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el eucrocristiano tibio / OPINIÓN

La coartada de la deuda autonómica

22/09/2024 - 

Los partidarios del pacto entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) e Izquierda Republicana de Cataluña (IRC) están difundiendo diversos argumentos para apoyarlo. Si quieres evitar que te confundan debes tener presente dos datos elementales: primero, el meollo del pacto consiste en transferir al Gobierno catalán la potestad de recaudar y administrar todos los impuestos relacionados con Cataluña; segundo, debido a que hay más ricos en Cataluña que en casi todas las demás regiones españolas, en la actualidad hay una transferencia neta de riqueza desde Cataluña a la Hacienda española. Con esos dos datos en mente es fácil interpretar los argumentos de los partidarios del pacto catalán. Con mis opiniones entre paréntesis, ahí van algunos de esos argumentos:

-Se trata de un asunto muy técnico, a resolver entre especialistas. (En realidad, se trata de un asunto muy político, puesto que tiene que ver con la soberanía)

-No importa quién recauda los impuestos, sino a qué se dedican. (La capacidad de imponer y recaudar impuestos es uno de los elementos centrales de la soberanía. Además, si no importase quién recauda no pasaría nada por negarles esa transferencia a los separatistas. Si da lo mismo quién recauda, ¿por qué iban a molestarse si siguiese recaudando la Agencia Tributaria española).

-Se trata de cumplir una previsión contenida en el Estatuto de Autonomía catalán. (En realidad, el Estatuto solo prevé un consorcio tributario para los impuestos exclusivamente catalanes, pero no para los impuestos españoles, como el IRPF o el IVA).

-El daño lo hacen las regiones gobernadas por el PP, que perjudican a las demás al rebajar impuestos. (En realidad, los cálculos de las distribuciones de fondos españoles se realizan antes de que las regiones apliquen sus facultades de modificar ciertos impuestos. En consecuencia, subir o bajar los tramos regionales no afecta en absoluto a la distribución conjunta. Los efectos de esas políticas regionales solo afectan a los ciudadanos de las regiones correspondientes. Ninguna va a recibir más dinero para compensar sus eventuales desgravaciones).

-El pacto contempla la ordinalidad, pero la ordinalidad ya se aplica en el Fondo Español de Solidaridad. (Eso es cierto, pero la ordinalidad no se aplica al Fondo de Convergencia. Y por una buena razón: si se aplicase no habría forma alguna de converger, es decir de atenuar las diferencias medias de renta pública entre los ciudadanos de las diferentes regiones).

Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ (EP)

-No hay transferencia de soberanía fiscal a Cataluña porque la capacidad normativa sigue residiendo en el Congreso de los Diputados y la iniciativa en el gobierno español. (Una verdad a medias: el pacto habla de que Cataluña podrá establecer sus propias normas fiscales "en coordinación con Estado y UE". Esa expresión no tendría ningún sentido si no hubiese una transferencia real de soberanía fiscal.)

-Las demás regiones pueden reclamar las mismas competencias fiscales que Cataluña (Esa nueva versión del café para todos sería suicida para las demás regiones, excepto Madrid. Puesto que ahora reciben más de lo que aportan, se debilitarían todavía más si se aislasen fiscalmente.)

-El pacto contempla la solidaridad con las demás regiones. (En efecto, menciona la solidaridad, pero sería absurdo suponer que los separatistas quieren la soberanía fiscal para beneficiar a las otras regiones. No en vano se dice que el parte y reparte se lleva la mejor parte. La experiencia con el cupo vasco y el navarro nos indica que habría un decremento drástico del Fondo de Solidaridad. En consecuencia, las otras regiones tendrían que subir impuestos o recortar servicios públicos).

En resumen, el pacto implica una cesión de soberanía fiscal desde España a Cataluña, que quedaría, en ese aspecto, como una nación confederada con el resto de España. Inagotables, los partidarios del pacto han creído encontrar en la reducción de la deuda autonómica una forma de compensar el posible perjuicio causado por el decremento del Fondo de Solidaridad. Ese argumento es doblemente falaz. Para entender por qué basta con revisar los datos de la siguiente Tabla, donde la dos primeras columnas se dan en millones de euros y la tercera en euros.

REGIÓN
DEUDA TOTAL  
CON EL ESTADO
PER CAPITA
ANDALUCÍA
38.032
 23.539
4.437
MURCIA
12.356
11.376
7.869
VALENCIA
57.676
 50.918  
 10.837
CATALUÑA
 87.253
74.328
10.874
MADRID
38.358
05.476

Nótese la peculiaridad de Madrid, que no debe nada al Estado español. Eso se debe a que goza de la suficiente solvencia para poder acceder a los mercados internacionales de capitales. Lo contrario ocurre en Cataluña, cuya credibilidad financiera está tan deteriorada que fundamentalmente le presta dinero el Estado español. Ya se ve que jugar con la reducción de la deuda autonómica para compensar el pacto fiscal catalán es una falacia completa. 

En primer lugar, porque la región más endeudada es precisamente Cataluña. En consecuencia, sería la primera beneficiada por esa posible reducción de la deuda. Para colmo, la supuesta reducción de la deuda no pasaría de ser un artificio contable sin consecuencias netas. Puesto que el acreedor es el Estado español, lo que un ciudadano ganase en disminución de su deuda regional lo perdería en su condición de español. Dicho de otro modo, sea como sea los contribuyentes españoles van a tener que afrontar esa deuda a través de sus impuestos.

No me opongo a transferir deuda desde las regiones a la Hacienda central, pero hago constar tres datos: eso no compensa en absoluto el decremento del Fondo de Solidaridad acarreado por el pacto catalán; también Cataluña se beneficiaría de la transferencia de la deuda; el truco de consignar la deuda al Estado no librará a los españoles de pagar los intereses de esas deudas.

Si después de todo esto siguen apoyando la transferencia de soberanía fiscal a Cataluña, los partidos de izquierda podrían ahorrarse sus emotivos cánticos a favor de la igualdad. Junto con el cupo vasco y el navarro, no hay nada más lesivo para la igualdad de los españoles ante la ley y ante la Hacienda que el pacto catalán.

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