La Administración excluyó al sindicato, tras convocarlo, de la reunión para presentar el acuerdo sobre el anteproyecto de ley
VALENCIA. El sindicato CSI·F ha consumado la amenaza de denuncia que ya manifestara hace una semana a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Este mismo viernes ha informado sobre la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat, tras ser expulsados de una reunión sobre la ley de Función Pública, por lo que consideran "una infracción del derecho a la libertad sindical, que recoge la Constitución Española en su artículo 28.1". La titular del departamento confiaba en que los anuncios de denuncias quedaran en "cantos de sirena" mientras que el texto definitivo de la norma no fuera aprobado, pero finalmente le han llegado por una cuestión de formas.
La confrontación surgió la semana pasada, cuando las agrupaciones CSI·F y CESM-CV fueron obligadas a abandonar una reunión, a la que previamente había sido convocadas, para informar de las últimas novedades en el anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat. En dicha cita, la consellera de Justicia y el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, expusieron a un número reducido de sindicatos (UGT, CCOO e Intersindical) que habían llegado a un acuerdo respecto al requisito lingüístico que se exigirá a los funcionarios de la Adminsitración valenciana. Pasa por pedir un mínimo de valenciano.
Pese a ser dos de los cinco sindicatos que forman parte de la Mesa General donde se discuten temas de Administración pública, CSI·F y CESM-CV no solo no estuvieron presentes en dicho encuentro, sino que además se les invitó a dejar la mesa una vez que estaban sentados. Se les indicó que Gabriela Bravo se reuniría con ellos de manera posterior. Posteriormente también se les comunicaría que la convocatoria había sido un error del funcionario que habitualmente se encarga de realizarlas. Todo ello se suma a que ambos grupos eran los únicos con posturas contrarias a la petición del requisito.
El sindicato considera que el Consell ha vulnerado “el derecho a la negociación colectiva"
La explicación no ha bastado a CSI·F, que considera vulnerado “el derecho a la negociación colectiva, ya que se le ha impedido al sindicato por la actuación concreta de la Administración”. De ahí que precisen que la denuncia no va contra la ley, sino contra la expulsión. Además, tampoco lo personalizan en la figura de Bravo, sino que también mencionan a Marzà, quien de momento no se ha pronunciado. “Hemos sido convocados a una reunión de la que luego nos han echado. Se trata de un comportamiento sectario, dogmático y que pretende arrinconar en la marginalidad al sindicato”, argumentan.
Desde el Consell explican que se consideró “oportuno” convocar únicamente a estos tres sindicatos, ya que son los firmantes del llamado ‘pacto de las Naves’, un acuerdo precisamente proclive a la exigencia lingüística y a las medidas que se iban a anunciar. Así lo relató la propia consellera de Justicia en su entrevista con Valencia Plaza, donde atribuía la polémica a "un problema de descoordinación". En cualquier caso, Bravo aprovechaba para pedir perdón: "La idea era explicar el acuerdo a los sindicatos que firmaron el pacto inicial, para agradecerles el esfuerzo, evitar la confrontación y lograr puntos de unión. Al resto se les iba a informar igualmente, pero en otra mesa. Una nunca sabe qué situación es mejor, seguramente nos equivocamos y generamos más tensión de la esperada, así que aprovecho para disculparme otra vez". E incluso añadía a título personal: "Yo lo sentí mucho".
La consellera aseguraba mantener muy buena relación con los portavoces sindicales, con los que incluso tiene un contacto telefónico directo, y se mostraba relajada en cuanto a posibles medidas. "Con respecto a las denuncias, pueden anunciar muchas cosas, como ha hecho el PPCV, pero mientras no se publique el texto definitivo de la ley son cantos de sirena", añadía Bravo. En cualquier caso, la denuncia por la exclusión de la reunión ya se está tramitando.