¿Debemos creer a 'El Bigotes'?

No nos debería merecer ninguna credibilidad, más bien al contrario, la palabra de tres delincuentes ya condenados por otros delitos, reos en el juicio de Gürtel con derecho a mentir sin ser procesados por ello, a diferencia de los testigos, obligados a decir la verdad. El traje que 'El Bigotes' le hizo a Camps el pasado viernes era eso, el testimonio de un reo acorralado, y sin embargo fue celebrado como si fuera la verdad revelada, la que estábamos esperando quienes hemos cubierto la actualidad política y económica de la Comunitat Valenciana antes, durante y después de la era Camps.

Francisco Correa pactó su confesión con la Fiscalía a cambio de una rebaja de condena, pero ¿ha dicho Correa la verdad o lo que el fiscal quería oír? Pablo Crespo y Álvaro Pérez no consiguieron pactar una rebaja de la petición de pena pero se les prometió que si cantaban La Traviata sería un atenuante para la condena. Crespo hizo de telonero y Pérez lo dio todo en otra memorable actuación del personaje de 'El Bigotes'. Un personaje con el que, si no estuviera en la cárcel, ganaría mucho dinero en los platós de televisión.

El mérito de la actuación de 'El Bigotes' es que, pareciendo todo espontáneo, se ajustó milimétricamente al guión. ¿Queréis carnaza? Pues la vais a tener de la buena: La culpa es de Camps. ¿Solo de Camps? Y de Juan Cotino. ¿Alguien más? García Antón (QEPD), Alberto Fabra, Pedrosa, Michavila, Romeral… Ninguno de ellos está en el banquillo y, con el tiempo que ha pasado, los supuestos delitos para ellos habrían prescrito. 

En el banquillo, tras nueve años de instrucción judicial, están los exdirigentes del PPCV Ricardo Costa, David Serra y Cristina Ibáñez, junto al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla. Según Pérez, Rambla "no mandaba una mierda" y los otros tres cumplían órdenes de Camps, obediencia que no se puede considerar debida pero que podría atenuar sus condenas al repartirse las culpas. Huele tanto a componenda entre las defensas, que no será una sorpresa que Ricardo Costa confirme el miércoles la versión del hombre con el que en su día tuvo tan buena relación que le regaló el traje de su boda –Costa a Pérez, no confundir con el caso de los trajes–. 

La estrategia no es mala, solo un poco burda, por evidente. Pérez, el contacto del Grupo Correa en València, se beneficia del atenuante de contarlo 'todo' y en ese todo exculpa a los políticos procesados, que se benefician a su vez –si cuela– de este reparto de culpas. Solo salen perdiendo Camps, Juan Cotino y el resto de aludidos por Pérez, perdiendo en lo personal –lo que les quede de reputación– pero sin consecuencias para ellos en el terreno de lo penal. Camps y Cotino tendrá ocasión de defenderse el 7 de marzo, cuando comparezcan como testigos y se sometan a las preguntas de los abogados de Pérez, Costa y compañía. 

¿Ha estado mintiendo Álvaro Pérez durante nueve años o miente ahora? Eso lo decidirá el tribunal que le juzga con todos los elementos de prueba, que no son solo los testimonios de los acusados. Es obvio que Alvarito es un buen actor, que tiene facilidad para mentir, y la pregunta que hay que hacerse es por qué en este caso, su declaración estelar del viernes, nos ha costado tan poco creerle.

La respuesta es que la acusación de Pérez es una explicación lógica a todo lo que pasó, mucho más lógica que la no implicación del expresidente. Francisco Camps era el presidente de la Generalitat y del PPCV cuando el partido se financió ilegalmente con ayuda del Gobierno autonómico. Las grandes empresas tienen presidentes ejecutivos, al mando y al tanto de todo lo importante, o bien no ejecutivos, quienes no están en el día a día de la compañía, en la que hay un ejecutor, el consejero delegado. Si lo equiparamos a la esfera pública, Camps en la Generalitat era presidente ejecutivo pero en el partido no tanto, pues tenía un número dos al mando, Ricardo Costa. Según dice ahora Pérez, Costa solo cumplía órdenes de Camps. Si Costa lo ratifica y Camps lo niega, sería necesario un careo entre ambos que el tribunal difícilmente nos regalará.

El caso es que para quien conozca cómo funciona una organización política y un gobierno es difícil de entender que Camps no supiera que el PP era un partido corrupto y que algunas grandes empresas, empresarios muy cercanos al poder, contratistas de su administración, estaban pagando con facturas falsas los gastos de la campaña electoral en la que arrasó a sus rivales gracias al 'dopaje'. Es poco creíble que ningún empresario le comentara nada a Camps, que Ricardo Costa lo organizase todo sin decirle ni pío o que sus vicepresidentes Rambla –según el fiscal– y/o Cotino –según Pérez– manejaran el asunto sin que él se enterase. Puestos a elegir entre las tres posibilidades, que no sabía nada de la financiación ilegal, que miró para otro lado o que todo lo dirigía él, la versión de Camps, la de que no se enteró de la película a la que asistió desde la primera fila, es la menos creíble. Menos que la nueva versión de 'El Bigotes'.

Siendo evidente la responsabilidad política del expresidente, que ya pagó, la penal le toca establecerla a los tribunales. Los instructores de los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana han sido muy escrupulosos, más que los de Baleares, a la hora de señalar responsabilidades. No les vale la culpa in vigilando, de manera que Camps, con dos consellers condenados a prisión y varios más imputados en diferentes causas, un vicepresidente condenado y tres más procesados y la cúpula del partido que dirigía sentada en el banquillo, solo está imputado en el pufo en el que se implicó personalmente, el caso Valmor, el de la Fórmula 1. Penalmente será lo que digan los tribunales, pero políticamente Camps, líder de un partido y un gobierno corruptos, fue un personaje nefasto y los valencianos lo estamos pagando.

Capítulo aparte merece lo de los empresarios. Una vez más, gracias a pactos con la Fiscalía a veces difíciles de entender, se van prácticamente de rositas después de haber estado durante años financiando ilegalmente al PPCV a cambio de repartirse adjudicaciones. Todo ello en perjuicio de los empresarios honrados que no pagaban peaje y de los valencianos, porque en esos contratos se cargaban los gastos del PPCV. A ver si en el futuro, con el cambio del Código Penal que permite imputar a las empresas, se castiga estas prácticas con un veto en la contratación pública no solo a los directivos condenados sino a las propias empresas, en beneficio de las que compiten sin trampas.