La Comissió 9 d'Octubre pide prisión para los 28 procesados por agresiones en la manifestación de 2017

Además, reclama la prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros del domicilio de las entidades que forman la Comissió 9 d'Octubre así como de las manifestaciones o actos que convoquen. Para la entidad organizadora de la manifestación, se trata de delitos "muy graves" y destaca el perfil "violento y reincidente" de muchos de los acusados, según ha informado en un comunicado.

El secretario de la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y portavoz de la Comissió 9 d'Octubre, Toni Gisbert, ha dado a conocer este martes las líneas del escrito de acusación de la organizadora de la manifestación, formada por 14 entidades.

Según sostiene la Comissió, en los días anteriores a la manifestación, diversas personas y colectivos realizaron en las redes sociales llamamientos a impedir el derecho fundamental de manifestación y libertad de expresión de los convocantes, y considera que el 9 d'Octubre actuaron con "absoluta impunidad" al ocupar el lugar de concentración y a la hora señalada, la Plaza de San Agustín de València, donde un "numeroso grupo de violentos extremistas actuaron de forma organizada para impedirla", al tiempo que agredieron verbal y físicamente a ciudadanos que ejercían su derecho de forma pacífica ante la "pasividad de la Policía Nacional".

La Comissió destaca que durante el proceso de instrucción las acusaciones particulares han trabajado mucho para poder identificar a los agresores y aportar pruebas documentales, fotografías y videos "de su violencia y de cada uno de sus delitos".

Al igual que Fiscalía, que solicita penas que oscilan entre los tres y los siete años y medio de prisión para 28 acusados de agredir y coaccionar a profesionales de los medios de comunicación y asistentes a la manifestación, la Comissió 9 d'Octubre considera que se dan las circunstancias agravantes de abuso de superioridad, discriminación ideológica y, en algunos casos, reincidencia.

Además, y con vistas a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, la Comissió pide medidas adicionales de prohibición de aproximación a los domicilios de las entidades que la integran y a las manifestaciones y actos que convoquen durante un periodo de dos años, dada la reincidencia de algunas de las personas contra las que dirigen la acusación, que presentan un perfil "violento".

Amparo judicial

La Comissió 9 d'Octubre ha expresado su confianza en la Justicia y en que la ciudadanía que vio sus derechos de manifestación perjudicados tendrá el amparo judicial, al tiempo que lamenta y ve "grave" el contexto de "creciente extremismo violento" como, por ejemplo, lo muestra el envío de balas a ministros y cargos electos, el último de ellos, a un concejal de Compromís en Caudiel (Castellón).

La entidad pide un posicionamiento "firme y contundente" de los poderes públicos contra el uso de la violencia verbal y física y de la amenaza de violencia contra los pilares de la democracia, como son el libre ejercicio de los derechos fundamentales y la libertad de expresión y actuación de los cargos electos.