VALÈNCIA. El guión de la quiebra de Banco de Valencia da un giro inesperado con la fusión de Bankia y CaixaBank. Los antiguos accionistas de la desaparecida entidad valenciana saldrán a priori muy beneficiados con la más que probable fusión de estos dos bancos, ya que este movimiento incrementa sus posibilidades de verse resarcidos del perjuicio económico que padecieron con la quiebra y posterior rescate de la entidad de la que eran accionistas.
Su motivo para la esperanza son las opciones que se abren para recuperar toda o parte de su inversión mediante indemnizaciones de las que se haría cargo la entidad resultante de esa fusión si así se determina en el procedimiento penal seguido en la Audiencia Nacional por la quiebra de Banco de Valencia, pendiente de la apertura inminente de juicio oral.
La reparación del daño causado al conjunto de estos accionistas podría situarse, según el cálculo que realizan los afectados, entre 400 y 500 millones de euros, un volumen que impactaría de forma notable en los resultados de las entidades financieras involucradas ya desde el mismo momento en que fueran llamadas al procedimiento al estar obligadas a provisionar las responsabilidades por litigios.
La condición para que esa expectativa de recuperación se concrete en realidad pasa por que el banco que surja con la absorción de Bankia por parte de CaixaBank acabe respondiendo ante ellos de la responsabilidad civil subsidiaria derivada de la gestión supuestamente fraudulenta de los anteriores gestores de Banco de Valencia.
Dado que en el auto de procesamiento dictado contra ellos por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya atribuye a Bankia la responsabilidad de cargar con esas posibles indemnizaciones, los especialistas de la firma Ribelles Abogados –despacho que representa a un grupo de accionistas que solicitó la responsabilidad civil de CaixaBank– consideran que el nuevo escenario es más alentador para los accionistas perjudicados.
Con la próxima unión de CaixaBank y Bankia se dará una curiosa paradoja, ya que la entidad de origen catalán ha conseguido hasta ahora esquivar el llamamiento al proceso como responsable civil subsidiaria, tal y como reclamó un grupo de accionistas de Banco de Valencia al considerarla sucesora universal del banco adquirido.
Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como por el juez instructor han concluido que el banco que preside José María Goirigolzarri, la Fundación Bancaja y Banco Financiero y de Ahorro (BFA) sí deberían cargar con posibles indemnizaciones.
Por ello, tan pronto como se haga efectiva la fusión, este grupo de abogados pedirá en el proceso judicial que la entidad resultante asuma esa misma condición de responsable civil subsidiaria que ya se le atribuye actualmente a Bankia.
Para librar hasta ahora al banco que preside Jordi Gual, Anticorrupción recurre a un argumento cuanto menos controvertido desde el punto de vista legal, ya que se basa en una excepción por la que CaixaBank, pese a ser la heredera universal de Banco de Valencia, no estaría comprometida ante sus antiguos accionistas por la gestión que lo condujo a la quiebra.
La Fiscalía reconoce que "lógicamente no cabe duda" de esa condición de sucesora universal en los derechos y obligaciones del extinto Banco de Valencia, pero considera que en este proceso se debe tener en cuenta que en la crisis de Banco de Valencia no se aplicó el derecho mercantil, sino que se planificó un rescate público "por cuestiones de interés general" relacionadas con la estabilidad del sistema financiero español.
La crisis bancaria española supuso, según Anticorrupción, "una inaplicación de la normativa general prevista para las crisis de las sociedades mercantiles". Se produjo, por lo tanto, un "trato diferenciado" de la situación que, según la Fiscalía, "justifica que la respuesta posterior también deba de ser analizada teniendo en cuenta dicha realidad".
Esto es, Anticorrupción rebate los argumentos de los pequeños accionistas que hasta ahora han peleado por que se reconozca la responsabilidad heredada por CaixaBank defendiendo que tales circunstancias avalaban "que no deba aplicarse" la normativa mercantil a la que aluden los recurrentes "desde el rigorismo único de la interpretación literal".
Siguiendo ese argumento, el juez Santiago Pedraz excluyó la responsabilidad civil subsidiaria de CaixaBank al considerar que, además de haberse rechazado la responsabilidad penal de Banco de Valencia a la que CaixaBank sucedía, no cabía la doble condición de querellante y responsable civil subsidiario en CaixaBank, pues podría causarle indefensión. Esta cuestión se encuentra actualmente pendiente de revisión y decisión por la Sala de la Audiencia Nacional tras el recurso interpuesto antes del verano por ese grupo de accionistas.
Como muestra de esta controversia basta con acudir al trato desigual que las defensas de las entidades sí señaladas como responsables civiles han puesto de manifiesto en sus recursos. Por ejemplo, en su recurso de reforma, la defensa de BFA instó a Pedraz a explicar "por qué no le son aplicables a BFA los argumentos esgrimidos para dejar fuera de la responsabilidad civil subsidiaria a CaixaBank y, en su caso, aplicar esos mismos argumentos para excluir, a su vez, esa responsabilidad civil subsidiaria para mi representada (BFA)".
Consultados ahora sobre los efectos que la fusión de Bankia y CaixaBank podría tener en el procedimiento, los especialistas de Ribelles Abogados insisten en que, sin perjuicio de lo que ahora resuelva la Sala de la Audiencia Nacional respecto a la responsabilidad civil subsidiaria de CaixaBank, Bankia sí que fue declarada como responsable civil subsidiaria en un auto del 13 de marzo de 2017. "Por ello, en caso de materializarse la fusión de Bankia y CaixaBank, la estricta aplicación del art. 23 de la Ley 3/2009, implicará que la entidad resultante, suceda a Bankia en las obligaciones que correspondan a esta en el procedimiento penal", aseguran los abogados.
Además se perder su inversión y participación en la entidad bancaria, los accionistas de Banco de Valencia consideraron como un fuerte agravio la forma en que el banco valenciano fue vendido a CaixaBank por un euro previo saneamiento con inyecciones de capital del Estado de 4.500 millones de euros y la garantía por parte del FROB de responder durante 10 años del 72,5% de las pérdidas que experimentase la cartera de pymes y autónomos y de riesgos contingentes.