013 que acabó el contrato, la empresa que presta el servicio ha estado cobrando religiosamente sin cobertura contractual entre 300.000 y 400.000 euros mensuales, en las mismas condiciones que marcaba el contrato.

Un excesivo retraso sobre el que la Agencia Valenciana Antifraude, que dirige Joan Llinares, asegura que "no se dispone de prueba o indicio" de posible fraude o corrupción, pero sobre el que sí dice que "se han producido déficits" en el cumplimiento de la ley de contrataciones, "siendo irregularidades graves" las halladas en todo este procedimiento. La Agencia pide al Ayuntamiento un plan integral para garantizar la cobertura contractual de todos los servicios, especialmente en las grandes contratas, así para tratar de evitar la vía del enriquecimiento injusto para pagar por estos servicios.

Hay que recordar que el servicio fiscal de gastos del Ayuntamiento ya señaló en uno de sus informes sobre el servicio de la ORA que se estaba pagando "sin respetar el procedimiento legalmente establecido" en las leyes de contratación, que exigía una licitación, y "sin la debida autorización y disposición del gasto con omisión de la previa fiscalización" de la intervención. Con todo, los técnicos municipales dieron su conformidad.

También la Intervención municipal incluyó este servicio en su informe de control financiero del Ayuntamiento de València de 2018, en el que daba un tirón de orejas al gobierno municipal debido a la precaria planificación de contratos como este. En este tipo de situaciones, las empresas cobran con facturas que escapan al control de la Intervención, una práctica que es legal pero cuyo abuso puede resultar motivo de advertencia.