Foto: EFE/Kai ForsterlingVALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha defendido que la reagrupación de partidos judiciales en materia de violencia de genero en la Comunitat no supondrá "ni cerrar juzgados ni suprimir servicios", sino todo lo contrario, pues implica "casi duplicar la planta judicial y los recursos".
Así lo ha afirmado durante su comparecencia en Les Corts Valencianes para explicar este plan de reagrupación de partidos judiciales, que ha generado críticas por parte del Colegio de Abogados de Valencia y de los partidos de la oposición, pero también algunas dudas entre los socios del Gobierno del Botànic.
Bravo ha explicado que con el sistema dual existente en la actualidad "más de 1 millón de mujeres no tienen acceso a una jurisdicción exclusiva y especializada en violencia contra la mujer", y "se ven abocadas a acudir a un juzgado mixto", algo que se trata de revertir con esta iniciativa.
Ha asegurado que el principio inspirador de todos los proyectos puestos en marcha por la Conselleria, y también de este, es "garantizar a las víctimas el acceso a la acción protectora de la justicia en condiciones de igualdad" para que "ni la situación económica ni territorial sea una barrera".
Así, el plan contempla para 2022 la creación de cinco nuevos juzgados especializados: en València (que agrupará al partido judicial de Quart de Poblet); Alzira (agrupa Carlet y Xàtiva); Sueca (agrupa Catarroja); Alicante (agrupa a San Vicente del Raspeig), y Elx (agrupa a Novelda).
Además, se agruparán los de juzgados de Violencia sobre la Mujer de Torrent y Picassent, y Paterna y Moncada, en Valencia, y los de Benidorm y Villajoyosa, en Alicante.
De esta forma, Bravo ha destacado que la Comunitat será la autonomía que más juzgados de Violencia sobre la Mujer creará de España este año, ya que de los siete previstos para todo el país, cinco se ubicarán en este territorio.
Para 2023, se crearán tres nuevos juzgados en Sagunto (agrupa a Massamagrell); Elda (agrupa a Villena), y Castelló, mientras que para 2024 se crearán los juzgados especializados de Vinaròs, Llíria, Requena, Alcoi (que agrupará a Ibi), y Xàtiva (que agrupará a Ontinyent).
Desde la oposición han denunciado que se recortan servicios, ya que mientras se desarrolla el plan, se suprimen los juzgados que atienden a las víctimas, al tiempo que han criticado que se incrementa la distancia que tendrán que recorrer las víctimas para ser atendidas, "a pesar de que se les quiera llevar en taxi o en Falcon".
"Estamos a favor de la especialización pero mientras no se haya llevado a cabo el plan, no recorte los juzgados que tienen esa competencia", ha reclamado la popular Verónica Marcos, algo en lo que ha coincidido también la diputada de Ciudadanos Mamen Peris.
Desde los grupos que sustentan al Gobierno, Compromís ha mostrado la preocupación de su grupo por el incremento de kilómetros que tendrán que realizar la víctimas, así como por la creación de un nuevo juzgado en Catarroja.
La consellera de Justicia ha negado que se haga ningún recorte de servicios. "Ni se van a cerrar juzgados ni a suprimir servicios", ha dicho Bravo, y ha asegurado que cuando concluya el plan se habrá "casi duplicado la planta judicial valenciana especializada en violencia de género", al pasar de los 16 órganos actuales a 29.
Además, ha manifestado que la distancia media que tendrán que recorrer las víctimas para acudir al juzgado, no para denunciar pues eso podrán seguir haciéndolo en la comisaria o cuartel más cercano a su domicilio, será de 15,4 kilómetros, con la única excepción de algunas poblaciones del partido judicial de Xàtiva.
Bravo ha destacado que el objetivo es tener personal que se dedique "única y exclusivamente a las víctimas de violencia" de género, algo que no ocurre con los juzgados mixtos, pues el personal que trabaja en ellos debe "atender múltiples materias y no puede haber dedicación especializada a las víctimas".
Para la consellera, compensa tener juzgados especializados, y ha señalado que si los recursos fueran ilimitados, pondría estos juzgados especializados "en cada uno de los 500 pueblos de esta comunidad".
Asimismo, ha dicho que este plan redundará en beneficio de toda la sociedad, pues si los jugados mixtos dejan de llevar violencia de género, tendrán menos carga de trabajo y más tiempo para atender otras cuestiones.
Bravo ha asegurado que este plan cuenta con el apoyo mayoritario de los representantes judiciales, y ha manifestado que seguirá trabajando con los colegios de abogados para superar los problemas que ha generado la iniciativa.
