VALÈNCIA (EP). El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València, que gobierna en la ciudad junto al PSPV, insiste en la propuesta que lanzó la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, en marzo de 2021 para aplicar una moratoria de apartamentos turísticos en régimen de explotación hotelera en edificios enteros (de uso exclusivo) en 37 barrios.
Una medida que asegura que lleva año y medio paralizada a la espera de un informe jurídico de la Concejalía de Desarrollo Urbano, dependiente de los socialistas. Es por eso por lo que urge a actuar a tiempo y evitar situaciones como las que se producen en otras ciudades como Madrid o Barcelona.
Con la moratoria se pretende paralizar movimientos especulativos de fondos buitre y grandes corporaciones que compran edificios enteros residenciales para destinarlos a apartamentos turísticos y así expulsan al vecindario de los barrios de la ciudad, con ejemplos como el de la calle Turia donde se logró evitar la expulsión de vecinos y negocios que desempeñan una función social y de arraigo en el barrio como una guardería, expone la coalición valencianista.
A su juicio, el uso de viviendas como apartamentos turísticos es un factor de presión importante sobre la disponibilidad de vivienda para la población residencial, "como se ha visto en los últimos 10 años, produciendo expulsión de la habitual población residente de los barrios más atractivos para el turismo (Ciutat Vella, Cabanyal-Canyamelar, Malvarrosa, Extramuros, Ruzafa, Grau...) por su influencia en el mercado, reducción de ofertas de vivienda y aumento desmedido en el precio de venta y alquiler de viviendas".
Compromís afirma que lleva un año y medio esperando el informe jurídico al que "se comprometió Urbanismo" para llevar adelante la propuesta de suspender la tramitación y el otorgamiento de las licencias y declaraciones responsables de obras y actividades por la implantación de nuevos apartamentos turísticos en régimen de explotación hotelera en edificios de uso exclusivo que se soliciten en las zonas de calificación urbanística de centro histórico protegido --a excepción de las que tengan un plan especial aprobado-- y calificación urbanística de Eixample.
Se trata de una medida que quiere aprobar "lo antes posible". La moratoria, que puede aplicarse durante un plazo de dos años, sería a su juicio una medida transitoria a expensas de estudiar en profundidad la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de València (PGOU) para aplicar estas modificaciones de forma definitiva.
Las zonas de calificación urbanística Eixample afectan a los barrios de Botánico, Arrancapins, Nou Moles, Soternas, La Petxina, La Roqueta, Pla del Remei, Russafa, Gran Via, Mont-olivet, En Corts, Na Rovella, la Fonteta Sant Lluïs, Patraix , la Raïosa, Creu Coberta, parte de San Marcelino, la Amistad, Albors, Camí Fondo, Creu del Grau, Ayora, una parte del Grao, la Vega Baja, parte de la Malva-rosa y Mestalla, Exposició, buena parte de Benicalap, Benimàmet y Benimaclet, San Isidro, Els Orriols, Torrefiel, buena parte de San Antonio, Tormos, Marxalenes y Tendetes.
"No podemos asistir impasibles a la expulsión del vecindario de nuestros barrios y por eso es necesaria una medida de contención y preventiva que nos dé un tiempo para estudiar en profundidad cuáles son los cambios puntuales a aplicar en el PGOU que sean más efectivos y equilibrados para proteger la vida residencial de la ciudad de València y, después de año y medio, se ha convertido en urgente tener ya el informe jurídico que es competencia de Urbanismo", subraya la concejala de Vivienda.
Compromís defiende que con la propuesta se sitúa "junto a los vecinos, quienes creen que si este fenómeno sigue continuarán aumentando los problemas de vivienda, limpieza, comercio, ocupación de vía pública..." Isabel Lozano asistirá a la cumbre vecinal que este fin de semana analizará el fenómeno del turismo en València y donde fijarán una postura común.
