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Bravo defiende que los poderes públicos lideren "actividades de alto valor añadido e  inclusivas"

8/07/2021 - 

VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado que la crisis provocada por la covid-19 ha enseñado que el papel de lo público "va más allá de atender los consabidos fallos del mercado" y que los poderes públicos deben "liderar, junto a empresas y emprendedores y con la complicidad de los sindicatos, actividades de alto valor añadido con pautas socialmente inclusivas".

Así se ha expresado durante su discurso de clausura de las Jornadas sobre el Acuerdo para la Mejora de la Economía y el Empleo de la Comunitat Valenciana organizadas por la UGT-PV que se ha celebrado este jueves en València. Este acuerdo fue firmado el pasado 29 de marzo por parte de la UGT, Comisiones Obreras y la Confederación Empresarial Valenciana bajo los auspicios de la Generalitat, según ha recordado la administración en un comunicado.

La consellera ha dicho que esta iniciativa "es un magnífico ejemplo de las posibilidades de la concertación útil y el diálogo social en un contexto como el actual en el que, más que nunca, la ciudadanía reclama consensos y liderazgos por parte de los representantes públicos".

De hecho, Gabriela Bravo ha recordado que el propio acuerdo no limita el papel de la administración como generadora de empleo público, pues "lo público va mucho más allá del trabajo directo cuando se trata de garantizar unas condiciones laborales dignas y un empleo de calidad".

Para la consellera, los "daños causados por la covid-19 obliga a las Administraciones a dar una respuesta adecuada, pero también el sector privado debe arrimar el hombro porque, en esta crisis, nadie puede quedarse atrás ni nadie debe quedarse al margen". De ahí que la Generalitat esté implementando medidas "para mejorar nuestra administración y que esté a la altura de los retos que tenemos por delante".

Según Bravo, en la Comunitat Valenciana se ha producido un "cambio radical" respecto a la reputación institucional que se arrastraba como demuestra el hecho que, en el Índice de Calidad de los Gobiernos Subnacionales que elabora la Universidad de Gotemburgo (Suecia) para la Unión Europea, la región haya pasado de ser de las últimas de España a formar parte del grupo de cabeza junto a Castilla-La Mancha y Baleares "cuando se valora la percepción cívica y de los agentes sociales en ámbitos como la corrupción, la imparcialidad y o la calidad de los servicios públicos en los ámbitos de la salud, la educación o el cumplimiento de la ley".

"Hay que configurar a la Administración como un eje tractor para la recuperación económica y social y como una palanca de la competitividad y el crecimiento económicos", ha dicho la consellera.

Bravo ha añadido que para conseguir este objetivo "la flexibilidad en el funcionamiento y la mejora de las capacidades de gestión son clave". Por eso, el gran debate político no es ya el del tamaño y la función de lo público en la economía sino el de su calidad ejecutiva.

Al respecto, la consellera ha mencionado las iniciativas que está llevando a cabo su departamento para mejorar la Administración Valenciana como el Informe del Grupo de Trabajo para el estudio y propuesta de medidas de modernización de la Administración de la Generalitat.

Este trabajo analiza cinco ejes (contratación pública, gestión de convenios, organización, simplificación administrativa o prevención de irregularidades) para el que se formulan 18 líneas de actuación y 63 propuestas de actuación para, entre otras mejoras, agilizar la tramitación y reducir la burocracia.

También ha destacado la aprobación de los 'Planes Agiliza' y el desarrollo del portal web de la Oficina de Simplificación Administrativa cuya versión de pruebas se pondrá en marcha a la vuelta del verano.

Por último, Bravo se ha referido al nuevo marco normativo para las plantillas de la Generalitat con la nueva Ley de Función Pública aprobada el pasado 16 de abril que permitirá desarrollar una política de personal distinta y más eficiente.

"El sector público no es el problema, sino que debe ser parte de la solución. Y para ello necesitamos estrategias que persigan una gobernanza pública imparcial, íntegra y, sobre todo, efectiva", ha concluido Gabriela Bravo.

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