Los ciberdelitos suben un 22% en el último año y las estafas ya representan el 90% del total

En cuanto a los ciberincidentes, el informe recoge --en línea con lo adelantado ya por el INCIBE-- que las infraestructuras críticas recibieron en 2022 un total de 546 ciberataques, lo que supone un descenso del 19,7 por ciento respecto a 2021.

La mayor parte de los incidentes contra las infraestructuras críticas fueron ataques contra los sistemas (60%), seguidos de los robos de información (21%) y, en menor medida, fraudes, intrusiones y el uso de malware.

Según este informe anual con datos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, descienden las amenazas y coacciones, los delitos contra el honor, la propiedad industrial e intelectual y la interferencia de datos y en sistemas.

En concreto, a mucha distancia de las estafas se sitúan las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (15.982 casos), que representan un 4,2 por ciento del total, pero que se reducen un 7,7 por ciento frente al ejercicio anterior.

Perfil del ciberdelincuente

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (son 72 por ciento de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española. Por ámbito territorial, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con mayor número de ciberdelitos denunciados, superando los 63.000 hechos en ambos casos. Le siguen Andalucía, con 56.900 infracciones, y Comunitat Valenciana, con 34.000.

El número de detenidos e investigados ha alcanzado en 2022 la cifra de 15.097 personas, lo que supone un aumento de un 9,4 por ciento con respecto al año 2021.

El Ministerio del Interior ha destacado que el informe de 2022 confirma la tendencia ascendente de los ciberdelitos, así como su "mayor peso proporcional en la delincuencia, que ha pasado de representar el 7,5 por ciento en 2018 a un 16,1 en 2022".

Este departamento lanzó en febrero de este año una campaña de sensibilización pública, con publicidad en grandes medios y una estrategia específica para redes sociales, para hacer frente a este incremento progresivo desde 2016. También ha tomado decisiones operativas como dar mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia.

Según Interior, por primera vez, además, la Secretaría de Estado de Seguridad ha contado con una dotación presupuestaria específica de cinco millones de euros para atender las inversiones necesarias para dotar de las capacidades tecnológicas adecuadas tanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.