VALÈNCIA. "La tasa turística no se aplicará de ninguna manera". Así de contundentes se mostraron este miércoles los alcaldes -ambos socialistas- de las ciudades turísticas de Cullera y Gandia, quienes rechazaban de esta manera el acuerdo alcanzado por su propio partido PSPV, junto a Compromís y Unides Podem para impulsar una proposición de ley antes de marzo que defina una tasa que se aplicaría ya en 2023. Un impuesto, cabe recordar, que tendrá carácter voluntario y municipal; es decir, será cada ayuntamiento el que decida si la pone o no en marcha.
Pese a estas condiciones, varios alcaldes socialistas consultados por este diario se alinearon con la patronal hotelera Hosbec y con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que han mostrado su oposición frontal a esta medida.
En este sentido, el alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto, explicó que la tasa turística "no es la solución para los problemas que tenemos las poblaciones turísticas y ahora no es el momento para aplicarla”. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Gandia recordaron que las características propias del municipio, con innumerables plazas hoteleras, hacen que no sea una ciudad masificada durante la temporada alta por lo que, a su juicio, "no es la iniciativa que necesita la ciudad ni el sector turístico".
Igualmente, recordó que el verdadero problema es la financiación y el esfuerzo económico que realizan los municipios turísticos en temporada alta. "Seguiremos reclamando una solución para el problema de la financiación pues los municipios turísticos hacemos un esfuerzo económico para atender a la población turística", sentenció.
Un pensamiento compartido por el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien en las redes sociales y a través de un comunicado, se ha mostró tajante: "Cullera no aprobará de ninguna manera la tasa". En esta línea, insistió en que Cullera será "una ciudad libre de tasas turísticas porque ni las quiere el sector ni las quiere el ayuntamiento". Y es que, a su juicio, la medida "no va a beneficiar al sector turístico, ya de por sí tocado por los efectos de la Covid-19".
Asimismo, el alcalde de Cullera calificó la tasa turística como "el chocolate del loro": "No nos soluciona ningún problema y podría crearnos muchos" y la solución pasa por los Fondos Next Generation: "Nuestra preocupación es conseguir financiación europea, como los tres millones que vamos a recibir de la Unión Europea para, por ejemplo, modernizar el paseo marítimo".
En la provincia de Alicante hay división de opiniones entre los alcaldes. Los de Elche, Carlos González; La Vila, Andreu Verdú y Guardamar del Segura, José Luis Sáez, ya ha anunciado que no la aplicarán. ¿El argumento que esgrimen? No es el momento ahora, aunque introducen matices de cara al futuro. "Estamos en un momento crítico para el sector, ahora la prioridad es hacer frente a la coyuntura derivada de la sexta ola del coronavirus con el menor daño posible para nuestro tejido empresarial y entiendo que hay que posponer cualquier debate sobre la tasa turística, por tanto, no es el momento", ha indicado el primer edil ilicitano. No obstante, González deja claro que "es un acuerdo de las tres formaciones -de PSPV, Compromís y Podemos- pero pensando en 2023, así que habría que estudiarlo ahí. En todo caso si lo aplicara sería buscando el consenso del sector. En cualquier caso es un debate que se anticipa en un momento complejo", ha zanjado el alcalde de Elche.
Verdú y Sáez son más tajantes. Verdú admite que debería someterlo a la consideración del equipo de gobierno que mantiene con Compromís y con un edil independiente, pero personalmente considera que no es el momento. Sáez es más categórico. "No es el momento", dice el edil guardamarenco, cuyo municipio tiene 4.000 plazas hoteleras, entre hoteles y campings.
El alcalde de Xàbia y diputado autonómico del PSPV, José Chulvi, considera que el acuerdo de aplicación es flexible y deja la última palabra en los ayuntamientos. "Es un acuerdo de mínimos que permite a un alcalde y a un portavoz de la oposición discrepar sin necesidad de aplicarlo", ha recordado. En el caso de Xàbia, Chulvi ha anunciado que cuando esté perfilada la norma, la someterá a consideración del Consejo Municipal de Turismo y que sea ese órgano el que lo debate y acuerde lo que considere".
Los alcaldes de l'Alfàs, Vicent Arques, también diputado autonómico, y el primer edil de Dénia, Vicent Grimalt, no se han querido pronunciar. El Ayuntamiento de Altea y de Poble Nou de Benitatxell, gobernados por Compromís y de Més Benitatxell, sí que son partidarios de aplicarla.
No tan explícitos se mostraron algunos alcaldes socialistas de la provincia de Castellón, si bien tampoco celebraron el acuerdo alcanzado entre los socios del Botànic. Así, la futura puesta en marcha de esta tasa fue recibida con cierta frialdad entre los alcaldes del PSPV de la provincia de Castellón. El principal afectado sería el Ayuntamiento de Castelló dirigido por Amparo Marco pero, de momento, "no se ha abordado en el seno del gobierno" conformado por PSPV, Compromís y Unidas Podemos.
En la segunda localidad más afectada, con cerca de 1.000 plazas hoteleras, como es Morella, su alcalde, el socialista Rhamses Ripollés manifestó que la medida "se estudiará una vez tengamos todos los detalles" y la decisión que se acuerde "será aquella que pactemos con el sector turístico de la localidad y la comarca" ya que "son ellos los que conocen la realidad de lo que es productivo y conveniente para el turismo".
En el caso de otros feudos socialistas con plazas hoteleras como Benicarló, Burriana o Vilafamés se analizará la decisión una vez conozcan el detalle de la nueva tasa.