Los canales de denuncia y la protección de informantes, a examen en la FEBF

VALÈNCIA (VP). La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha celebrado en su sede un Foro de Asesoramiento Patrimonial y Tecnológico (Faptech) bautizado como 'Canales de denuncia y protección de informantes. Ley 2/2023 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción', dirigido a la plaza financiera valenciana.

Dicho evento contó con la participación de la Agencia Tributaria Valenciana, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y Broseta. Este foro mensual, que ya cumple ocho años, fue promovido por el Consejo General de Socios de la FEBF en 2015. A la jornada asistieron socios y patronos de la FEBF como Andersen, Consum, KPMG o la UPV, y entidades invitadas como Senex Consultores, Productos Citrosol o Vectalia.

La jornada la abrió Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria Valenciana, presidenta y promotora del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana -en el que participa la FEBF-, quien agradeció el esfuerzo de la AVAF y Broseta para explicar esta ley tan novedosa. Seguidamente Joan Antoni Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, que explicó que la AVAF nace para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas, e impulsar la integridad y la ética pública. "Es el órgano de protección de personas denunciantes de corrupción en la Comunitat Valenciana".

Entre sus principales funciones destacan el fomento de la cultura de buenas prácticas, rechazo del fraude y corrupción en políticas públicas, así como en la gestión de recursos públicos. “Más del 90% de las intervenciones de la Agencia Valenciana Antifraude se dirigen al sector público, solucionando el gap jurídico generado en origen por considerar que la cobertura penal de la corrupción estaba exclusivamente circunscrita en el ámbito privado. También hay corrupción en el sector público y se debe combatir igualmente”, aseguró Llinares.

El ponente destacó la importancia de que La Agencia Valenciana Antifraude actúe con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, conforme establece su ley de creación. "Somos un organismo independiente. Tenemos la obligación de ser neutrales políticamente". Con respecto a los canales de denuncia, hay que diferenciar entre los canales internos y externos de denuncia para personas jurídicas del sector público. "Desde 2018, el canal de denuncias ha investigado un 87% de las alertas recibidas sobre irregularidades o incumplimiento", concluyó Llinares.

Acto seguido intervino Carlos Soucase, director del Área de Governance, Risk & Compliance en Broseta, que se centró en las obligaciones y requisitos que supone la norma para el sector privado y aplicación práctica en las empresas. "La Ley establece un sistema de control, que es más ambicioso que un canal de denuncias. Por ello es importante que si la empresa dispusiera de un canal de denuncias previo, lo adapte", manifestó.

Novedades y requisitos

Asimismo analizó las novedades y requisitos para las empresas introducidos por la Ley 2/2023, que traspone la conocida como Directiva Whistleblowing y ha dado las pautas para hacer una implantación práctica en las organizaciones. Para concluir su intervención el ponente aseguró que "es importante tener claro con esta nueva Ley qué puedo denunciar y a quién puedo proteger".

Los diferentes foros de encuentro de la FEBF comparten ideas e iniciativas de mejora entre profesionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a expertos y formación de interés para inversores y empresas familiares de la plaza financiera valenciana. Dentro de sus actividades destaca la realización de proyectos y estudios de investigación sobre iniciativa emprendedora, finanzas sostenibles o fiscalidad empresarial. En 2023 la FEBF ha realizado 16 acciones formativas (10 jornadas, 3 conferencias, seminarios y 1 curso) y 17 intervenciones en medios de comunicación.