VALÈNCIA. El día 24 de enero de 2023, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) iniciaron una huelga indefinida, sin precedentes, que a día de hoy, mes y medio después todavía continua. Ante esto, el Ilustre Colegio de Abogados de Alzira ha llevado a cabo una concentración para pedir más servicios que logren frenar los efectos negativos de esta interrupción de la actividad.
En primer lugar, aseguran que respetan el derecho constitucional a la huelga de cualquier trabajador y respaldan las "legítimas reivindicaciones" de los LAJS frente al Ministerio de Justicia. No obstante, según explican, la huelga ha supuesto la paralización total de la Administración de Justicia, afectando a todo tipo de procedimientos, pues el 62% de los LAJ secunda la huelga, y en concreto en el Partido Judicial de Alzira es del 100%.
Afirman que se han suspendido vistas, sin tener en cuenta el tiempo que podrían estar señaladas, paralizado el dinero consignado en los Juzgados, y en definitiva, "no se ha llevado a cabo ninguna actuación en la que intervenga o pueda intervenir el LAJ, habiendo juzgados que ni siquiera reportan información alguna respecto a un expediente ni permiten realizar un apud acta, una ratificación, o trámites en los que en la práctica diaria y habitual no está presente el LAJ".
"El derecho de huelga ejercido por los LAJS colisiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas del artículo 24 de la CE", alertan. Es por ello que algunos Colegios de Abogados ya han recomendado a los letrados que soliciten la celebración de las vistas de juicio aun con su ausencia física, siendo la decisión sobre la celebración de los juicios jurisdiccional. Y que tal solicitud se haga por escrito para evitar posibles futuras nulidades.
Desde el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y desde el Colegio de Alzira en particular, consideran que al ser la administración de justicia un servicio esencial, debe incluirse un porcentaje mínimo de procedimientos a celebrar, ampliándose para incluir más trámites dentro del catálogo de servicios mínimos o esenciales. En concreto, insisten en que deben atenderse aquellas actuaciones que afecten directamente a caducidad de las acciones, suspensión de los plazos para solicitar abogado de oficio, comparecencias, asuntos de familia en los que se vean involucrados menores, incapaces, siendo de obligado cumplimiento como servicio mínimo.
"Esta situación es insostenible, pues supone una paralización y por ende, un retraso en la Justicia, que ya de por si no cumple con unos tiempos justos para los justiciables. Se han llevado a cabo ya algunas reuniones entre este colectivo y el Ministerio de Justicia, sin al parecer, llegar a buen entendimiento. Por lo que desconocemos cuanto más puede alargarse esta fatídica situación, ya que parece que en un principio el Ministerio negaba el conflicto, posteriormente lo ha minimizado y ahora se está alargando en el tiempo. Pero no se están dando visos de llegar a una solución", lamentan.
Asimismo, destacan que el perjuicio que se está causando a los ciudadanos, principalmente," es irreparable", y se prevé que este retraso acumulado tarde años en regularizarse. Además, detallan que esta huelga está afectando colateralmente a otros colectivos como el de la abogacía y la Procuraduría, pues al final, "hay cinco cuerpos que se suben a un estrado, el juez, el fiscal, el LAJ, los abogados y los Procuradores, y sin estos cinco cuerpos no funciona el engranaje".
Desde el colectivo, hacen un llamamiento a la resolución del conflicto, con flexibilidad y diálogo, para que se pueda alcanzar un acuerdo pensando en el bien general y en los justiciables. "Interesamos que se atienda, por lo menos, el catálogo de servicios mínimos establecido, para minimizar en la medida de lo posible, las graves consecuencias que va a conllevar esta huelga indefinida, incluso pensar en algún plan de choque, para implantar refuerzos en los órganos judiciales una vez se produzca el alzamiento de la huelga", reivindican.
Por todo ello, instan al Ministerio de Justicia para que de forma inmediata se siente a negociar y llegue a un acuerdo con los sindicatos convocantes de la huelga, levantando la huelga indefinida.