VALÈNCIA. La residencia de estudiantes con capacidad para 575 habitaciones que se ha proyectado en el barrio de la Saïdia sigue generando nuevas tensiones. Después de las insistentes protestas vecinales que han tenido lugar en el barrio a lo largo de los últimos meses, ahora llega el turno del equipo de gobierno. Y es que, Compromís ha decidido tomar cartas sobre el asunto y ha propuesto modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impedir que las parcelas interiores de uso residencial puedan cambiar su uso a terciario. Un movimiento que frenaría de facto proyectos como el de la residencia pero que, sin embargo, ha sido acogido con cierta tibieza por parte del PSPV.
Este martes, la formación valencianista denunciaba públicamente que la implantación de un macrocomplejo turístico en el centro de un barrio residencial podría acarrear importantes tensiones entre el desarrollo de la actividad y los habitantes tradicionales de la zona, tal y como han venido manifestando ellos mismos a través de diferentes quejas. Así, con todo, Compromís proponía revisar el PGOU -que según apuntaban "ha demostrado en diversas ocasiones estar obsoleto"- para introducir una modificación puntual que garantice que ciertas parcelas de uso residencial no puedan cambiar a terciario, que es lo que a fin de cuentas ha sucedido en Saïdia.
Sin embargo, no será esta una medida específica para frenar el proyecto de la residencia en concreto, sino que también se podría extender a otras áreas "en riesgo" de la ciudad. De este modo, se muestran sensibles con las protestas del vecindario y reconocen que una actividad turística excesivamente intensiva podría "desestabilizar" el día a día del entorno. Así, y a este respecto, han accedido incluso a reunirse con representantes de los diversos colectivos de la zona para escuchar sus peticiones y "explorar" a su lado las diferentes alternativas que existen para congelar el proyecto de macrohotel, teniendo en cuenta que desde la concejalía de Actividades que dirige Compromís no pueden revocar la licencia si no hay una norma superior que les ampare.
Un movimiento que han asumido por su cuenta y a espaldas de la consideración de sus socios del PSPV, partido que además ostenta las competencias sobre Urbanismo. En este sentido, los socialistas se desmarcan y evitan valorar la idoneidad o no de la propuesta, al tiempo que recuerdan que ya se está trabajando en una estrategia global para frenar la terciarización y turistificación de la ciudad. Un plan a gran escala que, previsiblemente, incorporará medidas muy similares a las que propone ahora Compromís, por lo que defienden que lo mejor sería esperar a que este plan viera la luz antes de procurar cosas que pueden interferir con su desarrollo.
Con todo, no encuentran el sentido a las prisas de sus socios de gobierno y achacan su manifiesto público a una "necesidad de dar más protagonismo" a la recién nombrada síndica de les Corts por Compromís Papi Robles, quien también ejerce como portavoz de la formación valencianista en el Ayuntamiento de València y ha sido la encargada de elevar la proposición sobre el hotel de Saïdia. Enfrían de este modo posturas sin pronunciarse sobre la propuesta, todo ello a la espera de conocer las conclusiones de los informes y las medidas definitivas que se incluirán en el plan estratégico.
Un plan que, tal y como se ha adelantado, también tiene como objetivo principal proteger el uso residencial de los edificios en las zonas de la ciudad más tensionadas por el turismo y la actividad terciaria, aunque lleva retrasándose unos cuantos meses. Y es que, la primera vez que se presentó fue en el mes de abril del año pasado, cuando la concejalía de Vivienda que dirige Isa Lozano, de Compromís, presentó un borrador para prohibir la instalación de bloques exclusivos de uso turístico en 37 barrios de la ciudad.
En ese momento, Urbanismo, encabezado por la socialista Sandra Gómez, consideró que la propuesta no estaba lo suficientemente argumentada y que por lo tanto podría encontrarse con serios problemas en los tribunales, por lo que se la remitió nuevamente a Vivienda para que la revisara. En noviembre, se presentó el que se creía que sería el plan definitivo con 11 barrios, los que aparentemente más riesgo corrían de sufrir el fenómeno de la implantación masiva de negocios turísticos.
Sin embargo, en ese momento no se aprobó tampoco, puesto que Urbanismo decidió ampliar la propuesta a todo tipo de bloques terciarios: turísticos, pero también de oficinas o incluso para la venta a fondos buitre. Así, de nuevo, el plan para proteger los edificios de uso residencial sigue sin salir a la luz, mientras pasan los meses y crece el nerviosismo al no existir una norma que paralice la implementación de este tipo de negocios en los diferentes barrios de la ciudad. De hecho, Lozano ha llegado a expresar desde Compromís su inquietud por la tardanza en esta materia, mientras Urbanismo se encuentra sumido en la elaboración de un informe justificativo.