VALÈNCIA. Tras más de un año al frente del cargo, este martes Alfred Costa acudió a Les Corts para hacer balance de su primer año como director general de À Punt. Una sesión a la que seguiría apenas unos minutos más tarde la subcomisión que estudiará la reforma de la ley de la radiotelevisión valenciana aprobada en 2016, por lo que el director quiso aprovechar la ocasión para lanzar algunas advertencias a sus señorías para que las tengan en cuenta a la hora de abrir ese melón, pero también se pronunció sobre cuál es la plantilla "ideal" para la cadena.
En un mes en el que UGT ha advertido que llevará a los tribunales la OPE de 2020 por ser parcial y en el que el comité de empresa ha llegado a un acuerdo con la dirección general y la presidencia del ente para que pida a Hacienda que se convoquen las plazas no incluidas en la Oferta de Empleo Público del año pasado, Alfred Costa subrayó este martes en la comisión que la plantilla ideal de À Punt es la que permita "asumir el contrato programa" porque de lo contrario "este queda anulado". "¿Cuál es la plantilla ideal para poder llevarlo a cabo por tanto? Pues mínimo la que tenemos ahora, la actual", concluyó de forma tajante.
En estos momentos, según fuentes oficiales de la Corporació hay 465 personas en plantilla en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Una cifra sustancialmente por debajo de las plazas autorizadas por la Conselleria de Hacienda para la OPE de 2020: un total de 349. Así, como ha venido informando este diario, para aprobar este número de puestos en la Oferta Pública de Empleo el departamento que dirige Vicent Soler se basó en la RPT que À Punt diseñó en 2019 y no en la de 2020 porque, según explican fuentes consultadas por este periódico, la Corporació la "remitió tarde".
Por lo que, a pesar de que el Consejo Rector diseñó una OPE de 376 plazas para el año pasado, Hacienda autorizó 27 plazas menos. Y existen dos versiones sobre el asunto: desde la Corporació explican que pidieron aglutinar a varias categorías de redes sociales en una sola, pero no pudo atenderse tal petición por parte de la Conselleria. Y según fuentes de este departamento, la RPT de 2019 no estaba reconocida la categoría profesional de "analista web" (como sí lo estaba en la de 2020). Por lo que finalmente, se excluyeron estas plazas.
El Consejo Rector pidió hace unos días a Hacienda que publicara otra OPE no solo estos 27 puestos, sino también los restantes hasta alcanzar los 404 de su RPT. Por lo que, en total, la petición que realizará la presidencia de À Punt a Hacienda tras comprometerse con los sindicatos es que se saque una OPE este año por las 55 plazas restantes. Para Costa, eso sí, la plantilla idónea para cumplir con los porcentajes de producción propia que marca el contrato programa es de 465. Una diferencia de 61 plazas que, según la intención de los representantes de los trabajadores, es que se fuesen cubriendo con puestos de jefaturas, si bien está todavía por definir la fórmula.
La fórmula del tercio "no es adecuada"
El director general también aprovechó su intervención para referirse al apartado de la norma que impide a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) destinar más de un tercio del presupuesto total del ente a gastos de nóminas. La conocida como regla del tercio de personal que el Botànic ha tenido hasta en dos ocasiones que dejar sin validez a través de la Ley de Acompañamiento porque la cadena sobrepasaba ese límite.
"La fórmula del tercio de personal que se aplica también a sustituciones o bajas laborales, no es la fórmula adecuada y este control -del presupuesto- se puede ejercer de otras maneras", advirtió el director general de À Punt para, más tarde, lanzar propuestas a los diputados de la Cámara. "Permitir que ese gasto sea del 39% como es actualmente, con lo que sería viable cumplir el contrato programa; aceptar como vinculante el crecimiento general en el conjunto de la Generalitat Valenciana; corregir la diferencia con una razonable y progresiva aportación presupuestaria a tres años vista, nada que no diga la ley de creación sobre la aportación mínima de la Generalitat; o bien una combinación de las tres fórmulas", concluyó Costa.
Respecto a la primera propuesta, cabe apuntar que con la plantilla actual el gasto de personal es de 24,2 millones de euros en un presupuesto global de 66 millones. En cuanto al segundo planteamiento, el director general de À Punt ha venido reivindicando que la ley obliga a la cadena a realizar unos porcentajes mínimos de producción propia para los que es necesario contar con la plantilla adecuada porque, de lo contrario, sería inviable cumplir con la ley. Y sobre la tercera propuesta de que se aumente progresivamente el presupuesto, conviene apuntar que la ley de creación de la CVMC contempla que las compensaciones "para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público se consignarán en los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato programa, y nunca podrán suponer un importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de estos".
Una horquilla que en los últimos años de dirección de Empar Marco no se cumplieron si se hacía el cálculo teniendo en cuenta los gastos del servicio de la deuda; de lo contrario, si esta se excluía, sí se cumplía con los porcentajes legales. Un matiz que la ley no clarifica y que permite a la Generalitat a hacer diferentes interpretaciones.
El "pacto de precios"
Costa también se pronunció sobre la sanción de 43.000 euros impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a las empresas Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza. De la primera de ellas es consejero delegado Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y las dos siguientes están administradas por la familia Adell Bover. El motivo de la multa fue el pacto de precios para ganar varios lotes de corresponsalías de À Punt, lo que Competencia consideró una forma de actuar muy grave y apuntó a una infracción por objeto entre competidores constitutiva de cártel en el ámbito de la contratación pública.
Fue la propia radiotelevisión valenciana la que detectó la operación en mitad del proceso –los contratos nunca llegaron a firmarse– y puso los hechos en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que a su vez lo trasladó al órgano autonómico –adscrito a la Conselleria de Economía en manos de Compromís–. El expediente se inició en octubre de 2019 ante posibles incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se resolvió el pasado noviembre con la citada sanción.
Uno de los aspectos más relevantes de las conclusiones de Competencia era que las empresas disponían de información sobre la licitación –tanto del lanzamiento como de los términos– con carácter previo a su publicación en los canales oficiales. Algo que venía demostrado por una serie de whatsapps intervenidos en los que figuraba cómo en noviembre de 2018, alrededor de dos meses antes de que se colgara el concurso, los representantes de las firmas ya hablaban de un posible reparto. A lo que se añadía una comida en diciembre de ese mismo año a la que fueron invitados por la delegada de la radiotelevisión valenciana en Castellón, persona que también les asesoró en otras vías de negocio.
El director de la cadena, en su comparecencia, quiso dejar claro que el comportamiento que los trabajadores del ente han realizado ha sido "ejemplar" y que “pretender vincular un acto social entre profesionales con una actitud cómplice con la comisión de una infracción” le parece, "como mínimo, injusto". "La SAMC garantiza que esa persona no formó parte de la redacción del pliego ni de la mesa de contratación, ni tuvo ninguna relación con el procedimiento", indicó. En este sentido, remarcó que nadie de la mesa de contratación esta mencionada en el expediente de Competencia, por lo que todo se realizó correctamente.
En cuanto al hecho de que una empresa gestionada por los Adell Bover se adjudicara en enero el contrato de À Punt para servicios similares a aquellos de los que fueron excluidos, Costa remarcó que no pueden dejar de tener en consideración las ofertas que se presenten en este momento. El escrito de Competencia recordaba que la ley de Contratos del Sector Público establece que quedan sujetos a la prohibición de contratar con las entidades que forman parte de la administración "las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia”, al igual que las empresas que derivan de las multadas. Sin embargo, para ello se debe tramitar un procedimiento, de acuerdo con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que concrete su duración y alcance. Hasta que no ocurra, legalmente los contratos que estaban en marcha –como el nuevo de À Punt– tenían que seguir adelante a la espera de lo que establezca este órgano, con el interrogante de si la multa acabará afectando a los componentes del cártel.
El Botànic 'ventila' en seis sesiones la reforma de la ley
Este martes también se celebró -por fin- la primera sesión de la subcomisión de Les Corts que analizará la reforma de la ley de creación de À Punt. Una herramienta parlamentaria que ha tardado casi año y medio en convocarse tras sufrir todo tipo de tropiezos en la Cámara que, sin embargo, no será excesivamente larga una vez arranque.
No en vano, el plan de trabajo aprobado por las fuerzas del Botànic tan solo contempla que se celebren seis sesiones para abordar comparecencias, debatir propuestas de dictamen, elaboración de las conclusiones y aprobación de los cambios a introducir en la norma que fue validada en 2016. Así, aunque en realidad el plan de trabajo recoge que serán ocho sesiones, dos de ellas ya han expirado y han servido para constituir la comisión y para aprobar este plan de trabajo.
Entre los comparecientes que acudirán a la comisión a comparecer, el tripartito incluye a la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Mar Iglesias; al director general, Alfred Costa; un representante de los trabajadores de À Punt; "una persona representante y experta en la materia de cada una de las universidades públicas"; y alguien que represente al sector audiovisual.
PSPV, Compromís y Unides Podem proponen también ampliar estos comparecientes a Enrique Bustamante, catedrático emérito de Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid; Javier Marzal, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universitat Jaume I; el Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universitat de València, Àlvar Peris; y un representante del sector de la ficción.
Foto: CORTS/INMA CABALLER
