GVAVALÈNCIA. Las últimas semanas no han sido fáciles para el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Ruben Martínez Dalmau. La aprobación por parte del Consell del decreto que amplía los derechos de tanteo y retracto ha levantado las críticas del sector inmobiliario por la inseguridad jurídica que puede generar e incluso ha encontrado discrepancias del PSPV, uno de sus socios en el Gobierno del Botànic, no por el espíritu de la norma, sino por algunos aspectos que consideran "mejorables" por los vacíos legales que tiene esta normativa. Una oposición que llevó al conseller incluso a denunciar públicamente que había recibido "presiones y amenazas", a las que este jueves restó importancia.
Con el fin de acallar a sus detractores, Dalmau anunciaba este jueves la compra de 218 viviendas de promoción pública mediante el tanteo. Según explicaba, la Conselleria intervenía en la venta de esos inmuebles del Banco Sabadell al fondo Cerberus para destinarlos a vivienda pública. Una operación que celebró como "histórica" y que explicó que había sido posible gracias a su decreto ley de tanteo aprobado por el Ejecutivo en junio, pero que, sin embargo, se lleva fraguando desde hace meses y ya permitía la ley de 2004 desarrollada por el PP de Francisco Camps. Es decir, una transacción que ya era posible con la normativa anterior, y para la que el decreto actual, que está previsto que se convalide en Les Corts el 15 de julio, no era necesario.
No obstante, Dalmau aprovechó este jueves una operación iniciada en diciembre del año pasado para defender la "operatividad" de su plan estrella. Y es que el Banco Sabadell informó el 20 de diciembre por hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la transmisión de activos inmobiliarios a Cerberus.
Se trataba, por un lado, de una cartera compuesta por cerca de 46.000 unidades con un valor bruto contable conjunto aproximado de 6.414 millones de euros, y, por otro, de otro paquete de aproximadamente 15.000 unidades, con un valor bruto de 1.817 millones, susceptibles del derechos de tanteo por parte de terceros.
Y es que la ley de 2004 que regula el derecho de tanteo y retracto solo incluía las transmisiones de viviendas de protección pública, como las del banco Sabadell, pero lo la norma de Dalmau amplía los supuestos para contar con más vivienda pública incluyendo nuevos casos en los que la administración podrá ejercer estos dos derechos de adquisición preferente como son las viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o venta extrajudicial en sede notarial y para las transmitidas mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria, cuyos adquirientes son principalmente las entidades financieras.
Asimismo, la nueva norma permite que la Administración valenciana pueda ejercer el tanteo y retracto en las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas, que constituya su destino principal, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 80% de dicho edificio, así como en operaciones de venta referidas a diez o más viviendas y sus anejos. En ambos casos, podrá hacerlo tanto si es una venta directa como si se hace mediante la venta de acciones o participaciones en mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.
Pese a los recelos sobre su propuesta, Dalmau explicó este jueves que el decreto ley de su Conselleria seguirá la "hoja de ruta marcada" y deseó que la norma fuera convalidada el próximo 15 de julio en Les Corts Valencianes. "La norma ha pasado todas las garantías normativas y políticas de la Generalitat y, aunque no ha gustado a mucha gente y hemos recibido presiones, lo importante es que ya tenemos 218 viviendas para familias valencianas", manifestó.
"Es normal que cuando hay un cambio legislativo haya dudas y, por supuesto, este tipo de decisiones pueden variar en un futuro. Aquí no se trata nunca de imponer, sino de dialogar", defendió, si bien ni el conseller ni Podem han aceptado estos últimos días la petición de sus socios de realizar modificaciones o presentar la norma como un proyecto de ley para que pudiera ser participado por los grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes a través de enmiendas. El vicepresidente segundo, incluso llegó a asegurar que quien se opusiera a esta medida se oponía "al derecho constitucional a la vivienda".
En medio de esta tormenta de críticas y dudas legales expuestas por notarios, profesores de Derecho Constitucional, el sector inmobiliario e incluso su socio en el Gobierno -el PSPV-, Dalmau ha aprovechado esta operación que ya tenía entre manos para sacar pecho de su norma y ponerla en valor. "Con esta compra se demuestra que el decreto de tanteo es efectivo e inmediato y despeja cualquier duda sobre su operatividad", reivindicó el conseller, quien destacó que se trataba "de la mayor operación de adquisición de vivienda pública mediante tanteo que se ha hecho nunca en España".
En cualquier caso, lo cierto es que ha sido la actual Conselleria la que ha dado un impulso al tanteo al empezar a ejercerlo en 2019 tras quince años de vigencia. Anteriormente, no se había producido ninguna compra. Ha sido el actual equipo el que ha empezado a hacer adquisiciones, hasta el momento llevaba 17 compras de inmuebles, y el que le ha dedicado una partida económica específica en los presupuestos de la Generalitat.
En concreto, los 218 inmuebles públicos de promoción privada proceden de los Servicios de Gestión de Vivienda e Innovación Social del banco Sabadell -conocido como Sogeviso- y se encuentran distribuidos entre las tres provincias valencianas. Forman parte de un paquete que el banco iba a vender a Cerberus, pero que al notificarse la transacción a la administración valenciana, Vivienda decidió hacerse con los inmuebles por un importe total que supera los 8,5 millones de euros.
La operación se está llevando a cabo en tres fases. En la primera, se van a escriturar en las próximas dos semanas 112 inmuebles, mientras que la segunda consta de 76 inmuebles que se formalizarán en los meses que vienen. El último grupo de 30 viviendas se cerrará a finales de este año.
Por municipios se han adquirido, en la provincia de Alicante, 4 en Alicante, 2 en Crevillent, 3 en Dolores, 12 en El Campello, 1 en Elda, 1 en Guardamar del Segura, 8 en Monforte del Cid, 1 en Muro de Alcoi, 2 en Orihuela, 3 en Petrer, 1 en Alcoi y 1 en San Vicente del Raspeig. En la provincia de Valencia, 98 viviendas en Algemesí, 33 en Paterna, 1 en Utiel y 16 en Vallada.
