AVA y La Unió pedirán indemnizaciones a fincas con un 20% de frutos dañados por el cotonet

VALÈNCIA (EP). La Unió de Llauradors i Ramaders y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) exigirán este viernes a la Conselleria de Agricultura, durante una reunión convocada con el sector para analizar, entre otros temas, la problemática del Cotonet de Sudáfrica (Delottococcus aberiae) que deforma los cítricos, una batería de propuestas "urgentes", entre las que destaca el pago de indemnizaciones destinadas a aquellos agricultores cuyas fincas tengan al menos un 20% de frutos dañados a causa de esta plaga foránea.

Las organizaciones agrarias denuncian, en un comunicado, "el fracaso de la actual estrategia de prevención y control del Cotonet de Sudáfrica porque su expansión está fuera de control y dejará en la ruina a miles de citricultores de amplias áreas productoras", así como "el desconocimiento a estas alturas de las nuevas acciones que la Generalitat debería tener previstas para el año que viene puesto que es evidente que lo que ha hecho hasta ahora no funciona y necesitamos una estrategia eficaz cuanto antes".

La prioridad más inmediata para AVA-Asaja y La Unió es que el gobierno valenciano establezca una ayuda directa a las explotaciones afectadas en más de un 20% de su producción potencial. Asimismo, piden ayudas para cumplir con las medidas de bioseguridad e higiene que se establecen en el Plan de Acción contra el Delottococcus aberiae del Ministerio de Agricultura.

Sus propuestas abarcan tanto métodos de lucha biológica como uso de materias activas fitosanitarias. En referencia al trampeo masivo, ambas entidades instan a iniciar su fabricación a partir de septiembre y no esperarse al próximo mes de febrero; para ello antes la Conselleria debe arrancar del Ministerio el compromiso para autorizar de nuevo excepcionalmente dichas trampas; ampliar la proporción de 1x1 a 2x1 en el sistema de ayuda, de tal manera que haya dos trampas subvencionadas por cada una que el agricultor compre; empezar la fase de reservas como muy tarde en enero para garantizar las provisiones; y negociar con la empresa distribuidora para que no incremente su parte del precio de las trampas.

En cuanto a las propuestas sobre los parasitoides y depredadores de esta plaga, resaltan financiar la instalación de una planta de cría de microorganismos para la lucha biológica; una mayor inversión en la creación de una red de insectarios públicos; ayudas para que, además de los comercios privados y cooperativas, los pequeños agricultores tengan sus insectarios privados; y fomentar la cría de Anagyrus aberiae y Cryptolaemus montrouzieri e iniciar sueltas masivas en febrero.

También abogan por acelerar gestiones para importar el parasitoide Allotropa delottococci para su rápida cría y suelta masiva; y firmar un convenio entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) a fin de incentivar la suelta de Cryptolaemus montrouzieri a cargo de los ayuntamientos más afectados.

Las propuestas sobre los insecticidas son: hacer tratamientos colectivos a través de Tragsa con Metil-clorpirifos, después de una autorización excepcional, en zonas determinadas (infestación reciente) para evitar su expansión, siendo la producción no recogida y compensada al agricultor a precio de mercado; determinar materias activas eficaces y, si no están autorizadas para cítricos, facilitar los trámites para ampliar su uso o solicitar una autorización excepcional; conocer los efectos secundarios de las materias autorizadas a fin de respetar la fauna auxiliar; conocer el ciclo biológico de la planta y determinar el momento exacto de los tratamientos.

Cabe destacar una propuesta específica para el control de las hormigas, al tratarse de un vector muy importante de esta plaga, y autorizar en su caso materias activas.

Finalmente, las entidaes sugieren establecer un plan de formación a efectos de transferir la información disponible a los agricultores; un plan dirigido a evitar la dispersión de la plaga por maquinaria agrícola, cajones de recolección, ropa o utensilios de los trabajadores; y un sistema de detección temprana para realizar las estrategias de control con antelación.