Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Una pandemia mundial y ahora las consecuencias de una guerra en el este de Europa. El Ayuntamiento de València, como el resto de administraciones, ha tenido que reconfigurar sus prioridades en los últimos años por las circunstancias y la concejalía de Hacienda, dirigida por Borja Sanjuán (València, 1992), se encarga de gestionar todos estos cambios. ¿Es momento ahora de algunas rebajas fiscales? ¿Ha hecho el Ayuntamiento lo suficiente para paliar las repercusiones económicas de la crisis? ¿Cabe en València un gran evento como la Copa América? El edil de Hacienda conversa con Valencia Plaza, sobre muchas de estas cuestiones y otros asuntos de ciudad como la reactivación de las obras del Nou Mestalla.
- Llegamos casi al final del mandato, ¿en qué ha avanzado València en estos 7 años de gobierno de izquierdas?
- Este Ayuntamiento estaba absolutamente arruinado e intervenido con un Plan de Ajuste. Llegó a deber más de 1.000 millones de euros y en este momento debe menos de 300 millones, es solvente, paga en plazo a sus proveedores y ha reducido de una manera increíble las facturas en los cajones. Es un aspecto indiscutible que tiene mejor salud financiera y que está mejor gestionado. Por otro lado, se ha levantado la hipoteca reputacional sobre la ciudad de València. Cuando la gente piensa en València ya no piensa en corrupción ni en eventos absolutamente disparatados, sino en una ciudad que es Capital Mundial del Diseño, que ha acogido los Goya. Los informes de los think tanks más importantes dicen que es donde más ha crecido el empleo tecnológico en España y donde más ha disminuido la contaminación. Estamos en el mapa pero en el mapa de las cosas buenas, no en un mapa en el que intentamos impostarnos y parecernos a ciudades con las que no tenemos nada que ver. Ahora hay un modelo València y antes, un modelo aspiracional del que muchos se aprovecharon.
- ¿En este modelo no entran grandes eventos como la America's Cup?
- En este modelo hay proyectos y para los proyectos pueden ser rentables los eventos. El problema de hacer eventos sin tener proyecto, a parte de que se difuminan con el paso del tiempo, es que normalmente acaban en inversiones que no son sostenibles y en deudas astronómicas. Para ejemplo, la America's Cup. Hace muy poco hemos tenido que pagar 300 millones de euros que es la herencia de la America's Cup. Lo que no es rentable para una ciudad es hacer aquellos actos sea cual sea el precio, sean cuales sean las condiciones y sin hacerse ningún tipo de preguntas. Una administración responsable ha de hacerse preguntas: cuánto va a costar, cuál va a ser el retorno y sobre todo para qué hay que hacer ese evento. Nosotros hemos hecho la gala de los Goya, pero no es un evento aislado, sino que hay una estrategia de largo plazo en la que València es, cada vez más, un escenario para rodajes y con una industria cultural palpitante. La gala de los Goya tiene un sentido porque forma parte de un proyecto. Lo otro probablemente tenía más que ver con sacar una foto electoralmente rentable o intentar disfrazar València de algo que no es buscando rédito electoral, pero el resultado fue catastrófico no sólo para las finanzas de la ciudad sino también para un modelo económico que estaba descompensado.
- Otra gran cuestión candente en la ciudad. Sigue en el aire la reactivación del Nou Mestalla. Ribó dijo hace poco que si no se mantienen los beneficios de la ATE, podría haber retrasos en el proyecto.
- Es un planteamiento falso aunque seguramente bienintencionado, fruto de un mal entendimiento de lo que es la ATE y lo que es el convenio urbanístico. La ATE proporciona beneficios urbanísticos al Valencia para financiar la operación del Nuevo Mestalla. Pero esa operación está fijada en convenios que tienen su origen en una permuta mediante la cual esta ciudad dio al Valencia sus mejores terrenos dotacionales para hacer ese nuevo estadio. Y se fijaron unas condiciones de lo que la ciudad obtendría de esa operación. Más tarde la ATE otorgaba unos beneficios urbanísticos extraordinarios.
¿Se puede hacer el estadio sin la ATE? Perfectamente. Pero no podemos aceptar un marco de chantaje en el que hay que mantener al Valencia unos beneficios urbanísticos extraordinarios que le regala esta ciudad a cambio de un estadio que no cumple unas condiciones del convenio. No podemos entrar en un marco en el que parece que las administraciones estamos dificultando el inicio de las obras: el Valencia podría haber empezado las obras en todo este tiempo en que ha estado vigente la ATE y las puede empezar cuando ya no esté vigente la ATE porque Meriton ha incumplido los plazos. Y de lo que estamos hablando es de si se mantienen los beneficios extraordinarios de la ATE y a cambio de qué se mantienen. Cualquier responsable público que defienda regalar esos beneficios a cambio de nada o de un estadio peor que el estadio actual y que no cumple con lo pactado, se estará equivocando y quiero pensar que es porque no ha entendido la operación.
- Centrándonos en la gestión municipal, ¿hacen alguna autocrítica de estos casi dos mandatos?
- Estos mandatos vienen lastrados por situaciones imprevisibles. La pandemia ha obligado a reorientar muchas prioridades, pero se ha hecho bien: somos la ciudad que más ayudas ha dado para combatir las consecuencias económicas de la pandemia y hemos agilizado algunas actuaciones urbanísticas que la pandemia ha demostrado que eran urgentes como muchas peatonalizaciones. Pero lo que aún tenemos que hacer después de muchos años de debilitamiento del sector público es robustecerlo. La pandemia ha enseñado que tener unas administraciones públicas potentes no solamente garantiza derechos sino que es rentable y en momentos de crisis, imprescindible.
El problema que hemos encontrado es que cuesta muchísimos años revertir el debilitamiento progresivo al que el PP llevó el Ayuntamiento. Probablemente con un Ayuntamiento mejor dotado seamos capaces de hacer más cosas. Es un progreso que va más lento de lo que nos gustaría, también porque estamos muy coartados por la normativa estatal.
- El año pasado el Ayuntamiento acabó con 80 millones de ahorros. Eso significa que no se gastaron ese dinero.
- No exactamente. Cuando el Ayuntamiento no ejecuta parte de sus inversiones no quiere decir que el dinero se pierda, sino que se ejecutan a lo largo de varios años. Ese dinero no se pierde, como dice la oposición, sino que se invierte y se incorpora al presupuesto del año siguiente. Este año hemos incorporado 130 millones de esos remanentes que vienen a financiar inversiones.
Este Ayuntamiento hace dos cosas. Por un lado, recauda mejor que antes, cuando ni siquiera había inspección de tributos y no había control municipal a quien no pagaba sus impuestos. Y luego estamos ejecutando un volumen de inversiones mucho mayor: tres veces más que lo que ejecutaba el PP. El PSOE ha defendido que esos remanentes se usen para ayudar a la reconstrucción. Hubo varias posiciones: algunas [Compromís] eran más favorables a que ese dinero sirviera para amortizar la deuda pero nosotros siempre defendimos que había que invertir ese dinero en la ciudad, y al final lo estamos haciendo.
- Hasta que llegó la pandemia, esos ahorros que no se gastaban en un año, sí se dedicaban a pagar la deuda municipal y no a financiar inversiones. ¿No es así?
- Hay dos tipos de remanentes: el que está comprometido para inversiones que ya han llegado a cierto nivel de tramitación, que nunca va a pagar deuda y serían estos 130 millones de euros; y luego estaría el remanente general, que es el que ahora podemos reinvertir en la ciudad de manera extraordinaria al haberse suspendido las reglas fiscales y que antes teníamos que dedicar a amortizar deuda. Por cierto, que estas reglas son muy injustas porque tratan a los ayuntamientos como menores de edad. No tenía mucho sentido que estuviéramos muchos años reclamando decidir el destino de esos remanentes, y que ahora que podíamos decidirlo, lo dedicáramos a amortizar la deuda.
- ¿Esa liberación de las reglas fiscales aprobada por la pandemia debe convertirse ya en estructural?
- Sí. El corsé financiero a los ayuntamientos se tiene que acabar como un efecto positivo de las enseñanzas de la pandemia. Cuando los ayuntamientos han tenido autonomía han hecho una gestión correcta y han usado sus recursos para ayudar a la salida económica de la crisis. No tiene sentido que cuando pase la crisis de la covid y del aumento de los costes, los ayuntamientos vuelvan a un escenario con las manos atadas para decidir sobre sus recursos.
- Es cierto que cada año ejecutan más millones de euros en inversiones. Sin embargo, en relación a los anuncios que se hacen, es decir, a lo presupuestado, es cada vez menor. ¿Por qué esta tendencia?
- Cuando iniciamos unas inversiones, hay cosas que dependen del Ayuntamiento y otras que no. A veces se retrasan porque los contratistas ponen algún recurso, como por ejemplo en las obras de la Plaza de la Reina. Al final, lo que hay que ver es lo que está invirtiendo en la ciudad respecto a lo que se invertía antes. Todas las inversiones que se inician, se acaban haciendo, y lo que estamos hablando es de plazos de ejecución. Ejecutamos más cantidad y más rápido que cualquier otra administración municipal, pero la oposición tiene la intención de retorcer los números para mostrar una imagen que se aleja de la realidad. Es muy difícil criticar un gobierno que ejecuta tres veces lo que ejecuta el tuyo.
- Pero en 2016 se autorizaron el 74% de las inversiones; en 2021, el 55%. Cada año ha ido a menos. ¿Qué está ocurriendo?
- Pero la tendencia es a ejecutar más dinero. El porcentaje relativo respecto al total sería importante si el dinero que no se ejecuta ese año se perdiera. Si al final, todo se invierte, el dato relevante es la cantidad de recursos efectivos que se invierten. Y ningún gobierno anterior resiste la comparación con este.
- Durante la pandemia se han hecho escasas bonificaciones fiscales, como la exención de la tasa de terrazas. ¿Es momento de plantear una rebaja fiscal a la actividad económica?
- València es de las grandes ciudades donde menos impuestos se pagan. Un valenciano paga 300 euros menos de impuestos que la media de las grandes ciudades; la presión fiscal en València ya es baja. Y nosotros con esos recursos tenemos que prestar unos servicios con la misma calidad que el resto de ciudades. Por tanto, esta dinámica en la que los ayuntamientos tienen que prestar más servicios y dar más ayudas a la vez que se reducen los impuestos es una mentira por una parte o por la otra.
Somos el Ayuntamiento que más ayudas ha dado a los sectores más afectados. Y eso es mucho más útil que haber bajado los impuestos con categoría general. Por ejemplo, si hubiéramos bajado el IBI a todas las personas, habrían pagado menos aquellos que lo necesitan y aquellos que no. Un restaurante se podría haber ahorrado 300 euros de IBI pero este gobierno le ha dado 6.000 euros de ayudas. A cambio, aquellas personas que sí tenían capacidad económica han ayudado a que quienes peor lo estaban pasando pudieran recibir ese volumen de ayudas. Sin una cosa, no podríamos haber hecho la otra.
Pero es falso que no hayamos hecho bonificaciones. Hemos aumentado las bonificaciones a los sectores culturales. Cualquier sala de teatro, espacio cultural o de música en directo, tiene una reducción del IAE y del IBI. Suspendimos la tasa de terrazas en la época de restricciones y suspendimos la tasa de ocupación para espectáculos culturales al aire libre y en vivo y estudiamos volver a suspenderla.
- Precisamente ante esa bonificación al sector cultural, el sector de los hoteles se ha quejado porque cree que debería optar a esa rebaja al menos de manera coyuntural al haber sido uno de los sectores más afectados.
- Probablemente, todos los sectores a los que les preguntemos pensarán que deben tener reducción de impuestos. Pero este sector ha tenido ayudas económicas por parte de todas las administraciones. El sector turístico lo ha pasado mal y hay que ser empático con su situación, pero es el que se ha llevado el grueso de las ayudas vía ERTE. Todas las administraciones nos hemos volcado para que ese sector sobreviva porque es importante para la ciudad y el conjunto de la economía.
Pero es cierto que no todas las actividades son iguales, y la rentabilidad de abrir una sala cultural en un periodo normal es muy diferente a la de abrir una actividad hotelera. Solamente hay que ver la cantidad de teatros que se abren respecto a la cantidad de hoteles que se abren en esta ciudad. Evidentemente, tenemos que intentar como ayuntamiento que la oferta cultural que, además, genera actividad indirecta, sea la mejor posible. Los hoteles van a ganar más dinero en esta ciudad si las salas de teatro continúan abiertas. Intentamos generar un círculo virtuoso y poner los recursos públicos en las actividades que de verdad lo necesitan y generan valores que van más allá del meramente económico.
- La justicia ha dado la razón a un hotel para que se le devuelva el Impuesto de Actividades Económicas cobrado durante el cierre. Están en riesgo 750.000 euros ¿Se da por perdido este dinero?
- No, porque es el criterio que siguieron todos los ayuntamientos de España. En ese momento, la normativa del IAE obligaba a los ayuntamientos a cobrar ese impuesto, porque no se calcula con la actividad de ese año sino con la de dos años antes. Haberlo suspendido en ese momento habría conllevado no pagar dos años de tributo y eso no parecía tampoco una situación proporcional. Es una cuestión de la normativa estatal y queremos que el Tribunal Supremo clarifique la situación. En todo caso, el Ayuntamiento no debería perder esa recaudación, sino que debería compensarla el Gobierno, que es quien con buen criterio tuvo que decretar el cierre para salvar vidas.
- El cierre por el covid ha supuesto también indemnizar a contratas y concesionarias públicas. ¿A cuánto ha ascendido?
- Es difícil dar una cifra cerrada. Cada una de estas indemnizaciones es objeto de revisión porque hay que clarificar bien el qué, el cuánto y el cuándo de lo que se está indemnizando. Pero hay algunas cifras claras. Por ejemplo, más de 3 millones de euros para la actividad del Bioparc, casi 2 millones de euros para las concesiones deportivas, y otro tipo de concesionarias. En todo caso, superaremos los 5 millones de euros en indemnizaciones por la covid. Pero no es dinero que se da a fondo perdido sino que garantizamos que las actividades sigan en funcionamiento.
- ¿El Gobierno compensará ese dinero?
- Hemos podido pagar esas indemnizaciones gracias a la no aplicación de las reglas fiscales aprobada por el Gobierno. Son recursos que normalmente tenemos vetados. La realidad es que dos años después este ayuntamiento no se ha resentido financieramiente. Hemos podido hacer frente a la pandemia por los acuerdos del resto de administraciones: la Generalitat y el Gobierno han tenido una actitud positiva con los ayuntamientos. El Gobierno ha dado recursos extraordinarios y gracias a ellos hemos podido hacer frente a este tipo de necesidades.
- ¿Van a tener que pagar más indemnizaciones por el alza de los precios y de las materias primas a las concesiones públicas ahora? ¿Se puede resentir el presupuesto municipal?
- Lo fundamental es garantizar que los servicios públicos se puedan prestar y que, si hay alguna interrupción, sea la menor posible. Al final, el coste energético es algo que escapa al Ayuntamiento, y apoyamos completamente las demandas del Gobierno de España para cambiar el sistema de fijación de precios europeo. Pero tenemos que garantizar como administración que ningún ciudadano vaya a tener una limitación de servicios públicos.
- ¿Cómo va a repercutir todo esto en el Ayuntamiento?
- Estamos realizando cálculos, sobre todo en lo que tiene que ver con concesiones. Muchas de ellas tienen fórmulas de revisión de precios previstas en sus contratos; para otras habrá que acudir a otra serie de recursos. Lo estamos calculando, aunque probablemente sea a final de año cuando acabemos de equilibrar todas estas cuestiones, porque habitualmente van a año vencido. Pero el Ayuntamiento tiene recursos suficientes y hay medidas extraordinarias para conseguir estos recursos. No hay peligro para las finanzas municipales.
- El Ayuntamiento tenía previsto pedir la revisión catastral, el temido 'catastrazo' que presumiblemente subiría el IBI. Pero lo ha paralizado, ¿por qué?
- Porque el Gobierno está trabajando en un precio de referencia, que tendrá más que ver con el valor de mercado del inmueble que con los valores catastrales, que muchas veces difieren del valor de compraventa. Lo aplica ya en tributos como el de Transmisiones, y no tardará mucho en aplicarlo en el IBI. Es algo positivo, porque no es lógico que haya una diferencia catastral tan grande entre unas ciudades y otras por el año en que se hizo la revisión catastral. Eso permitirá comparar los diferentes sistemas tributarios y, cuando lo hagamos, a lo mejor a María José Català se le acaban los argumentos.
- ¿Será más caro?
- No tendría por qué. Va a ser más justo. Hay zonas cuyos valores catastrales está muy alejado de su valor real, y otros en el que el valor catastral es desproporcionado respecto a otras zonas. Hay que intentar que el sistema tributario sea lo más justo posible.
- Llevan tiempo intentando cobrar el IBI a edificios lucrativos de la Iglesia, pero no llega. ¿Qué pueden hacer?
- Hemos recibido una contestación de la Dirección General de Tributos a nuestra pregunta en la que pedíamos saber si éramos competentes para declarar como ayudas de estado las exenciones de las entidades sin ánimo de lucro en locales con actividades económicas. Nuestros técnicos están convencidos y cualquiera que estudie el caso estará convencido de que estas exenciones son una ayuda de estado y de que no deberían producirse porque están falseando la competencia. No tiene ningún sentido que dos locales que se dediquen a una misma actividad, uno pague el IBI y otro no; es una situación absolutamente anómala.
El Ministerio contesta que la declaración de ayudas de estado depende de la Comisión Europea y que los ayuntamientos sólo ejecutaríamos su decisión. Por eso estamos estudiando la posibilidad de elevar un expediente a la Comisión Europea para que analice si el régimen de beneficios fiscales de la Iglesia Católica y otras entidades sin ánimo de lucro es constitutivo de ayudas de estado. Si la Comisión resuelve a favor, el conjunto del estado español debería revisar su sistema de bonificaciones a entidades sin ánimo de lucro. Habría que adaptar la normativa española.
