Rafael Climent, conseller de Economía. Foto: I. CABALLER (Corts)VALÈNCIA. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, anunció este miércoles que va a pedir por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que la subasta de 3.000 megavatios de renovables que prepara el Gobierno se resuelva con una adjudicación territorializada para facilitar un reparto equitativo entre comunidades. Según el conseller, la valenciana está en desventaja respecto a otras regiones como Galicia o Aragón por su régimen de vientos, lo que a priori la haría menos atractiva ante potenciales inversores.
Climent hizo este anuncio durante su comparencia en la comisión de Industria de Les Corts para explicar las líneas del decreto Plan Energético Valenciano a petición de Compromís. La petición al Ministerio de Energía para que se reparta la adjudicación de potencia por comunidades se produce a pesar del bloqueo que actualmente existe sobre el plan eólico valenciano en vigor, diseñado por el PP en 2001.
El retraso a la hora de revocar parcialmente ese plan, cuyo nivel de desarrollo es nulo en algunas zonas, impide que empresas diferentes a las adjudicatarias puedan acometer inversiones en esas áreas a pesar de estar paralizadas. Esta situación ha privado a la región de poder optar a inversiones millonarias en la subasta que se realizó el mes pasado, lo mismo que ocurrirá en la próxima ya que la Conselleria de Economía admite que no se llegará a tiempo.
Ese parón administrativo sitúa a la Comunitat en situación de desventaja respecto a las demás comunidades que compiten por adjudicarse la mayor cantidad de potencia. Si se divide la adjudicación por territorios como propone el conseller de Economía, ese problema se resolvería parcialmente. En la última subasta, Aragón se llevó 1.200 megavatios de los 3.000 que salieron. La Comunitat, ninguno.
Climent aseguró que, si no se ha desarrollado el plan en vigor, es por un "problema de mercado", ya que las adjudicatarias que no han ejecutado sus planes lo han hecho porque no consideran rentable realizar las inversiones.
El conseller de Economía explicó que el desbloqueo del plan no se puede hacer "de un día para otro", sino que las revocaciones han de ejecutarse con todas las garantías para evitar litigios en el futuro. Además, dijo que el parón administrativo no se debe únicamente a la Conselleria que dirige, ya que se trata de una cuestión "transversal" que implica a otros departamentos.
El plan del PP marcaba 15 zonas en las que se autorizaron 2.697,45 megavatios de potencia pero solo hay en funcionamiento algo más de 1.000, un 44%. Las adjudicatarias disponían hasta el 31 de diciembre de 2007 para completar los trabajos, pero a pesar del incumplimiento la situación continúa paralizada años después.
La solución pasa por revocar las adjudicaciones de las seis zonas completas en las que no se ha desarrollado el plan, así como en la zona 7 que está sin ejecutar parcialmente. Rafael Climent repasó este miércoles el nivel de desarrollo de cada una de las zonas y dijo que la revocación más adelantada es la de la zona 4, que se espera poder tener lista a mediados de junio "si no hay alegaciones".
Mientras se mantenga este bloqueo administrativo, ningún inversor distinto del adjudicatario puede desarrollar un parque de aerogeneradores en esas zonas. Tal y como indicó recientemente a Valencia Plaza el presidente de la Asociación Valenciana Empresas Sector Energía (Avaesen), Marcos Lacruz, la eólica sigue siendo un coto cerrado de las empresas que se adjudicaron las zonas, a pesar de los incumplimientos. "Llevamos cinco años diciendo que esto podría pasar”, lamentó Lacruz.
A pesar de que en la subasta del mes pasada si adjudicó la totalidad de la potencia sin prima, lo que demostraría que el desarrollo de parques de aerogeneradores pude ser rentable aún en esas condiciones, la Generalitat mantiene dudas sobre el poder de atracción para los inversores.
En una reciente entrevista con este periódico, el director general de Industria, Diego Maciá, aseguró que la previsión es poder desbloquear "pronto" la situación, pero rechazó la idea de que la Comunitat esté perdiendo inversiones por el retraso en las revocaciones.
“Si las empresas que lo tienen no lo han presentado, a lo mejor lo que hay que plantearse es si es rentable. Hay zonas en las que se permite poner en marcha iniciativas según la normativa del PP pero no lo han hecho. El concurso que se siguió era muy mejorable, pero al final las que han querido lo han hecho. La cuestión es que mientras esté en vigor ese plan no podemos sustituirlo”, sostenía Maciá.
