VALÈNCIA. El tablero político a escala municipal en la comarca de la Ribera Alta abre un tiempo de cambios que se alargará desde este mismo jueves hasta el mes de febrero. Y, además, girará en una misma dirección: los alcaldes de Compromís dejarán paso a los del PSPV-PSOE, tal como estaba establecido en los acuerdos de gobierno. La primera en hacerlo será Catadau que lo formalizará este mismo jueves por la tarde, seguida de Carlet que está prevista para la próxima semana, mientras que Guadassuar esperará hasta febrero de 2022, según lo acordado.
En el caso de Catadau, sin embargo, esta transición política viene envuelta de polémica, ya que el futuro alcalde, Manuel Bono, fue expulsado del PSPV antes de las elecciones municipales de 2019. Esta decisión de la ejecutiva socialista se produjo tras conocerse que durante la anterior legislatura en la que Bono fue alcalde durante dos años, escribió una carta en la que manifestaba la "buena conducta" de un vecino condenado a siete años y medio por homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a su mujer en 2014.
Según explicó eldiario.es, la carta se adjuntó a la petición del agresor para que redujeran la distancia de la orden de alejamiento. En aquel momento, el excandidato socialista puntualizó que no defendía la agresión machista, sino que expresaba la "conducta ejemplar" del agresor hasta el momento de los hechos, así como su "arraigo" y el de su familia en el municipio.
Estos hechos a pocos días de las elecciones municipales causaron un gran revuelo en la localidad y las explicaciones de Bono no convencieron a su partido que, finalmente, le expulso de sus filas. Así, el aspirante a la alcaldía decidió conformar un partido alternativo, Independents Per Catadau (IPC) a la que se sumaron los miembros de la lista socialista. Este cambio político dejó al PSPV sin representación en las elecciones municipales de mayo 2019 en la que, finalmente, solo concurrieron el Partido Popular, la fuerza más votada con cuatro regidores, seguido muy de cerca por la nueva formación encabezada por Bono, con cuatro regidores y menos de 30 votos de diferencia y, en último lugar, Compromís, con tres regidores pero a un puñado de votos de los exsocialistas.
El ajustado escenario político que se dibujó en Catadau tras estas elecciones se presentaba complicado, no solo por la polémica que giraba en torno al candidato de IPC, sino por las relaciones "complicadas" que valencianistas y socialistas arrastraban de la anterior legislatura en la que compartieron alcaldía. "Intentamos negociar con ellos, exigían más tiempo de alcaldía porque tenían un regidor más, pero nosotros nos negamos porque la diferencia de votos era mínima y proponíamos dos años para cada uno", relata el que era hasta el jueves pasado alcalde por Compromís, Hèctor Roig. "Al final, por la presión por lo ocurrido con la carta, no llegamos a ningún pacto. Se tensó mucho, se pedía que no fuera Manu, que fuese otra persona, pero no llegamos a un acuerdo", recuerda.
Sin embargo, la sorpresa llegó en el pleno de investidura cuando los cuatro regidores de Independents Per Catadau votaron al candidato valencianista. "IPC nos dieron los votos sin llegar a un acuerdo previo", asegura Roig. "Cuando vi que iba a volver a ser alcalde cambié el chip y decidí que no iba a estar ni un minuto más con el ambiente que se había generado y que llevábamos arrastrando. En la primera reunión hablamos sobre lo ocurrido y les volvimos a ofrecer lo mismo que en las negociaciones: dos años de alcaldía para cada uno", explica. Así Compromís se hizo con la vara de mando en el municipio y fraguaron lo que han denominado como un "no-pacto": compartir la alcaldía, pero sin firmar ningún acuerdo oficial. "Porque me hubieran regalado sus votos iba a apropiarme de la alcaldía", justifica Roig.
Ahora se han cumplido algo más de dos años desde el inicio de la legislatura y este jueves por la tarde se celebrará el pleno de investidura del nuevo alcalde, Manuel Bono, con los votos de su partido y de Compromís. Un cambio que desde el ayuntamiento aseguran que "no se ha ocultado", pero que tampoco se hizo ninguna "publicación oficial". Eso sí, lejos de que la carta escrita por Bono haya causado un conflicto dentro del equipo de gobierno, las relaciones se presentan mejores que nunca. "Ha sido una transición modélica porque no ha sido necesario tensar nada. Al final los votos de las elecciones son los que son y los partidos de destinados a trabajar juntos", defiende Roig, quien no habla de "dos grupos municipales que gobiernan juntos", sino de "un solo grupo".
Esta situación ha traspasado al ámbito municipal y ha llegado al provincial tras la manifestación de la portavoz adjunta del Partido Popular y vicesecretaria de Política Social, Elena Bastidas, quien ha exigido a la coalición valencianistas que impida el apoyo al edil de IPC. "Si Compromís apoya la investidura de Bono, será cómplice de la defensa que este señor hizo en su momento de un condenado por violencia de género", ha manifestado Bastidas. Así, considera que si lo respaldan como primer edil "todas sus palabras sobre violencia de género serán papel mojado". Por su parte, el representante de Compromís en el municipio asegura que desde la ejecutiva comarcal y autonómica les apoyan: "creen que debe haber una transición tranquila", insiste Roig.
Más allá del polémico cambio de alcaldía, la primera mitad de la legislatura ha estado marcada por la gestión de la crisis sanitaria. Así, el cierre de los bares, la cancelación de actos presenciales o la consecución de una tras otra han sido los principales retos en el municipio. "Ha sido algo para lo que no estábamos preparados, teníamos que gestionar, en primer lugar, la salud de las personas y después la economía. Porque, aunque la salud es la primordial, no se puede descuidar ninguna de las dos", relata el anterior alcalde.
Con todo, Roig pone en valor las obras que han logrado poner en marcha en los últimos meses, como la reforma integral de la Casa de la Cultura o la de la piscina municipal, las que considera "necesarias y reclamadas desde hacía años". Así como la implementación de servicios como la oficina de ADL. "Al principio mucha gente no lo veía claro porque no se sabía sus funciones, pero a día de hoy no podríamos prescindir de ella porque permite el desarrollo rural de manera transversal", analiza Roig que, a partir de ahora, ostentará la tinencia de alcaldía y las áreas de Hacienda, Transparencia y Fiestas.
Pero en la hoja de ruta del ejecutivo local todavía quedan logros que conseguir en lo que resta de legislatura. Entre ellas destacada la urbanización de la ronda sur para descongestionar la zona escolar y del centro de día, o el asfaltado de la urbanización Lloma Molina, un proyecto que quedó paralizado con la llegada de la pandemia.
