Cuenta atrás para Bonig: 10 días para sacar el acta a los ediles o lograr su expulsión 

VALENCIA. El embrollo en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana a cuenta de los nueve concejales investigados -término que ahora sustituye a imputado- por un presunto blanqueo de capitales sigue siendo el menú del día en la formación que lidera Isabel Bonig.

Las cartas remitidas por la dirección regional a los ediles en las que se les solicitaba el acta de concejal llegaron a su destino -así lo apuntó el todavía portavoz del grupo, Alfonso Novo- este martes, por lo que a partir de hoy se contabilizan 10 días hábiles para una respuesta por parte de los investigados. La petición es clara: abandonar su puesto en el Ayuntamiento de Valencia.

La situación es compleja: por un lado, unos ediles que, según expresaba el propio Novo ayer, han mostrado "desde el primer momento" su "predisposición" a colaborar y que han pedido la suspensión cautelar de militancia "por voluntad propia". Por otro, una dirección regional liderada por Bonig que quiere forzar a toda costa la salida del consistorio de los ediles investigados para poder conformar un nuevo grupo sin ninguna sombra de sospecha. En el centro, Génova, la cúpula nacional del partido, que instruye un expediente informativo sobre las citadas investigaciones que podría concluir con dejar la situación tal y como está o ir más allá -la expulsión- si considera que "nuevas circunstancias así lo aconsejan", según viene reflejado en los estatutos.

La problemática que sacude a la formación popular supone un auténtico test de estrés para la líder del PPCV. Isabel Bonig y sus lugartenientes han puesto toda la carne en el asador desde el primer momento en este asunto: su exigencia del acta a los concejales implicados ha sido constante en sus comparecencias. De hecho, el presidente de la gestora en Valencia ciudad, Luis Santamaría, así lo reflejaba este mismo martes en declaraciones a los medios:  "La dirección regional ha sido clara en todo momento y ha exigido desde el primer momento la devolución de las actas de los concejales, sin prejuzgar para nada la presunción de inocencia que les asiste", aseguró.

Aunque Santamaría no quiso adelantarse a los acontecimientos, sí dejó entrever cuál podría ser uno de los caminos de Bonig y su equipo de no obtener la renuncia de los ediles. "No se puede sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho", comentó, además de admitir que podrían existir "dos velocidades" respecto al proceso tramitado en Génova y los deseos del PPCV, si bien manifestó su deseo de que se produzca una confluencia. Unas palabras que apuntan a, tal y como informó este diario días atrás, a buscar otra vía para la expulsión del partido -en este caso, por indisciplina sobre un acuerdo adoptado con la dirección- de los ediles en el caso de que decidan retener el acta. De hecho, Santamaría no descartó en su intervención adoptar alguna iniciativa "propia" desde la cúpula regional que podría ir en esta línea.

Una maniobra que suscita dudas. Desde el entorno de los concejales implicados apelan a que Génova tiene la batuta e incluso desde el PPCV estudian las opciones de acometer un golpe de mano de estas características. Ahora bien, la autoridad de Bonig está en entredicho. El hecho de no lograr la salida de los concejales o al menos evidenciar su mando en plaza con su expulsión dejaría en una situación de menoscabo a su credibilidad.

A todo ello hay que sumar el factor Rita Barberá, que también se ha visto salpicada por la causa y ha protagonizado dos ruedas de prensa de fuerte repercusión nacional. De hecho, algunos apuntan a su influencia el hecho de que los concejales no se hayan visto directamente defenestrados por la dirección nacional del partido, dado que la decisión que se tome sobre ellos también podría acarrear las mismas consecuencias en la ex alcaldesa de Valencia.

Con estos ingredientes, el cóctel -o mejor el potaje y para estómagos fuertes- en el PPCV es notable. Los ediles miden sus reacciones a las manifestaciones públicas que realiza Bonig y su entorno, aunque fuentes próximas a ellos aseguran que no se arrojará la toalla y, de hecho, en privado subrayan que nunca se alcanzó ningún acuerdo para dejar el acta tal y como ha asegurado la líder popular. Mientras, en la cúpula regional insisten en cumplir el objetivo de sacar a los ediles de su asiento o, al menos, expulsarlos de la disciplina popular y que pasen a convertirse en no adscritos, lo que habilitaría al pleno municipal -a la espera de ver qué posición adopta el alcalde Joan Ribó- para adelgazar sus retribuciones económicas. 

Precisamente fuentes del consistorio apuntaban ayer a este diario que la condición de los miembros del grupo popular tampoco está clara. El Reglamento Orgánico del Pleno cita para esta situación que los ediles que hayan "abandonado" o sido "expulsados" de la formación política por la que concurrieron pasarán a ser no adscritos. Una situación que, a juicio del PPCV, no se produce puesto que envía a los concejales a un limbo por el que todavía pertenecen al grupo popular aunque como miembros independientes dado que solo se les ha aplicado una suspensión cautelar.

En cualquier caso, la nueva cuenta atrás para la líder del PPCV o, al menos, para una parte importante de su crédito se sitúa cuando se cumplan los 10 días hábiles concedidos, concretamente el 13 de abril. Para entonces, y si como todo apunta no hay ningún abandono de acta, Bonig deberá tener listo un golpe de efecto que cuente con el respaldo de Génova. O un órdago.