Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, han firmado este miércoles el protocolo de colaboración del sistema público de servicios sociales, que incluye la construcción y reforma de centros, la financiación de los servicios de atención primaria y la formación del personal.
Esta alianza va en cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat y se suma a las firmadas con las diputaciones de Alicante y Castellón, garantizando el derecho de todos los valencianos a acceder a estos servicios en condiciones de igualdad, equidad y justicia.
Tras seis años de colaboración, Oltra ha destacado este "paso muy importante" para asentar un marco normativo perdurable en el tiempo. Se trata, a su juicio, de tejer entre todas las administraciones un sistema público y fuerte de servicios sociales que sea "esa cuarta pata para el Estado del Bienestar junto con la sanidad, la educación y las pensiones", con unas infraestructuras "dignas" que están contempladas en el plan 'Convivint'.
Gaspar también lo ha resaltado para "normalizar esa atención primaria que hasta ahora era voluntad de la Conselleria o de los ayuntamientos con la ayuda de la Diputación" y que a partir de ahora se prestará de forma coordinada, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía.
Paralelamente, el protocolo regula la financiación de los servicios sociales de atención primaria, que corresponden a los ayuntamientos y mancomunidades como "primera puerta" de entrada al sistema. La Diputación financiará a los municipios de hasta 15.000 habitantes y la Generalitat se hará cargo de los más poblados.
La colaboración impulsa el plan de infraestructuras de servicios sociales en la provincia, que incluye la construcción y reforma de centros de atención primaria específica y atención secundaria, de acuerdo con el mapa de necesidades. Ambas instituciones participarán en la financiación de las nuevas infraestructuras y equipaciones mediante convenios a tres bandas y toma conjunta de decisiones y mesas técnicas.
En el caso de la provincia de Valencia, el acuerdo contempla que en cada área se tendrá en cuenta la lucha contra la despoblación y los criterios de equidad territorial como medio para contribuir a la fijación de las personas en el territorio, además de contar con un paquete básico de recursos para mayores, infancia, personas con diversidad funcional o salud mental.
En concreto, la Conselleria financiará íntegramente las prestaciones de su competencia al conjunto de los municipios, además de los gastos de personal y las prestaciones competencia de los ayuntamientos en los de más de 15.000 habitantes, a excepción de las cuantías que les corresponda. Por su parte, la Diputación se hará cargo como mínimo del 90% del módulo de los municipios de igual o menos de 15.000 habitantes. En 2021, las cantidades serán del 92% para el personal y el 90% en las prestaciones no competencia de la Generalitat.
Para garantizar la calidad de la atención, la Diputación participará en los espacios de estudio que se generan en el laboratorio de servicios sociales de la comarca de Ribera Alta, así como en los trabajos para la elaboración del decreto de Igualdad que definirá las tipologías de centros y servicios, en relación a las que afectan a las realidades rurales.
Mediante este protocolo, la Generalitat incorporará los planes anuales en materia de formación de las diputaciones provinciales en un programa cuatrienal de formación de los profesionales del sistema público valenciano de servicios sociales, en función de los objetivos y metas comunes al que se sumarán el resto de departamentos autonómicos y/o administraciones con competencias.
