VALÈNCIA. El Consejo de Transparencia presentará en las próximas semanas su memoria anual de 2020. Un ejercicio en el que el órgano presidido por Ricardo García Macho, quien actualmente se encuentra en funciones, e integrado por otros cuatro consejeros vocales cuyo mandato también caducó hace unos meses, recibió más reclamaciones que en cualquier otro ejercicio desde que fue constituido.
En total, el Consejo recibió 255 quejas el año pasado, 45 más que en el ejercicio anterior. Una cifra que supone un 21% más de reclamaciones y peticiones de transparencia precisamente en un año marcado por la pandemia de la covid-19. La circunstancia es especialmente significativa por eso mismo, ya que supone un incremento de las protestas que el órgano recibe sobre la gestión en las administraciones públicas en pleno curso de la crisis sanitaria.
A expensas de conocer todavía más detalles de la memoria que el próximo mes de marzo deberá presentarse en Les Corts Valencianes, conviene apuntar que en el pasado ejercicio -aunque también en el actual- se han producido cambios significativos en normativas que afectan especialmente a la transparencia con la que operan las administraciones.
Como ejemplo, los grupos parlamentarios del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- introdujeron vía enmienda en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2021 un cambio significativo en la ley de contratos del sector público que, en definitiva, permite a la Generalitat contratar sin necesidad de realizar un concurso público. Es decir, contratar a dedo.
"Las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de reconstrucción covid-19 se considerarán de emergencia a los efectos previstos en el artículo 120 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público", decía la enmienda de socialistas, valencianistas y morados.
Una disposición que explicaron en su momento que no estaría únicamente sujeta a los fondos europeos para la reconstrucción a los que espera acceder la Comunitat Valenciana, sino que tendría alcance general. Es decir, que esta posibilidad de realizar contrataciones sin concurso público quedaría abierta a cualquier actuación que necesitase realizar la Generalitat cuyo fin estuviera ligado a la crisis sanitaria provocada por la covid-19.
Fuentes parlamentarias justificaron en su día que la enmienda venía motivada por la "urgencia" que requería la contratación ágil en una pandemia como la actual. Sin duda, con el cambio la contratación podrá ser más ágil, pero tendrá menos controles al no permitir que sean varias empresas las que compitan por una licitación en base a unos pliegos. En este sentido, con ella se abría la puerta a que en un futuro, compras importantes, como por ejemplo la construcción de los hospitales de campaña, se puedan adjudicar a las empresas a su antojo.
Junto a este cambio, el Consell también trabaja estas semanas en un decreto que pretende agilizar la ejecución del dinero procedente del plan europeo de recuperación y que no solo regula la gestión de esos fondos, sino que también modifica leyes como la de Hacienda y Subvenciones o la del Sector Público para aligerar el control previo y acelerar la ejecución.
El incremento de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia valenciano también se producen en un contexto en el que, según el último balance del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -órgano estatal- avanzado este lunes por Voz Pópuli, las Comunidades Autónomas batieron récord de opacidad en 2020. En este ejercicio, las autonomías habrían contestado tan solo al 65% de las 155 peticiones de información presentadas ante este organismo.