Ayuntamiento y Generalitat tendrán que aportar 20 millones para pagar el resto de deuda del Consorcio

VALÈNCIA. El Consorcio València 2007, ente gestor de la Marina de Valencia formado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València, comienza a dar pasos para resolver el conflicto con el fondo oportunista le que compró al Banco Santander parte de su deuda impagada y que amenaza con acudir a los tribunales británicos para reclamar el pago.

El primer momento lo ha protagonizado el Gobierno central. El proyecto de Presupuestos de 2019, además de condonar más de 370 millones de euros del crédito que el ICO dio para pagar las obras de la America's Cup, incluye una partida de 13 millones destinados a saldar cuentas con el fondo TCA ECDF II Investments (Taconic) en la parte que le corresponde al Estado.

Tomando esa cifra como referencia, la Generalitat y el Ayuntamiento tendrían que aportar 13 y 6,5 millones de euros, respectivamente, para extinguir el resto del pasivo, ya que las tres administraciones acordaron abrir una negociación con el objetivo de llegar a un acuerdo extrajudicial con ese fondo y que cada uno se haría cargo de su parte correspondiente en función de su participación en el Consorcio.

A diferencia de la deuda con el Estado que el Gobierno ha perdonado a la entidad, que estaba avalada por el Ministerio de Hacienda, de los 67 millones de deuda impagada que el Banco Santander vendió a Taconic responden directamente los socios del ente.

El Estado y la Generalitat controlan cada uno un 40% del Consorcio, mientras que el Ayuntamiento de València posee el 20% restante. Los 13 millones que el Gobierno incluye en los Presupuestos son la mitad del porcentaje que le corresponde en el total de la deuda con el fondo.

El descuento con el que el Banco Santander cedió a Taconic la posición jurídica sobre la deuda vencida no ha trascendido, pero es habitual que en este tipo de operaciones los fondos especializados se hagan con los fallidos por un porcentaje que en ocasiones apenas representa el 10% del total.

El Gobierno desvela la estrategia negociadora

El movimiento del Gobierno es significativo porque implícitamente supone avanzar la estrategia que el Consorcio mantendrá ante el fondo en la negociación que se abrirá próximamente. Esto es, el precio de salida que el ente público planteará para cerrar un pacto que evite la vía judicial rondará los 33 millones, el 50% del total.

El precio de salida del Consorcio para cerrar un pacto extrajudicial rondará los 33 millones

Hasta ahora, la única referencia sobre el coste que las instituciones públicas tendrán que afrontar por esa cesión de deuda era bastante inferior. La avanzó el pasado verano delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, cuando explicó que la intención de las administraciones era que el fondo se pudiera conformar con alrededor de 8 millones.

Para ese cálculo, Fulgencio tomó como referencia un hipotético acuerdo base por el 10% de la deuda total más un 15% de recargo, que suele ser la rentabilidad media de este tipo de operaciones.

En relación a los 13 millones que el Gobierno ha incluido en los PGE de 2019, fuentes de la Generalitat apuntaron a este periódico que por el momento únicamente existe un mandato de negociar por parte del Consorcio, pero que ni la cantidad está clara ni tampoco el hecho de que se tenga que desembolsar en un solo ejercicio.

Este tipo de fondos son especialistas en comprar activos a precio de derribo para tratar de obtener posteriormente suculentas plusvalías en la negociación con los acreedores. El mejor ejemplo de una operación similar con Taconic como protagonista es la adquisición de los créditos de las autopistas de peaje quebradas con descuentos de hasta el 90%.

El origen de la deuda que Banco Santander cedió al fondo norteamericano es el swap –derivado financiero– que el Consorcio València 2007 se vio obligado a contratar para cubrir el riesgo del tipo de interés del crédito de 319 millones de euros que el ICO dio para las obras de la Copa América de vela.