Sobreseída la denuncia de Arturo Torró al gobierno de Gandia por el cierre de IPG

GANDIA. La denuncia presentada por Arturo Torró, alcalde de Gandia entre 2011 y 2015, a los responsables de la liquidación de Iniciativas Públiques de Gandia (IPG) por un presunto delito de prevaricación y malversación durante el proceso que se llevó a cabo para liquidar la empresa pública de Gandia ha sido sobreseída provisionalmente por la juez. Así lo ha podido saber Valencia Plaza, que ha tenido acceso al auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia. 

Según consta en el documento judicial, el juez procede a su sobreseimiento de las actuaciones por no haber aparecer debidamente justificada la perpetuación del delito que ha dado lugar a la formación de la causa. Según el auto, la documentación adjuntada a la misma no se infiere que existen los delitos denunciados por Arturo Torró y argumenta que “son conjeturas o sospechas que el denunciante expone en su escrito de denuncia”.

La denuncia parte de la documentación recopilada por Arturo Torró y en la que afirmaba que mostraba que “se llevó a cabo la liquidación sin aprobar ni presentar cuentas generales, ocultando los activos de la empresa y realizando ingresos y pagos sin guardar la prelación y requisitos procedimentales que establece la LSA”. De hecho, Arturo Torró explicó en su día que el gobierno presidido por Diana Morant “ha pagado de forma caprichosa a unos y no a otros, dejando en el cajón facturas”. 

Concretamente, la denuncia estaba dirigida a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant; Jorge García, interventor general del ayuntamiento de Gandia, los miembros del consejo de administración de IPG, los miembros de la Junta de Gobierno que formaban parte del mismo a fecha de 21 de octubre de 2015, los liquidadores de IPG y Luis Uribe Bañó, quien fuera el auditor de las cuentas anuales de IPG aquellos años.  

Sin embargo, el juez especifica que la documentación aportada no es suficiente para que se inicie la investigación penal “es preciso que junto a la identificación de los hechos delictivos se ofrezcan indicios objetivos de que se hubieran cometido, no bastando meras sospechas o hipótesis objetivas”. Por ello, la juez acuerda la incoación y el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Ante esto, cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días siguientes a su notificación.

Al respecto, Arturo Torró ha señalado que no presentará la documentación requerida: "Lo he consultado con los abogados y, de momento, no vamos a presentar ningún informe así que daremos algo de aire al gobierno". Una decisión que avala por entender que "la vía judicial no es el mejor argumento político, utilizado maliciosamente por Diana Morant" pero también porque "supondría un nuevo gasto para los gandienses". Además, expresa que con esta denuncia "se verían perjudicados compañeros y compañeras del Ayuntamiento, que no han participado de los desatinos e imprudencias del equipo de gobierno de Diana Morant".

Por su parte, José Manuel Prieto, co-portavoz del gobierno municipal de Gandia, ha señalado que "este auto demuestra que era una manera de desviar la atención de los casos jurídicos que Arturo Torró tiene pendientes" y ha destacado que "el gobierno actual ha hecho las cosas bien, siempre con transparencia y de acuerdo a la ley".