Corrupción con tomate

El informe de la UCO sobre como nuestros gobernantes se peleaban por las mordidas de Ciegsa no es una sentencia, es un informe de la Guardia Civil, un texto acusatorio que no serviría para condenar a ninguno de los citados, a excepción del único declarante, Marcos Benavent, chorizo confeso, exyonki del dinero y ahora yonki del arrepentimiento, que también de su verborrea sacará tajada en forma de rebaja de condena –de momento, sigue en la calle– y quien sabe si algún dinero, si le quedara algo por contar en un best seller tipo: Manual del corrupto, "basado en hechos reales". Y a excepción, quizás, de Máximo Caturla, mala copia de Benavent, sin gracia ni estilo.

El resto de aludidos, Francisco Camps, Font de Mora, Betoret, Campos y hasta el mismísimo Gerardo tienen más opciones de defenderse ante un juez a pesar de las conversaciones entre Benavent y Caturla que hemos leído transcritas y las apostillas de Benavent y de la Guardia Civil, por si no había quedado claro de quiénes hablaban: Gero es Gerardo, el "presidente" es Camps –no Alfonso-, Víctor es Campos y el tuerto es Carlos Fabra.

El informe sobre el saqueo de Ciegsa contiene conversaciones –"Yo creo que debes hablar con Gerardo. Víctor es recaudador, y ese recauda, pero va su puto culo y recauda mucho para el tuerto y para él"– que tumbarían gobiernos en latitudes al norte del paralelo 45. Aquí no, aquí el diputado por Alicante Gerardo Camps se enciende un puro cada vez que su nombre sobrevuela un escándalo.

Con todo, el trabajo de la UCO queda cojo sin las declaraciones de los políticos citados, que ya han salido –no todos– a desmentir a Benavent. En el caso de Francisco Camps, a denunciar al guardia civil autor del escrito por atreverse a sospechar de quien sólo era el presidente de un Gobierno lleno de presuntos ladrones ahora imputados –uno ya en la cárcel– y de un partido podrido. 

Camps, como Rita Barberá, no se manchaba las manos ni se lo llevaban crudo más allá de algunos regalos, y es probable que también en este caso, como en Gürtel, como en Nóos, se vaya de rositas penalmente hablando. Sí, es posible que veamos a Camps y Barberá darse golpes de pecho hasta el fin de sus días ajenos a las condenas de sus consellers y concejales que sí se manchaban las manos. 

Y a Gerardo encenderse otro puro para celebrar que su nombre sigue en la lista del PP por Alicante porque el partido tiene un código ético mágico que castiga a los políticamente responsables diga lo que diga la Justicia con escaños y a los repudiados con una baja en el partido que supone 2.300 euros más al mes de sueldo por un sillón que ni tiene que calentar.

Las consecuencias

Continuemos por lo más importante. Miles de niños valencianos no han conocido otra instalación educativa que los barracones mientras quienes tenían el dinero, nuestro dinero, para resolver esa situación desviaban grandes cantidades para financiar al partido o para beneficio propio, a lo bruto –mil, dos mil, tres mil…– o con sutiles métodos como el del tomate de Caturla.

El del IES de El Cabanyal es un ejemplo de manual de la corrupción: El consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, adjudica a dedo las obras de la segunda fase de este instituto –11 millones de euros, cuando el precio de todos los centros licitados por Ciegsa oscila entre los 4 y los 8 millones– a la constructora BM3. Los responsables jurídicos de Ciegsa justifican el dedazo porque la obra es urgente, ya que así lo ha dicho la Conselleria con la firma del secretario autonómico de Educación, que no es otro que Máximo Caturla. Ese mismo año, BM3 gasta 96.600 euros en tarros de tomate frito –unos 20.000 a precio de mercado– de la marca Kikí, cuyo fabricante es la empresa Estilo Kikí SL, propiedad de un tal Máximo Caturla.

La Sindicatura de Comptes comprobó, año y medio después, que acabar el colegio era lo de menos; que el IES no tenía que hacerse por fases sino de una sola vez, según el proyecto inicial, y que la urgencia de la Conselleria se había evaporado como los billetes, a la vista del tiempo que se tomaba la constructora. Tan poco urgente era, que el Síndic de Greuges le decía a la Conselleria ¡en 2015! que a ver si empezaba de una vez la tercera fase de las obras.

Puede que algún periódico recogiera, en Navidad de 2006, aquella desfachatez, una más de las incluidas en los informes de la Sindicatura de Comptes, al tiempo que Gerardo, seguro de que nunca pasaría nada, se fumaba otro puro y pedía a su equipo de Hacienda que se afanase en meter facturas en el cajón: Este año me lo cerráis con superávit, que en mayo hay elecciones.