Los augurios sobre un “otoño caliente” se han multiplicado durante el verano ante las expectativas, ahora ya confirmadas, de un corte del suministro de gas ruso hacia Alemania, de la constatación de que la guerra en Ucrania va para largo y de que las medidas para contener la inflación no están funcionando. Este último dato anticipa una nueva subida de tipos de interés, aún más severa, por parte del Banco Central que podría llevar a las economías europeas hacia la recesión.
Entretanto parece que buena parte de la escena política valenciana no se da por aludida. En la última semana se ha reiniciado el curso político a golpe de anuncio. Hace unos días el President de la Generalitat anunciaba una reforma fiscal para luchar contra la inflación, sin concretar las medidas planteadas y apuntando de momento sólo al Impuesto de Sucesiones. Anteayer el PP respondía con su propia propuesta de reforma fiscal en su línea habitual incluyendo también la práctica extinción del Impuesto de Sucesiones. Supongo que algún lector avispado se estará preguntando qué narices tiene que ver el Impuesto de Sucesiones con la inflación. La respuesta es que nada en absoluto. Se plantea simplemente porque es una medida muy del gusto de la patronal que la pone encima de la mesa siempre que tiene la oportunidad.
La rebaja generalizada de impuestos ha sido contraindicada por las principales instituciones económicas internacionales. Ni los impuestos están en el origen de la inflación ni la han acelerado pero eso no importa, de lo que se trata es del relato. Siempre que se hable de impuestos se pondrá la carga de la responsabilidad sobre las Administraciones Públicas en lugar de hablar de especulación en bienes de primera necesidad, de los beneficios extraordinarios de las eléctricas o de la congelación de los salarios. Señalar a la fiscalidad es sencillamente un desvío de atención, es tan fácil como eso.
Justo antes del verano se generó bastante ruido acerca de la tasa turística en la Comunitat Valenciana llegándose a cuestionar si el PSOE cumpliría su compromiso de apoyarla. Una vez pasado el mal trago, en el mes de agosto el President de la Generalitat anunció primero ayudas por valor de 6 millones a los hoteles acogidos al programa del Imserso. Porqué hay que ayudar a quienes ya se benefician de las subvenciones del Imserso es una incógnita que no se ha aclarado todavía. A las pocas semanas se anunció un nuevo bono viaje para el turismo interno con una dotación de 8 millones para apoyar al sector a pesar de haber tenido este año una recuperación espectacular del número de turistas con un aumento medio de las tarifas de un 16,4%. Es decir, 14 millones dilapidados en contentar a un lobby empresarial como HOSBEC mientras no se plantea ningún tipo de fondo específico a sectores productivos realmente afectados por la inflación como la agricultura, la ganadería y la pesca. Se desperdician millones simplemente para aplacar a quienes no les gusta un impuesto como la tasa turística que ya se aplica en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno.
La situación es demasiado grave como para andarse con este tipo de jugadas. La política fiscal exige firmeza y seriedad, sería una irresponsabilidad asimilar las propuestas del PP que proponen dar hachazos a nuestro sistema tributario sin explicar donde pretenden recortar el gasto para equilibrar las cuentas. Durante las próximas semanas deberán elaborarse los presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio de 2023. El Botànic tiene la responsabilidad de abordar su elaboración salvaguardando los derechos sociales de los valencianos y poniendo en el centro el problema de la inflación y de un previsible retraimiento de la actividad económica. En año electoral es habitual que los partidos recurran a la cosmética pero en estos instantes ni la sociedad valenciana ni las fuerzas que componen el Botànic se lo pueden permitir.
Foto: JORGE GIL/EP
