De la decisión más sostenible para las ITV valencianas

Sostenible es una cualidad necesaria en el contexto de emergencia climática que vivimos. También es una actitud ante el día a día, la que nos empuja a pensar en la economía circular, como empresarios y como ciudadanos. Precisamente, la Conselleria de Economía lleva el apellido de Sostenible, porque se presupone que trabaja para gestionar la cosa pública con la misma vocación.

En la materia que nos ocupa, la movilidad sostenible y la seguridad vial, afrontamos una transición en el modelo de gestión de las ITV en la Comunitat Valenciana, tras la decisión del Botànic de asumirla a partir de 2023. Algo que los concesionarios hemos encajado desde el principio con la vocación de asumir el cambio, pero con la salvaguarda de la calidad que las empresas venimos ofreciendo desde hace 24 años y con la necesaria sostenibilidad en el cambio de manos.

En este sentido, entendemos que la transición hacia el modelo de gestión directa por parte de la Generalitat no está siendo ni tranquila, ni sostenible, ni será rentable para las arcas públicas. Especialmente si se hace con prisas. Y, por la experiencia que acumulamos en la gestión de las estaciones de ITV, sabemos que es precipitado, nada recomendable y perjudicial querer coger las riendas de las inspecciones técnicas de vehículos a partir del 1 de enero. Que las cojan de forma sostenible sería mucho más rentable para todas y todos por los siguientes motivos.

El primero de ellos, las personas. Más de 1.200 trabajadores están sumidos en la incertidumbre. Es necesario realizar una auditoría externa individualizada de la situación de cada uno de ellos antes de proceder a la subrogación y es recomendable acordar un convenio sectorial para las ITV valencianas. Algo que puede llevar meses, no semanas.

Según el Informe de Nuve Consulting, referencia inicial de la Generalitat para comenzar del proceso de reversión, el análisis del personal debería haberse iniciado en enero de 2021 y culminar en diciembre de 2022 con la elaboración de un borrador de convenio. Hoy en día no hay nada hecho. Al personal se le ha prometido que todos van a pasar a la nueva mercantil, en las mismas condiciones que tienen ahora, sin tener en cuenta masa salarial, análisis de puestos y su adaptación al nuevo modelo de gestión. Todos los trámites para asumir al personal a 1 de enero de 2023 tendrían que haber finalizado, según cronograma preparado por la Generalitat, el 30 de Junio de 2022.

En segunda instancia, si en un principio dijeron que la opción de la gestión directa era la más rentable para las arcas públicas contabilizando, a partir del informe de Nuve Consulting, 39 millones de euros; en los últimos días esa cantidad se ha reducido a 16 millones, a los que habrá que quitar también la parte de la prueba del ruido que han anunciado van a eliminar, lo que haría vaticinar que entrarían en pérdidas el primer año.

En tercer lugar, también tendrán que contemplar la renegociación de los contratos de suministros recurrentes, tales como luz, agua, comunicaciones, los vehículos y otros servicios básicos y esenciales para el funcionamiento de las estaciones como la informática, seguros de responsabilidad, mantenimiento de maquinaria, inspección y los sistemas de cita previa y transmisión de datos a DGT. Aún en el caso de que acudiesen a la contratación de estos servicios mediante el procedimiento de urgencia, no bajaría de dos meses desde el inicio de los procedimientos hasta la formalización de los contratos.

Como cuarta línea, tampoco ha cumplido la Generalitat con el posible inicio de actividad de la empresa pública. Ha nombrado por la vía rápida al consejo de administración y al director general en noviembre de 2022, a un mes vista de la finalización del contrato de 25 años de las empresas concesionarias.

El quinto eje, todas las ITV de ámbito nacional requieren de la certificación de ENAC para salvaguardar la calidad de la prestación del servicio de la inspección técnica de vehículos. Una certificación que no podrá obtener la empresa pública como mínimo hasta el segundo año desde su constitución. Las empresas concesionarias disponemos de esa certificación y hemos sido escrupulosamente vigiladas durante los últimos años para que la tuvieran.

En cuanto al calendario para la construcción de nuevas estaciones de inspección, la Generalitat también lo ha incumplido y se ha equivocado en la previsión presupuestaria. Una estación de ITV cuesta entre 2 y 4 millones, muy por encima, por ejemplo, de la previsión de unos 700.000 euros que prevén para la construcción de la primera, en Torrent. Además, como mínimo, hasta 2024 no podría poner en marcha ninguna de las 4 primeras estaciones anunciadas, dos en Valencia y dos en Castellón. Ninguna en Alicante, que verá interrumpido el servicio desde el 1 de enero de 2023 en municipios de la provincia como Santa Pola, Pilar de la Horadada, El Campello, Elda, Monóvar, Calpe, Orihuela, Novelda y Redován: más de 300.000 conductores impactados negativamente por las prisas del Consell.

Por último, la Consellería de Economía deja de ser Sostenible al anunciar una bajada de tarifas a costa de la eliminación de la prueba de ruido. Una prueba de ruido que implantó la Comunitat Valenciana de forma pionera en el ámbito nacional y que será obligatoria para todas las autonomías en apenas dos años. Una prueba de ruido alineada con los ODS, y el Horizonte 2030 de la UE. Una prueba sostenible que, de eliminarse, además de perjudicar al medio ambiente dejará en la calle a 300 trabajadores y rebajará la previsión de ingresos de la Generalitat hasta dejar en pérdidas a la empresa pública. Pérdidas que pagarán todos los contribuyentes por un servicio de peor calidad y más contaminante.

A modo de conclusión, ¿no será mejor ahondar en la colaboración público-privada que tan bien ha funcionado en estos últimos 24 años siendo el servicio de las ITV valencianas el que menos quejas han registrado de toda España? ¿Por qué asistimos al escenario contrario, al de las prisas, al de las improvisaciones y al de la falta de diálogo? ¿Qué otros intereses hay detrás? Porque es evidente que hacer la reversión ahora no es sostenible, es perjudicial para los trabajadores, para las empresas, para los contribuyentes, para la calidad de la prestación del servicio de las ITV y para la seguridad vial.

Desde AECOVA estamos a la espera de que nos digan qué prórroga disponemos por la pandemia y los daños que nos ocasionó. La Consellería de Economía (Sostenible) ya tiene los datos que justifican que al menos sean 6 meses, se los presentamos hace 15 días. Con todo, seguimos planteando a la Administración un tiempo transitorio dejando las cosas como están hasta que la empresa pública asegure al 100% la calidad de prestación del servicio como se ha venido dando hasta ahora.

Un margen de tiempo que la Administración podrá aprovechar para trabajar un convenio sectorial, calcular bien los ingresos que obtendrá de la gestión (Nuve calculó en 39, hace dos semanas lo rebajaron a 16 y los actuales concesionarios ingresan a la Generalitat un mínimo de 22 millones al año) y hacer de verdad una transición tranquila que no perjudique el funcionamiento de un servicio esencial a las puertas de un periodo electoral.  Con el deterioro de la imagen que ello significaría para el actual Gobierno Valenciano.

Francisco Llopis, portavoz de Aecova (Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos)