Contra el vicio (de la tele pública) de pedir

El presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, está en su derecho y la directora general de À Punt, Empar Marco, en la obligación de pedir más financiación pública para la televisión de los valencianos. A todos los directores de medios de comunicación nos gustaría tener más presupuesto para contratar a más redactores, subir los sueldos y mejorar los medios técnicos con los que hacemos llegar la información a los lectores, así que es perfectamente comprensible que la responsable de À Punt quiera més sucre.

Menos comprensible es que las personas a las que se encargó poner en marcha unos medios de comunicación públicos con un presupuesto, firmado hace menos de cuatro meses, de 55 millones de euros al año para el período 2018-2020 se descuelguen ahora con que la radio y televisión autonómicas van a costar en su segundo año de emisiones 69 millones. Ese 25% de aumento recuerda demasiado a los porcentajes de despilfarro que se manejaban en la extinta RTVV cuando mandaba el PP.

Y peor aún es la causa esgrimida: que como les han cambiado la ley a mitad ejercicio, ahora incumplen la norma de que los gastos de personal tienen que ser, como máximo, un tercio del presupuesto. Y la forma de solucionarlo no es reducir los gastos de personal sino elevar el presupuesto total y que los casi 23 millones de euros que cuesta la plantilla sea una cifra ajustada a derecho.

Ciertamente, la ley que regula la CVMC cambió en mayo debido a una enmienda de Ciudadanos a la Ley del Consejo Audiovisual que introdujo la citada limitación: "Como garantía de la independencia de la corporación, se adoptarán las medidas y compromisos presupuestarios plurianuales (...) no pudiendo los costes del capítulo I superar un tercio del total del presupuesto". Pero resulta que esa ley se aprobó en Les Corts el 10 de mayo y entró en vigor el 24 de mayo de 2018. 

Una semana más tarde, el día 31, el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, y el presidente del Consejo Rector de la CVMC, Enrique Soriano, firmaban el contrato programa 2018-2020 de la televisión pública. Ese contrato programa, firmado cuando ya era conocida la limitación legal del coste de la plantilla, es el que fija la aportación plurianual de la Generalitat en concepto de "compensación para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público", aportación que se calculó en los citados 55 millones anuales para los tres primeros ejercicios (cifra que no incluye los aumentos salariales que les corresponden como trabajadores del sector público, que se sumarán a esa cantidad). 

El contrato programa resulta ser un despropósito en este sentido, pues incluye un presupuesto de gastos de la CVMC y su filial, la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC), que incumple la ley aprobada una semana antes. El coste de la plantilla es el 42%.

El cuadro es claro pero la redacción ambigua: la Generalitat aportará "la cantidad mínima de 55 millones de euros", dice literalmente el documento, lo que llevó a algunos a pensar que era carta blanca y que subir un 25% el presupuesto de un año para otro era más que razonable, teniendo en cuenta que el contrato programa permite aumentarlo hasta un 100%. De hecho, la propia Marco, en una entrevista publicada por Las Provincias una semana después de que Soriano firmara el contrato programa ya apuntaba que pediría "69 ó 70 millones", pero nadie se lo tomó en serio.

La enmienda trampa

Tendría que explicar Ciudadanos el sentido de esa enmienda, porque si la idea era que À Punt tuviera menos plantilla que la anunciada hace un año con la relación de puestos de trabajo –a muchos entre los que me incluyo nos parece excesiva– o que se ajustasen los sueldos, le puede salir el tiro por la culata. Cierto es que cuando se aprobó la enmienda, el número de contratados rondaba los 350 –al final serán cerca de 500, de los que falta incorporar a unas 75 personas– y podía haberse adecuado la plantilla a la nueva realidad. Pero eso no iba a ocurrir porque ninguna indicación en ese sentido se dio a la dirección del ente, que no puede quejarse de que desde Les Corts les aprieten mucho. Así que, establecido por ley el límite de gasto de personal en 18,3 millones para este año, siguió aumentándose la plantilla hasta los casi 23 millones previstos. 

Llegamos así otoño con una situación de hechos consumados en los que nuestros representantes en Les Corts se van a encontrar frente a un escenario dejà vu. O sueltan 14 millones de euros más o habrá que despedir a parte de la plantilla, de lo que se les hará responsables al cien por cien porque los trabajadores no son los culpables. Y ya saben a lo que se exponen porque son los mismos que protestaban a Alberto Fabra y después a Mónica Oltra.

Seguro que los directores del Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o del Servef, por poner dos ejemplos, estarían encantados de elevar su presupuesto un 25% en 2019 para ofrecer mejores servicios. O el de CulturArts, para dinamizar la industria cultural. Por no hablar de lo bien que le vendrían esos 14 millones a Oltra para dar una mejor atención a los menores tutelados por la Generalitat. 

Seguimos infrafinanciados, aunque algunos se hayan olvidado, y hay que mirar cada euro. Así que lo mejor que pueden hacer los grupos políticos de Les Corts es eliminar, vía Ley de Acompañamiento, ese artículo trampa y dejar que los responsables de À Punt distribuyan como estimen conveniente su presupuesto. Su presupuesto de 55 millones, claro.